El Supremo investiga a Telmo Martín por recalificar una finca de su empresa

La Sección Segunda del Tribunal Supremo investiga al diputado popular en el Congreso Telmo Martín por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias en la recalificación de unos terrenos cuando era alcalde de Sanxenxo. La parcela fue vendida posteriormente por la promotora Construcuatro, de la que Martín era accionista, a otra empresa vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña y en ella se levantó una urbanización de viviendas de lujo.

Lo que comenzó como una denuncia presentada por una asociación de vecinos de Sanxenxo por delito ecológico —la urbanización ocupaba el espacio de servidumbre del regato de un río y provocaba continuas inundaciones— derivó seis años después en esta investigación. Telmo Martín ya no era regidor de Sanxenxo sino diputado en el Congreso y, por tanto, político aforado, lo que ha obligado a inhibirse al juzgado instructor de Cambados.

El caso que se incoó en 2006 estuvo salpicado por una serie de incidentes, como la paralización de la instrucción durante varios años después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra revocase el auto de archivo del juez de Cambados y ordenara ampliar las investigaciones que apuntaban al que fuera regidor de Sanxenxo. En aquel momento, Telmo Martín era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra. Se tardó tres años en reactivar el caso y, cuando por fin se hizo, las diligencias judiciales habían desaparecido del juzgado de Cambados. En mayo pasado, varios días después de celebrarse el auto de reconstrucción, un funcionario encontró los legajos en una estantería del archivo judicial donde se habían buscado sin éxito. Para entonces Telmo Martín ya había tomado posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados, logrado en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

El juzgado de Cambados remitió la causa al Tribunal Supremo después de apreciar indicios de la posible imputación del político, que se sustancian en un informe preliminar del Ministerio Fiscal. En junio, después de la reconstrucción de las diligencias, el juzgado solicitó varias pruebas documentales, cumpliendo así el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Supremo continuará ahora con la investigación que afecta al político aforado y en la que intervendrá como ponente el magistrado Carlos Granados, según indicaron fuentes judiciales. Mientras, el juzgado de Cambados seguirá instruyendo la causa por delito medioambiental que se abrió a instancias de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, la firma de la familia Cuiña que edificó la urbanización Illas Atlánticas.

El entonces juez de Cambados había acordado el archivo de la causa ambiental en 2008 porque los informes periciales del Seprona no fueron concluyentes para imputar a la promotora un delito contra los recursos naturales o el medio ambiente. En el recurso contra el auto de archivo, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, “alegando una situación de indefensión”, porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado. El letrado de los vecinos también se quejó a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor “nuevos hechos” de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y por ello solicitaban nuevas pruebas.

Los “nuevos hechos” hacían referencia a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (en la que poseía el 33% de las acciones) a Construziona Galicia por 2,78 millones de euros, así como en la previa recalificación de la parcela por el Ayuntamiento que él presidía. La propiedad en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariada en al catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente.

La Sala, presidida por el magistrado Xosé Xoán Barreiro, estimó el recurso del colectivo vecinal y acordó la nulidad de las actuaciones a partir de la providencia con fecha 26 de agosto de 2007, a efecto de que el juzgado le diese traslado a las partes de las últimas diligencias practicadas para que pudieran conocerlas. En el mismo auto también ordenó que se iniciara la investigación que habían solicitado los vecinos “por si de las mismas pudieran derivarse responsabilidades penales” de Telmo Martín, hechos que se remontan a 2004. Sin embargo, desde el 9 de junio de 2009, cuando se dicta el auto, el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva para aclarar la actuación del entonces alcalde y luego se dio por perdida la causa. El fiscal del caso pidió su reconstrucción pero el proceso siguió paralizado, coincidiendo con el traslado del juez y de que el abogado de los vecinos fuese elegido concejal por el BNG en el Ayuntamiento de Pontevedra y no volviera a insistir en sus reclamaciones judiciales.

El Supremo se encargará ahora de para aclarar si Telmo Martín, que acumula varias denuncias por asuntos urbanísticos, ha incurrido en alguna actuación delictiva o si los hechos que se investigan ya han prescrito.