Baltar investigará la gestión de su padre con los fondos de la UE

Apenas un año después de heredar de su padre la Diputación Provincial de Ourense, José Manuel Baltar Blanco recurre a la espina dorsal de su ideario, la transparencia, para intentar limpiar el nombre de su progenitor —acusado ya formalmente por la fiscalía y un juez instructor de prevaricar con el enchufismo— a quien ahora los especialistas en anticorrupción de la Unión Europea (UE) imputan la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público y prevaricación en la gestión de fondos comunitarios recibidos entre 2003 y 2004. Los técnicos de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE han “constatado” que el ya retirado José Luis Baltar llenó la provincia de depuradoras adjudicadas a dedo a la empresa SMA.

 El hijo del cacique apela a esa transparencia de la que hace bandera para, tras sentenciar que “no son ciertas” las acusaciones de los técnicos europeos, crear una comisión de investigación en el seno de la institución provincial que preside y que el año pasado negó a PSdeG y BNG. La comisión la integrará él mismo, con un diputado del PP, después de que la oposición rechazara, ahora que ya hay un informe técnico, integrarse en ella. De esta forma será el mismo Baltar quien determine, institucionalmente, si su progenitor incurrió en los delitos que le atribuye la Comisión Europea, aunque ya adelanta que no los cometió: “Haré un escrito de alegaciones para desmontar todo” lo que le imputa la OLAF, sentenció ayer en el pleno de la Diputación en el que aprobó con su mayoría absoluta esa comisión. Feijóo lo respalda.

El presidente de la Xunta y del PP gallego aplaude la decisión de Baltar de resolver él mismo, prácticamente en solitario, la espinosa cuestión sobre la presunta actuación delictiva de su padre en la gestión de los fondos estructurales, en lugar de facilitar que lo haga la justicia. “Saludamos esa iniciativa”, contestó ayer el presidente de la Xunta cuando los periodistas le preguntaron qué le parecía esa medida de la comisión investigadora.

El líder del PP gallego —cuyo hombre de confianza en Ourense, el superdelegado Rogelio Martínez, está asimismo salpicado por ese fraude que detecta Europa: era vicepresidente de la Diputación en aquel momento— respalda plenamente al hijo-sucesor de Baltar. Mientras expresa su confianza en esa investigación del hijo al padre —“vamos a estar muy atentos a lo que diga”— Feijóo ampara también las “contundentes” alegaciones que el segundo de los Baltar ha anunciado que prepara para echar por tierra las acusaciones delictivas que pesan sobre el fundador de la saga. “Se ha abierto un expediente [en alusión al informe de la OLAF] que no es definitivo; hay posibilidades de hacer alegaciones”, explicó el presidente gallego para mostrar después su convencimiento de que la Diputación las hará.

Las hará José Manuel Baltar, quien ya ha anunciado que entre eso y la comisión de investigación va “a despejar dudas en la defensa de los intereses de la provincia”. El presidente de la Diputación ourensana explica además que si negó el año pasado esa misma comisión que reclamaba la oposición fue para arrojar “más transparencia” a su gestión institucional: “Decidimos esperar por el informe de la OLAF”, explica. Ahora que lo tiene, pretende desmontarlo mientras confía en la “prescripción de los delitos” que se le imputan a su progenitor.

Tras fracasar en su intento de que el presidente de la Diputación los acompañase ayer mismo ya al juzgado, como recomienda la UE, socialistas y nacionalistas acudirán conjuntamente el lunes para que se abra un nuevo proceso contra el extodopoderoso barón del PP gallego. Registrarán la denuncia documentada de los técnicos de anticorrupción de Bruselas en la Fiscalía de Ourense —que tendría que reinvestigar lo que en su día archivó—, en la Fiscalía Anticorrupción y en el juzgado.

Mientras Baltar intenta impedir por todos los medios una nueva imputación de su padre y niega veracidad a las acusaciones de la OLAF, los socialistas lo conminan a que denuncie a esa oficina de lucha contra la corrupción. “Que haga lo que amenazó que haría con nosotros si decíamos que había irregularidades”, sostiene el PSde. El BNG ha reclamado además las declaraciones de bienes patrimoniales de los diputados provinciales del PP durante esos dos años en los que la UE dice que se cometió el fraude.