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La Diputación de Ourense recurrirá la sentencia del Superior contra su ERE

"Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, ni por mí, casi", asegura Baltar Blanco en referencia al proceso judicial de su padre

La Diputación de Ourense ha ratificado hoy que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que rechaza el despido colectivo en la institución provincial. De ello ha informado el organismo que dirige Manuel Baltar Blanco a través de un comunicado, en el que ha resaltado que el fallo del TSXG "no anula los despidos" sino que "los declara improcedentes". De este modo, como ha sostenido, corresponde a la diputación "readmitir a los trabajadores o confirmar su despido", caso en el que las indemnizaciones pasarían a ser de 45 días por año trabajado.

También ha remarcado que la sentencia "rechaza de forma contundente todos los argumentos esgrimidos por CC.OO. para solicitar la nulidad del proceso" en lo referido a la duración del período de consultas, ya que el fallo señala que la administración provincial "actuó correctamente". Pese a ello, los servicios jurídicos recurrirán esta sentencia, con el fin de que el TS "atienda todos los argumentos que justificaron" el expediente de despido colectivo.

Y es que, a su juicio, es "errónea" la visión del TSXG al no ver justificados los motivos económicos y al alegar que el recorte de gastos hubiera paliado en parte los despidos. "Si se hubiese reducido menos el gasto, los despidos sí habrían sido declarados procedentes", ha objetado.

Así las cosas, ha reparado en la "paradoja" de que la interpretación del alto tribunal gallego "lleva a premiar una mala gestión presupuestaria", ya que "reduce la existencia o no de la causa económica a una mera cuestión de gestión presupuestaria, y prescinde de la situación económica real de la administración".

Por otra parte, Baltar Blanco ha asegurado en una entrevista que no alberga ninguna duda sobre la gestión que desarrolló su padre, José Luis Baltar Pumar, durante los 22 años que estuvo al frente de la institución, pero ha puntualizado que "cada persona es responsable de sus actos".

"Yo no pongo la mano en el fuego por nadie en absoluto, porque nadie se conoce, ni siquiera a sí mismo, para saber hasta dónde puede llegar a la hora de tomar una determinada decisión", ha aseverado, en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado en relación al procedimiento judicial en el que está inmerso Baltar Pumar por supuestamente haber prevaricado en la colocación de 104 personas, a principios del año 2010, en la Diputación de Ourense.

"Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, ni por mí, casi", agrega Baltar Blanco, quien rechaza que una eventual condena a su padre pueda salpicarle, ya que alega que "son cuestiones perfectamente diferentes" y el proceso judicial "en ningún momento se ha dirigido contra el actual presidente de la Diputación".

Y si se utiliza este argumento, advierte de antemano a la oposición de que "si su discurso político es el de siempre, que no les extrañe después que los resultados sean los de siempre". "Cada persona es responsable de sus cosas y de ninguna otra más, porque el principio de responsabilidad penal, civil, criminal o institucional es personal", argumenta tras reivindicar la "presunción de inocencia" en torno a un caso que, sostiene, se refiere a "104 contrataciones temporales por un período máximo de tres meses".

Baltar Blanco, que cuenta con precisión los días que lleva al frente de la Diputación de Ourense (453 este sábado), describe como "la decisión más dolorosa" el expediente de despido colectivo que afecta a 25 trabajadores y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de dictaminar que no se ajusta a derecho. Insiste en justificarlo "por causas económicas" y ratifica que recurrirá esa sentencia.

Tras aludir a la vía de no cubrir las plazas de trabajadores que se vayan jubilando y tras cifrar en "un 22%" la reducción de personal desde que, a principios de febrero del año pasado, accedió a la Presidencia de la Diputación, elude avanzar en qué medida seguirá el recorte de plantilla. Al respecto, indica que vendrá determinado por "la nueva esfera competencial" de este nivel administrativo que consagre la reforma local.

Él defiende potenciar las diputaciones, máxime en una provincia como la de Ourense, donde 91 de sus 92 ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes. Así, menciona servicios como la recogida de basuras o la gestión de la recaudación municipal que la Diputación ourensana ejerce, al tener una "estructura suficiente que suple la carencia de músculo funcionarial en los ayuntamientos con estructura pequeña".

En su opinión, la fusión de municipios, que intenta incentivar la Xunta, no es la vía, sino la cooperación. "La estructura de los ayuntamientos es pequeña, no tienen personal, o sea que no se justifica la fusión por un aumento de los costes de personal. Las retribuciones de los alcaldes son mínimas. La cooperación es el escenario", afirma.

En este punto, aprovecha para retomar su propuesta de acabar con "la anomalía" de que los diputados provinciales no sean elegidos directamente por los ciudadanos y pronostica que el cambio legal que propugna "tardará más o menos, pero es aplastante el hecho de que se va a producir", ya que es "una vía de legitimación" y lucha contra "la desafección que pueda existir en la ciudadanía".

Sobre el alcalde de Barbadás (Ourense), José Manuel Freire Couto, quien reconoció que Hacienda le impuso una multa por no haber abonado el IRPF, el también presidente del PP de Ourense encuadra el caso en "una cuestión de él interna dentro de sus relaciones con la Agencia Tributaria" y recuerda que "regularizó su situación" y que "no ha sido condenado por ningún delito porque no es un defraudador fiscal".

Preguntado si cree que debería renunciar como presidente del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), Baltar Blanco se ampara en que "la dimisión es una cuestión de carácter personal" y niega que sea su responsabilidad directa, porque "ocupa un cargo público votado por el pleno de la Diputación". No desvela, sin embargo, si él le ha sugerido que dimita. "Las conversaciones que tengamos el señor Freire y yo entran dentro de la esfera privada. Ni le aclaro si se la voy a pedir ni si ya se la he pedido", responde.

En todo caso, ha llamado a "extremar las obligaciones éticas y la transparencia" y ha calificado de "deseable" que hubiese un protocolo para actuar "por igual en todas las formaciones políticas" ante casos de corrupción. En su ausencia, reivindica que el PP es "el único partido que tiene reglas claras" para proceder ante casos de políticos imputados y asegura que "la coherencia es básica".

En lo que no cree es en la necesidad de establecer límites a los mandatos de los cargos públicos, ya que "la caducidad la marcan las urnas". "Si una persona se ha caracterizado por tener mayorías absolutas durante tanto tiempo es porque el pueblo le ha dado un apoyo tremendo. Sin embargo, veo como en la oposición siguen estando los mismos, llevando varapalo tras varapalo", proclama.

Sobre el alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, que está pendiente de juicio por supuestas coacciones y amenazas, el presidente de los 'populares' ourensanos ha vuelto a solicitar la presunción de inocencia. Preguntado si se renovarán las candidaturas para las próximas municipales en los casos de cargos públicos con problemas legales, ha afirmado que "se va a ver en cada momento y en cada supuesto cuál es la situación".

Acerca del proyecto publicitado en marzo de 2011 para instalar en la provincia una fábrica de coches eléctricos que crearía más de mil puestos de trabajo, reconoce que "no ha vuelto a haber noticias" y que "quizás no sea el mejor momento", pero puntualiza que "tampoco hay que descartar nada".

Tampoco tiene nuevas noticias sobre la investigación emprendida por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), sobre la cual apunta que "los funcionarios que tuvieron que ver con ese proceso tienen todo perfectamente revisado" y "se han atendido todos los requerimientos de información planteados por los inspectores". Así, afronta el resultado "con la tranquilidad que da el hecho de que, sea cual sea la resolución, habrá que actuar en consecuencia, defendiendo siempre los intereses de la Diputación".

Baltar asegura que en la provincia de Ourense se han colmado "todas" sus ambiciones políticas y, en cuanto a la gestión de la Xunta en relación a este territorio, defiende al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo porque "los hechos saltan a la vista", pese a "un escenario de reducciones presupuestarias como nunca, fruto de los días de vino y rosas del bipartito". Además, asegura que contó con "absoluta libertad" para elaborar la candidatura del último congreso provincial.

También respalda la gestión de Mariano Rajoy porque confía en que "dará sus frutos" y "no es sólo una cuestión de fe, sino de estrategia, de tener claro hacia dónde ir". "Lo que hace el Gobierno es decirle a los ciudadanos que es un momento dificilísimo, que no somos una economía de Champions League. A lo mejor la gente prefería ese discurso, pero no llevó a ninguna parte", concluye.

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