Dos enchufados de Baltar admiten que votaron en el congreso del PP

Los cuatro enchufados de la Diputación de Ourense que el pasado martes declararon como testigos ante el juzgado que instruye la querella contra el expresidente de la Diputación y del PP provincial José Luis Baltar —imputado por un presunto delito de prevaricación— han comenzado a evidenciar, en sede judicial, la trama clientelar del baltarismo.Los primeros testigos citados por el juez de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, fueron a prestar declaración tras consultar con el abogado que defiende a Baltar. Varios de ellos reconocieron haber acudido unos días antes a asesorarse al bufete del letrado personal del expresidente ourensano, Emilio Atrio, el mismo que defiende en esta causa al cacique bueno acusado de haberlos colocado a ellos, y a otros 100 más, en la Diputación sin los correspondientes informes de Intervención ni de Secretaría, en las vísperas del congreso del partido que ganó su hijo.

 Tres de cuatro admitieron su vinculación al PP pero, además, dos dejaron claro que tras ser enchufados por Baltar padre acudieron como compromisarios —y ejercieron el derecho a voto— al cónclave provincial del PP que dio la victoria a Baltar hijo. Según fuentes que asistieron a la declaración, los testigos parecían actuar como parte en la defensa de su expatrón.

Si en algo insistieron los cuatro enchufados en su comparecencia judicial fue en que “no saben”. No saben los motivos por los que fueron ellos, y no otros, los elegidos para ocupar los puestos de trabajo, en su mayoría de escasa cualificación. No saben si fueron seleccionados por su vinculación al PP. “Me llamaron”, respondieron invariablemente a las preguntas de la acusación popular —PSOE y Manos Limpias— y del Ministerio Público. Ninguno fue capaz de recordar quién lo llamó, ni si había normas, ni oferta publicada en el Boletín Oficial de la Provincia ni si alguien más que ellos optaba al empleo con el que fueron agraciados. Nada. Todo lo más que recordaron fue que algún día dejaron su currículum en alguna dependencia de la Diputación, que algunos “superaron” unas pruebas escritas y, en algún caso, un concurso de méritos y que, de esta forma, pasaron a engrosar una lista de espera de la que el ahora jubilado Baltar iba tirando para cubrir empleos en una institución que en aquella época —la de las vísperas del congreso en el que el todopoderoso expatrón se jugaba la sucesión dinástica— estaba tan masificada que el número de trabajadores, en su inmensa mayoría vinculados al PP, rozaba el millar.

Uno de los testigos, Juan Luis Cachaldora, precisó que, aunque afiliado al PP, como casi todos, y concejal en el ayuntamiento de Nogueira de Ramuín —fetiche del baltarismo, junto con el de Esgos— y empleado ya en otro Ayuntamiento del núcleo duro del expatrón, no consiguió el empleo en el proceso selectivo. Pero Cachaldora insistió. Según reconoció ante el juez, comenzó a acudir diariamente al despacho del jefe de personal de la Diputación, el hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez (cuya plaza llegó también a ser impugnada en su día por enchufismo), para “preguntar por el empleo”. Acabó consiguiendo ser seleccionado por su “cualificación”: un máster en Gestión de Proyectos Europeos. Pese a acreditar su formación, Cachaldora precisó que él no tenía por qué saber qué tipo de normas regían para la contratación. Interpelado por el abogado del PSOE, el testigo confesó que el máster que realizó estaba financiado por la misma Diputación que después le ofreció el empleo.

“Me llamó una chica para ofrecerme el trabajo”, dijo para explicar el método de contratación. El testigo dejó clara la estrecha vinculación de los enchufados con la red provincial tejida por el baltarismo. Así, detalló que el veterano Baltar lo había contratado por unos meses, hasta el 30 de abril de 2010 (el congreso provincial fue en enero) pero a partir de ahí, recuncó: fue inmediatamente reclamado por uno de los prohombres del expatrón, el alcalde de Vilamarín y exsenador Amador Vázquez, quien le ofreció de nuevo el empleo que había dejado antes vacante en ese municipio como Agente de Desarrollo Local (ADL). Dejó el puesto a finales de 2009 por el de mayor relevancia de la Diputación. Su plaza en el ayuntamiento limítrofe esperó por él. “Es una labor que no podía desarrollar ningún funcionario municipal”, precisó en su declaración judicial. Cachaldora no especificó tampoco mediante qué tipo de concurso o normas accedió a este empleo en Vilamarín, aunque, según ha podido saber este diario, solo acude a su puesto de trabajo los miércoles por la mañana.