No todos son iguales

El hastío hacia los políticos y la política crece al mismo ritmo que se suceden los casos de corrupción. Los hechos imponen un tópico, instalado en la calle: “Todos los políticos son iguales”; “Todos roban”. Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el ente demoscópico de la Generalitat, la insatisfacción con la política es el segundo problema para los catalanes. Y crece a ritmos alarmantes: en octubre, el 23,4% lo consideraba una de las principales lacras y en febrero subió al 54,5%. El 43,7% apuntó que ningún partido podía dar resolver sus problemas. Y un porcentaje similar vio la situación a peor que la de hace un año. Pese a ello, el interés que despierta la política asciende barómetro tras barómetro (un 58,4% en el último). “Hay mucha gente que piensa que todos los políticos son iguales. Y es evidente que no lo son. El problema de estos climas es que pagan justos por pecadores”, dice el director del CEO, Jordi Argelaguet.

Los casos de corrupción afectan claramente a tres partidos, los que copan más poder: el PSC arrastra el caso Pretoria y está inmerso en caso Mercurio, que ya se ha llevado por delante al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos y ha supuesto la imputación de su secretario de organización, Daniel Fernández. El PP no registra casos en Cataluña pero la proliferación de imputados en el resto de España le impide diferenciar su discurso. Quién se lleva la palma es CiU: el socio mayor, solo por citar dos ejemplos, tiene la sede embargada por el caso Palau y la imputación de su número dos Oriol Pujol, por el caso de las ITV, se antoja inminente. Y Unió es el primer partido que reconoce (caso Pallerols) ante un juez que se financió ilegalmente.

“El problema es que pagan justos por pecadores”, dice el director del CEO

Con la proliferación de casos, los partidos que no alojan corruptos tienen más difícil diferenciarse. La receta, apuntan Esquerra, Iniciativa, Esquerra Unida, Ciutadans y la Candidatura d'Unitat Popular, es una mezcla entre firmeza en el discurso, transparencia y normas internas claras. Esquerra ha dado fe de ello. “Podemos meter la pata pero nunca la mano”, dijo una vez su ex secretario general, Joan Ridao, en una frase que hizo fortuna. La formación ha manchado su currículo con dos casos en los que el partido presume que no es igual que el resto. La imputación del exconsejero Jordi Ausàs por contrabando de tabaco —ya no tenía cargo— la solucionaron dándole de baja como militante aunque ha seguido trabajando con el partido.

Recientemente, ERC ha forzado la dimisión de su secretario de organización, Josep Carrapiço, citado a declarar por el caso Manga. Los republicanos son tajantes: si hay implicación, hay que dimitir. “Tenemos que pedir a las personas sobre las que recae una sombra de duda, aunque seamos injustos, que den un paso al lado. Hace falta construir nuestro futuro sobre unos fundamentos limpios. Cuando llegue el momento se lo sabremos reconocer", dijo el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el último consejo nacional.

“Cuesta distinguirse. La corrupción lo ensucia todo. La gente tiende a generalizar y acaba repercutiendo”, explica el ecosocialista Marc Rius. “No se trata solo de ser honrados sino de ser muy beligerantes con las propuestas”. Rius cita como ejemplo la publicación del patrimonio del líder, Joan Herrera, y del presupuesto de la formación. ICV aprobará en su asamblea un código interno pero ya actuó con firmeza con el caso de Núria Bonaventura, apeada de las listas al Congreso tras ser imputada por permitir la caza de aves ilegales cuando era directora de Medio Ambiente de la Generalitat. “No era corrupción, pero fuimos contundentes”, apunta Rius. Precisamente ayer, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), socio de Iniciativa, aprobó ayer su código que consagra la ”tolerancia cero” y fija un salario para los políticos con un mínimo y un tope para evitar atraer a la política sólo a quien busque el ánimo de lucro y para que no esté acotada a las personas acomodadas. La horquilla oscila entre los 1.290 euros —dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)— y los 2.580 (cuatro veces el SMI).

Esquerra fuerza

Ciutadans y la CUP juegan con ventaja: son nuevos en el arco parlamentario. Los primeros se fundaron en 2006 y los segundos iniciaron su andadura en la política municipal y acaban de llegar al Parlament. “Al mínimo caso seremos fulminantes”, avisa Matías Alonso, diputado y secretario general de Ciutadans. Pero para Alonso lo más importante es la honestidad de cada miembro: “Hay un código ético pero tenemos un compromiso interno de autocontrol”. La CUP basa parte de su discurso en la renovación de la política y la lucha contra la corrupción y sus diputados han firmado un código ético. “La CUP mantendrá siempre su independencia con respecto a los grupos financieros y las élites económicas. Es imprescindible para desplegar verdaderas políticas de transformación social y económica”, reza. Los diputados no podrán revalidar mandato ni acumular cargos. Su sueldo máximo es de 1.600 euros al mes (2,5 veces el SMI). La mitad de lo que puede cobrar un diputado.

Todos los partidos tienen sus medidas para diferenciarse del tópico que les iguala. Pero, ¿Se traduce en las urnas? Pese a los casos que le azotan, CiU venció en las elecciones de 2010 y en las de 2012 sin que su último bajón fuera imputable a la corrupción. “Quién simpatiza con un partido tiende a perdonar más los casos del suyo que el de los otros”, dice Rius que presagia que el electorado ecosocialista sería “durísimo” si estallara un caso en ICV. “La corrupción no ha penado históricamente en España pero la situación está cambiando”, agrega Alonso. Los sondeos del CEO permiten ver que los casos de corrupción afectan a corto plazo a los partidos pero que en las urnas el castigo es menor. “Notamos un descenso de un partido pero es un efecto puntual en el tiempo”, expone Argelaguet, que presagia un mayor castigo para los partidos con más corruptos si el clima de alarma crece.