El acuerdo de reciprocidad entre C9 y TV3 tiene que ser ratificado por las Cortes

El acuerdo de reciprocidad entre Canal 9 y TV3 alcanzado por el Consell y el Gobierno catalán necesita ser ratificado por los Parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados.

El convenio bilateral, que ha levantado ampollas en los sectores más conservadores del PP —fundamentalmente de la ciudad de Valencia—, también está a expensas de que el Gobierno de Mariano Rajoy regule el intercambio de señales públicas de televisión entre autonomías. Y que, conceda, además, otro multiplex para que el Consell que preside Alberto Fabra pueda reemitir no solo la señal de la televisión catalana, sino también de las emisoras públicas de otras autonomías vecinas. La intención es que Canal 9, cuyas principales franjas de emisión previsiblemente serán externalizadas, tenga un mercado publicitario mucho mayor y, potencialmente, más rentable.

El vicepresidente del Consell y portavoz, José Ciscar, intentó sortear las críticas de los herederos del blaverismo, que se niegan a que se pueda utilizar la denominación de País Valenciano o catalán / valenciano. Ciscar explicó que el Estatut obliga a que las Cortes y el Congreso ratifiquen los “convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia”, como es el caso del espacio radioeléctrico. En este contexto, Ciscar señaló: “Cualquier tema admite posibilidad de enmienda”.

En la misma comparecencia, tras la reunión semanal del Consell, la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, explicó el nuevo Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (Patfor), aprobado ayer, con el que se pretende introducir la gestión privada en el mantenimiento de los bosques públicos.

Bonig explicó que, aunque las áreas forestales representan el 55% del territorio, su rentabilidad económica apenas representa el 0,03% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana. Con este plan se pretende fomentar el aprovechamiento energético de la biomasa y estimular una economía rural —cotos de caza y micológicos, turismo de aventura, etc.—, en la que se ha previsto la existencia de compensaciones económicas para los propietarios de monte que mejoren las condiciones medioambientales de sus terrenos.

La consejera admitió que el Patfor no tiene consignación presupuestaria y que es un instrumento de planificación que introduce “la gestión pública indirecta”. “Se trata de cambiar la mentalidad e introducir la iniciativa privada bajo la supervisión de la Consejería de Infraestructuras”, añadió.

El socialista Francesc Signes replicó que, con este documento, el Consell “va a regalar monte público a empresas a cambio de gestionen la montaña, ya que la Generalitat no tiene recursos”.