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El polvorín ourensano

Los expertos atribuyen las condiciones incendiarias de Ourense al despoblamiento del rural, el clima mediterráneo y la ordenación territorial

Incendio en el municipio de Padrenda, en Ourense, el pasado martes.
Incendio en el municipio de Padrenda, en Ourense, el pasado martes.

La prevención de los incendios forestales no empieza con los desbroces, ese exorcismo que la Xunta suele realizar (este año, ni siquiera) unos meses antes del verano entre fincas y montes para impedir que el fuego arrase el patrimonio medioambiental, cultural y ponga incluso en peligro viviendas y vidas humanas. Hay, según los expertos, una sólida medida protectora anterior que la Administración no adopta: la fijación de población en el rural. Ourense, la provincia menos industrializada de Galicia, la que tiene una menor renta per cápita, la más castigada en los presupuestos de la Xunta (en 2013 el Gobierno gallego recortó en sanidad, educación y bienestar social cerca de 500 millones de euros en toda la comunidad y el de Ourense es el territorio más envejecido), lidera el ránking de incendios de Galicia. Nada extraño para los especialistas, convencidos de que el territorio arde en proporción inversa a su estabilidad poblacional. Y según datos del INE la provincia del interior ha perdido 100.000 habitantes en los últimos 25 años. Todos en el rural.

El vendaval de la crisis no hace más que azuzar la sangría poblacional vegetativa: en enero de este año la provincia de Ourense ya tenía 5.000 habitantes menos que en el mismo mes del año pasado, una enorme maleza a expensas de una chispa.

Representantes de los servicios forestales, ecologistas y científicos consultados por este diario coinciden en apuntar la desertificación poblacional como una de las principales causas relacionadas con los incendios forestales. Incluso con esa nueva modalidad de incendio que se está dando últimamente. “En una zona de valle como Cualedro [el fuego arrasó este agosto más de 2.200 hectáreas] o Monterrei era impensable hace 20 años que el fuego atravesara a sus anchas los pueblos como ocurre en Levante”, explica Xosé Santos, jefe de brigada de los servicios forestales y portavoz de las sociedades ambientalistas en el Consello Forestal de Galicia. Y expresa una preocupación: “Si se dan las condiciones del Levante en una comunidad con una actividad tan incendiaria como esta, en 15 años desaparece Galicia”.

Que el monte arde porque alguien planta fuego es evidente para los expertos, aunque todos rechazan tajantemente —basándose en informes de la Fiscalía, de los servicios forestales y de la Guardia Civil— el fantasma de esa trama terrorista política a la que los partidos en el gobierno suelen apuntar más o menos solapadamente cuando comienzan a ser cuestionados por el desastre. Y todos los especialistas consultados coinciden también en destacar que el control social es mucho más eficaz que el policial a la hora de aislar a los delincuentes. “En las aldeas todo el mundo supo siempre quiénes eran los desviados socialmente y cuándo iba cualquiera al monte y qué hacía en él”, por eso, diezmada la sociedad rural, despobladas las aldeas, no hay ni asomo del preventivo control vecinal; esa voz de alarma y esa contención del incendiario.

Fraga, la UE y el fin del mosaico

C. H.

Ni siquiera la extrema (en cuanto a temperatura) provincia de Ourense tiene una larga historia incendiaria. Xosé Santos apunta dos factores decisivos que, en su opinión, la han convertido en el polvorín que es ahora. De una parte, el cambio, propiciado durante los gobiernos de Manuel Fraga en la Xunta, de la tradicional política forestal, “que ni siquiera el franquismo había alterado”, basada en el binomio prevención-extinción “heredado de la República” y en la decisión de que si las tareas silvícolas no estaban finalizadas antes de julio se retiraba el dinero que revertía de forma natural al patrimonio forestal: “Si el monte ardía, no había dinero”. “Ahora el trasvase de dinero se hace a las empresas foráneas, de extinción, que se contratan”, dice Santos. La afirmación la corrobora el hecho de que Galicia es la única comunidad autónoma de España que mantiene un convenio con el Ministerio de Defensa que ni el bipartito rompió. Se llama Plan Centinela, está dedicado a la “prevención y extinción” de incendios forestales por parte de los militares y hasta el año pasado costaba medio millón de euros a las arcas públicas.

Pese a ello, arde Galicia. “Hace 25 años no se quemaba una dehesa ni una carballeira; los incendios se generaban fundamentalmente en la alta montaña con el objetivo de producir pastos”, asegura el portavoz medioambientalista en el Consello Forestal.

A este “cambio político” que modificó incluso la concepción del año forestal por el natural, sobrevinieron después, apunta Santos, las “duras condiciones impuestas por la UE” a la política agraria en Galicia; un cambio radical en el sector lácteo o en el cárnico que acabaron asestando el golpe definitivo al despoblamiento en los núcleos rurales. No se ha fijado población ni repoblación (forestal) en una provincia que tiene “el crecimiento de biomasa forestal más alto de Europa por sus condiciones de humedad y temperatura”, explica el experto la elevada combustibilidad de la provincia.

Para remarcar la desertización del rural ourensano con respecto al de las otras provincias apela a la simple vista. “En un viaje por Galicia se puede comprobar que mientras en esta provincia se ha perdido el paisaje de mosaico, este permanece sin embargo prácticamente inalterado en el resto”.

Aventada por el despoblamiento, con una larga cultura del fuego (ininterrumpida desde el Neolítico, “solo que ahora no se utiliza como herramienta agrícola”), con mayor zona montañosa, un clima más mediterráneo que atlántico y falta de control social, Ourense en mayor medida, pero en términos generales el sur de Galicia, se ha convertido en un polvorín.

El presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), Serafín González, añade un dato más a las condiciones favorables para la propagación de las llamas en esta provincia: la nefasta ordenación del territorio. “No es que ahora el fuego se esté acercando peligrosamente a las viviendas; son las viviendas las que se han acercado a las zonas forestales como consecuencia del caos de la gestión de las Administraciones públicas que han permitido este despropósito de la expansión urbanística a salto de mata”.

González tiene claro que “habiendo como hay una cultura del fuego”, especialmente en la Galicia interior, la ordenación del territorio ha sido “nefasta”. “Hay incendios porque hay incendiarios”, sostiene el presidente de la SGHN convencido de que si no arden los depósitos de combustible de la refinería de A Coruña, a 100 metros de las viviendas, “es porque nadie les prende fuego”: funciona el control.

Miguel Solla, agente medioambiental de las brigadas forestales, hace otro apunte respecto a la actividad incendiaria en Ourense. Sostiene que la inversión en prevención en esta provincia es inferior a la del resto de Galicia “considerando la extensión forestal con respecto a las restantes provincias gallegas”. “¿Se cuida más la fachada atlántica con más zonas periurbanas que la despoblada provincia del interior con clima y vegetación mediterráneos?”, se pregunta. “Quizás la conselleira de Medio Rural debería responder a ello en su intervención parlamentaria” prevista para mañana, martes, indica el agente forestal.

Solla asegura que hasta este viernes pasado —con los incendios haciendo ya la digestión de los cientos de hectáreas que devoraron fundamentalmente en agosto— Medio Rural no comenzó a contratar servicios de las empresas de desbroces. En algún caso, como en San Xoán y la Ribeira Sacra, para limpiar la maleza “que impedía el paso a las casetas de vigilancia”.