Las plataformas antivertedero llevarán su lucha a Europa

La lucha de los colectivos antivertedero de la Vega Baja -y por extensión del resto de la Comunidad Valenciana- está lista para dar un salto cualitativo en su lucha por limpiar el subsuelo de La Murada (Orihuela), donde desde hace más de 20 años opera un vertedero sin fiscalización alguna. Una quincena de miembros de estas plataformas se plantarán el próximo diciembre ante un grupo de trabajo de europarlamentarios para explicar la problemática en la gestión de residuos en la Vega Baja y de otros puntos de la Comunidad Valenciana.

“Impresionado” se ha quedado Iñaki Irazabalbeitia, europarlamentario de ALE-Los Verdes, tras visitar este miércoles la acequia de lixiviados (líquidos generados durante la descomposición de materia con propiedades contaminantes y cancerígenas) que apareció en el campo de La Murada, en las inmediaciones del vertedero de Proambiente, sobre el que giran dos juicios que buscan determinar cuántos enterramientos ilegales existen en la zona y la procedencia de los lixiviados.

Tan impresionado se ha quedado el eurodiputado que defenderá una petición ante el parlamento europeo para que cree una comisión que visite La Murada in situ. “Es una situación muy denunciable”, ha dicho el eurodiputado vasco que ha sido recibido por 400 personas de las distintas plataformas que luchan en la Vega Baja contra los planes de la Administración provincial y autonómica respecto a la gestión de la basura.

Entorno a la mitad de diciembre, está previsto que una quincena de miembros de plataformas ciudadanas como Vertivega viajen a Bruselas para presentar ante parlamentarios europeos los resultados de una comisión de trabajo que están conformando con la formación política de Los Verdes. No solo trataran los problemas de La Murada sino que expondrán las causas que han llevado a movimientos sociales y varios ayuntamientos a oponerse a los macrovertederos de Albatera (Alicante) y Llanera de Ranes (Valencia).

Irazabalbeitia ha calificado de "kafkiana" la situación de La Murada, con un vertedero dividido entre Murcia y Alicante que se ha pasado cerca de 20 años trabajando sin ninguna licencia municipal. La planta de la empresa Proambiente, de la familia de Ángel Fenoll -imputado clave del caso Brugal-, tiene hasta 9 expedientes abiertos y sigue operando en la zona desde su lado murciano, sin que ni la administración autonómica murciana o valenciana se hayan interesado en exceso.

Irazabalbeitia ha señalado que situaciones como la de la Vega Baja, con vertidos ilegales y juicios que persiguen supuestas relaciones entre el lucrativo negocio de la basura y la financiación política, se han visto en otros sitios como Italia o Grecia. “No llega al nivel de Italia donde la Mafia controla la basura, pero es sabido que el negocio de la basura propicia la creación de organizaciones de tipo mafioso”.

Actualmente, el juzgado número 3 de Primera Instancia de Orihuela investiga si Ángel Fenoll financió ilegalmente la campaña política que llevo a Mónica Lorente, del PP, a la alcaldía de Orihuela.