Baltar tumba la investigación sobre los enchufes entre gritos y abucheos
El PP se salta el “deber de abstención” de diputados con parientes en el organismo
La Diputación de Ourense se transmutó en una desbocada máquina de enchufar amigos y familiares en empleos públicos, según el fiscal. Pero al presidente de la institución, Manuel Baltar, le parece “torticero" usar el organismo para investigar políticamente los contratos presuntamente irregulares. La arrolladora mayoría del PP (15 de 25 diputados) tumbó ayer la comisión de investigación política solicitada por el PSdeG para aclarar las contrataciones de las últimas dos décadas. Y no sin polémica.
Justo antes de la votación, el portavoz del PSdeG, Ignacio Gómez, solicitó que los diputados del PP con relación de “consanguinidad o intereses personales” se abstuvieran para no incurrir en responsabilidades penales, ya que así lo estipulan varios artículos de la Ley de Bases del Régimen Local.
El secretario de la Diputación, Francisco Cacharro —hijo del histórico barón popular lugués y socio de Baltar padre en el clan de la boina, la facción rural del partido— confirmó que existe un “deber de abstención” y que la solicitud de recusación impulsada por la oposición se ajustaba plenamente a derecho. Prácticamente todos los diputados que sustentan la mayoría baltarista tienen familiares colocados en la Diputación. Por ejemplo, los dos hijos del portavoz, Plácido Álvarez, están en nómina baltarista. También la mujer de Argimiro Marnotes, diputado y alcalde de O Carballiño. Sin embargo, Baltar hijo y los suyos hicieron caso omiso de la advertencia y votaron, entre gritos y abucheos, contra la investigación política. La tormenta que rodeó el pleno fue a más al levantarse la sesión, con duros enfrentamientos verbales entre varios diputados populares y el portavoz del PSOE.
Los socialistas ya anuncian que llegarán hasta el final para revocar la decisión acordada en pleno. Por ello recurrirán el acuerdo por la vía administrativa y en caso de ser ignorado, amenazan con acudir a los tribunales. Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación y hombre fuerte de Baltar, defiende la “absoluta legalidad” de la decisión adoptada por su grupo. Recuerda a sus opositores que el PP “no va a contribuir a alimentar el juicio mediático que rodea la denuncia contra José Luis Baltar". El PSdeG afirmó que Baltar hijo impide la comisión “porque o tiene algo que ocultar o muy malos asesores”.
Los ejemplos de enchufes salpicaron las intervenciones en una tensa sesión jaleada por el público asistente. Ignacio Gómez recordó que el exbarón llegó a impulsar un proceso de selección para una plaza de técnico en recursos humanos en la que se exigía tener la licenciatura de farmacia. También relató cómo un opositor que aprobó una plaza de chófer obtuvo el permiso de conducir después de hacerse con el empleo público.
El BNG acusó al clan Baltar de “robar los votos comprando voluntades”, con los diputados como “cómplices, en una procesión de caladiños” que pretenden mantener “un entramado político e institucional”. El PP rechazó la comisión por ser “extemporánea”. Y además sus representantes dicen no saber cual es la acusación del fiscal contra Baltar padre como si eso influyese en la investigación política. “Se enteraron ahora de todo este asunto por no sé qué cosa que dice la fiscalía,” espetó el popular Plácido Álvarez a la oposición. Los baltaristas insisten en que PSdeG y BNG han tenido acceso a toda la documentación solicitada. Como, según su relato, todo está a vista de los diputados de la bancada contraria, ahora “no creen necesario” investigar nada más.
Baltar hijo anunció que denunciará en los tribunales a los que “manchen” el “honor y la integridad” de la Diputación ourensana. Abogado de profesión, amenazó con iniciar “acciones civiles, penales o ambas” si se vulneraba el buen nombre de la institución, como si la Diputación también estuviese protegida por el derecho al honor, que solo ampara a las personas físicas.
Según dijo, no está dispuesto a tolerar más ataques contra el organismo que presidió su padre durante dos décadas y que ahora capitanea él mismo. En su opinión, los enchufes son un mito. Pero no es la primera vez que esgrime este tipo de amenazas cuando un escándalo salpica a la institución. También anunció acciones legales, penales o civiles cuando se hizo público que la Unión Europea investigaba al organismo por presunto fraude. Nunca más se supo.
