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El PP rechaza que se revoque el indulto al conductor kamikaze

Los populares se niegan también a que el Consell destituya a Carlos Fabra en Aerocas

“Este polémico indulto no lo ha entendido nadie”. Así comenzó este miércoles el diputado socialista Francesc Signes su intervención para defender una proposición no de ley que pedía la “revocación inmediata” del indulto al conductor homicida que causó la muerte del joven de Alzira José Alfredo Dolz en diciembre de 2003, al chocar con su automóvil cuando circulaba en sentido contrario por la AP-7. Signes reprodujo casi literalmente una resolución aprobada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que preside la alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, del PP, e invitó a los populares a dejarse guiar por su conciencia.

El diputado socialista, de todas maneras, indicó que sobre el caso se ciernen las “sombras del tráfico de influencias”, dado que el despacho de abogados que defendió al conductor kamikaze cuenta entre sus miembros con un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y con familiares directos de otros cargos del PP.

Alfredo Castelló pidió en nombre del PP que se sustituyera la exigencia de revocación por la de “revisión” del indulto, ya que este es “irrevocable”, consideró una “zafiedad” que se aluda a las relaciones familiares con el despacho de abogados del indultado, en el que dijo que trabajan más de 500 letrados, y acusó a Signes de practicar una “intransigencia tripartitata” por aceptar dos enmiendas de Compromís que, señaló, alejaban cualquier posibilidad de consenso. Las enmiendas de Compromís, que defendió el diputado Fran Ferri, planteaban una investigación interna del Gobierno sobre el favoritismo en el indulto del conductor y una reforma en profundidad de la normativa que regula los indultos. Ferri criticó el abuso que de los indultos han hecho gobiernos del PP y del PSOE.

Marga Sanz, de Esquerra Unida, apoyó la proposición, calificó de “burla” el indulto al conductor kamizake, que solo cumplió 10 meses en prisión con una condena de 13 años, y se preguntó “si la justicia es igual para todos”.

El “aislamiento” del grupo mayoritario, que el propio Castelló señaló en su intervención, se reprodujo en varias de las votaciones del pleno de ayer. Así, el PP rechazó sendas iniciativas de Compromís para considerar delito electoral la manipulación del padrón o impedir que puedan ocupar cargos públicos durante 10 años quienes se hayan acogido a la amnistía fiscal, así como otra proposición no de ley de Esquerra Unida para que sedestituya a Carlos Fabra como presidente de Aerocas.

La diputada Marina Albiol defendió esta última iniciativa recordando que “el gran capo de Castellón” ridiculiza y desautoriza al Consell con su actuación al frente del aeropuerto y con sus rocambolescos intentos de venderlo. Según Albiol, se ha puesto de manifiesto que, además de ser “el dueño de Castellón”, Carlos Fabra también es el “dueño del Consell”.

Ricardo Martínez, del PP, criticó a la oposición por atacar a una persona “que no puede defenderse” porque no está en el hemiciclo y defendió la Administración “saneada” que ha dejado Carlos Fabra en Castellón. La socialista María José Salvador consideró “una falta de prudencia” mantener a Fabra en Aerocas y dijo que una forma de recuperar credibilidad sería destituirlo. Josep Maria Pañella, de Compromís, recordó que Carlos Fabra es “la persona con más imputaciones dentro del PP”.