Los incómodos informes de Bienestar

El Gobierno catalán se cierra en banda a hacer públicos los informes y las actas del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares (Capsif). Es más, la consejera de Bienestar y Familia, Neus Munté, señala a la presidenta órgano consultivo, Teresa Crespo, como la responsable de “comunicar las líneas de trabajo y las conclusiones” de los informes que elabora. Así lo plasma en una respuesta por escrito a la diputada socialista Eva Granados, quien reclamó sin éxito al departamento una copia de los dictámenes y los informes del Capsif. Precisamente, hace apenas un mes que Crespo acusó al Ejecutivo catalán de haber “silenciado” todos los informes que han elaborado hasta ahora.

Ante la negativa del Departamento de Bienestar y Familia de proporcionar la información requerida por Granados, el Grupo Socialista registró ayer un recurso de amparo a la presidenta del Parlament para recibir toda la documentación en un plazo de 15 días. En concreto, la diputada del PSC había reclamado que la consejera informara acerca de la difusión de los trabajos del Capsif, una copia de las actas de las reuniones del consejo y otra de los dictámenes y los informes que este haya emitido.

Sin embargo, las respuestas que el Departamento de Bienestar registró en el Parlament el pasado 21 de mayo dejan tratan de sortear la difusión de cualquier contenido de los informes. En ellas, Munté señala que el Capsif sigue con su labor de asesorar al presidente de la Generalitat, Artur Mas porque uno de los ejes principales del Ejecutivo es “la protección de las personas que se hallan en situación de riesgo de exclusión social” para asegurar la “cohesión social”.

Pero ahí acaba la información. A la solicitud de una copia de las actas de las reuniones del consejo, Munté sostiene que esos encuentros “recogen las opiniones expresadas por sus miembros en el seno del Consejo”, que está “amparado en la privacidad y la confidencialidad de las opiniones manifestadas”. “La publicidad de esas actas entraría en contradicción con la garantía de privacidad y defensa de la libre expresión de los miembros” del Capsif, se justifica.

Granados también solicitó acceder a los nueves informes que, según dijo la propia Crespo en comisión parlamentaria, han elaborado hasta ahora. Al respecto, Munté asegura el decreto de creación del Capsif fija que corresponde la presidenta del organismo, “si procede”, comunciar “las líneas de trabajo y las conclusiones de sus informes”.

En el recurso de amparo presentado por el portavoz socialista Maurici Lucena se considera que, para empezar, la primera respuesta “no tiene nada que ver” con la pregunta formulada por Granados. Los socialistas señalan que la consejera habla de la “continuidad” del Casif, mientras que la diputada pregunta por la “difusión de sus informes”. El PSC tampoco admite la “confidencialidad” de las reuniones para negar las actas, puesto que el decreto que creó el consejo no determina que las reuniones tengan carácter privado. Y por último, los socialistas opinan que al atribuir a Crespo la responsabilidad de difundir los documentos se está “obviando facilitar la información” requerida, puesto que el decreto dice que esa competencia de la presidencia del Capsif se ciñe a los medios de comunicación.

Teresa Crespo acudió hace apenas un mes al Parlament, donde cargó contra el Ejecutivo catalán por no dejarle difundir el contenido de sus informes, al contrario de lo que sucede con los del consejo asesor en materia económica que preside Salvador Alemany, cuyo contenido se divulga puntualmente.