Parque de Guadarrama sin Valsaín ni el pinar de los Belgas
La creación del parque nacional será ratificada por las Cortes a principios del verano

"Hemos tenido que esperar cien años, pero bien está lo que bien acaba", comentaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la aprobación, el pasado 7 de septiembre, del proyecto de ley para crear el parque nacional de la Sierra de Guadarrama. Al principio del próximo verano, tras la ratificación por las Cortes, las dos caras, la de Madrid y la de Castilla y León, albergarán 33.960 hectáreas con la máxima protección.
Finalmente, quedarán fuera más de 3.000 hectáreas de los montes de Valsaín, en Segovia, y el pinar de los Belgas, en Madrid. Aunque los montes podrían haber quedado encuadrados dentro del parque, ya que dentro del mismo sí está permitida la explotación maderera y ganadera, se ha optado por el criterio de dejarlos como área de especial protección.
De esta zona sí quedarán incluidas otras 3.000 hectáreas -las de mayor altitud- que ya lo estaban, y 296 más a través de una enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Una zona que podrá seguir con los usos madereros durante cuatro años más. Esta explotación, gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente, tiene fines comerciales y siempre ha sido considerada como un ejemplo de sostenibilidad.
"No queremos incluir en el parque zonas cuyos propietarios no quieren que sean parque", ha comentado Basilio Rada, director general de Parques Nacionales, la razón por la que el pinar de los Belgas, en Rascafría, se mantendrá fuera de la máxima protección. Sus 2.043 hectáreas de pino silvestre, en las que habitan numerosas especies protegidas, como el buitre negro, y por donde discurren más de veinte arroyos, seguirán como espacio protegido de la zona periférica de protección del parque natural de Peñalara. Nada más.
Los movimientos por parte de los responsables de la Sociedad Belga de los Pinares de El Paular para que la Comunidad de Madrid calificara este espacio como monte público que ayudara a paliar la situación económica de la finca han resultado vanos. En 2000 estuvieron a punto de conseguirlo, pero el acuerdo alcanzado con el entonces presidente del Ejecutivo autónomo, Alberto Ruiz-Gallardón, saltó por los aires cuando el Ministerio de Fomento se negó a facilitar los, aproximadamente, 30 millones de euros con los que la Comunidad iba a comprar los terrenos.
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