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El Supremo dirimirá quién juzgará el ERE de los trabajadores de RTVV

La Audiencia Nacional se declara incompetente, al igual que el TSJ, porque no afecta a ningún trabajador de Madrid o Barcelona

Ferran Bono

Por si no hubiera poca polémica en el largo proceso de despidos de los trabajadores de RTVV, ayer se sumó otro elementos conflictivo. La Audiencia Nacional se declaró incompetente para tramitar las demandas por el expediente de regulación de empleo. La pasada semana el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana se inhibió en favor, precisamente, de la Audiencia Nacional. Esta argumenta que no afecta a centros de trabajo de fuera de la Comunidad Valenciana, como lo que tiene RTVV en Madrid y Barcelona. “Se ha probado contundentemente que el despido colectivo afecta exclusivamente a trabajadores de los centros de la Comunidad Valenciana” y, por tanto, no es competencia de la Audiencia Nacional, según la resolución del órgano central. Por ello, ha remitido el procedimiento al Tribunal Supremo (TS) para que despeje el conflicto de competencias.

Así consta en un auto con fecha de 22 de enero, notificado este jueves a las partes, contra el que cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días. La Audiencia debía de pronunciarse sobre la competencia para tramitar estas demandas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara la pasada semana el recurso interpuesto por la dirección de RTVV contra la decisión de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional por el tema de las demandas contra el ERE, y reiterase su incompetencia para juzgar las demandas colectivas.

De acuerdo con el auto de la Audiencia, las empresas demandadas no han producido despidos fuera de la Comunidad con causa al despido colectivo, concluye "necesariamente" que los efectos del despido "se limitan a dicha comunidad", por lo que entiende que compete conocer sobre su impugnación a la sala de lo Social del TSJCV. No obstante, la lista de despedidos de Canal 9 todavía no se ha hecho pública. De hecho, la dirección apuntó la pasada semana que aún se estaba haciendo la evaluación de los trabajadores. Sí se han notificado los despidos a los trabajadores del ente y de Ràdio 9. 

También señala que la carga de prueba de que se ha despedido a trabajadores fuera de la Comunitat correspondía a los demandantes, lo que "debería ser extremadamente fáci"", puesto que "bastaría con la simple aportación de alguna carta de despido por su parte", sin que se haya realizado.

Por ello, la Audiencia Nacional se declara incompetente para tramitar el asunto y acuerda remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, para que despeje el conflicto de competencia entre la sala valenciana y la de Madrid.

La causa está integrada por la dirección de RTVV y los sindicatos Intersindical, CCOO, UGT y CGT. Mientras que RTVV e Intersindical, en una primera instancia, solicitaron que las demandas se estudiaran en el TSJCV, el resto de sindicatos en la causa preferían que se encargase la Audiencia.

Comisión de baremación

El comité de empresa de RTVV ha reclamado, por otra parte, la disolución de la comisión baremadora del ERE y la paralización de los despidos que haya decidido el jefe de Recursos Materiales al considerar que este cargo "no reúne los requisitos por formar parte de la comisión baremadora encargada de decidir los trabajadores afectados".

El organismo expresa, a través de un comunicado, su convencimiento de que "una persona vinculada al exsecretario general de la empresa, Vicente Sanz" --imputado por supuestos delitos de abuso sexual a tres trabajadoras--, al haberle facilitado presuntamente "material pornográfico no está calificada para tomar decisiones sobre ningún trabajador, y en particular no está legitimada por decidir sobre el futuro laboral de las trabajadoras que se han querellado".

Por ello, el comité reclama que "se paralice cualquier despedido hasta que no se resuelva la sustitución de esta persona de la comisión baremadora".

"Este hecho --prosigue-- se añade a la arbitrariedad y la opacidad con la que la empresa está ejecutando el Expediente de Regulación de Ocupación y la salida de los trabajadores que han abandonado la empresa".

En este punto, el Comité de Empresa, que no forma parte de esta comisión de valoración, "continúa sin saber los baremos que se han aplicado ni tampoco la puntuación que han obtenido los trabajadores".

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Sobre la firma

Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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