El juez anula una subasta de suelo en Adra cuando Crespo era alcaldesa

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería ha admitido a trámite un recurso formulado por la antigua Consejería de Gobernación frente al Ayuntamiento de Adra y deja sin efecto un acuerdo del pleno municipal por el que se subastaron cuatro parcelas sujetas al régimen de patrimonio municipal del suelo. La operación de enajenación de suelo mediante subasta se aprobó en pleno en mayo de 2006, cuando era alcaldesa la actual delegada del Gobierno en Andalucía, María del Carmen Crespo.

Dicha venta, según se argumenta en el auto del Contencioso-administrativo que cita una reciente sentencia, es “contraria a derecho” por varias cuestiones. En primer lugar, por el procedimiento escogido —subasta, en lugar de concurso público— y, en segundo lugar, porque el Consistorio aún no ha acreditado a qué destinó el dinero obtenido por dicha subasta que, según la normativa, debería haber sido a vivienda protegida. Desde que Crespo accedió a la alcaldía de Adra, en 2003, y hasta que fue nombrada delegada del Gobierno, en diciembre pasado, se construyeron 13 viviendas de VPO y aún no se han entregado.

El magistrado que ha dictado esta sentencia se apoya en otras sentencias anteriores emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que se zanja la “imposibilidad de que los Ayuntamientos conviertan el patrimonio municipal del suelo en fuente de financiación de cualesquiera necesidades municipales”. La normativa, recoge el auto, establece “un fin último” como es el destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y “a él debemos atenernos sin que quepa interpretaciones flexibles en una disposición tan clara”, sostiene la sentencia.

La venta de las cuatro parcelas, situadas en el Pago del Lugar —una zona de expansión turística frente a la costa— supuso un ingreso de seis millones de euros. Un dinero que, según la oposición, figura desde 2007 en un amplio capítulo de inversión sin pormenorizar. Además, en una de las parcelas, una promotora local ha construido viviendas libres que ya están habitadas. Al ser preguntada la exalcaldesa y ahora delegada del Gobierno en sesiones plenarias sobre el destino de esos millones de euros aseguraba que se habían utilizado para equipamientos municipales.

En este sentido, el juez considera “más clara por su evidente similitud” otra sentencia del TSJA a la que también hace referencia y en la que se argumenta que si una parcela pertenece al Patrimonio Municipal del Suelo y se enajena mediante el procedimiento de subasta “adolece de nulidad” porque “debiendo estar destinados los terrenos afectados a uso residencial VPO, el procedimiento de enajenación preceptivo es el de concurso”, un sistema que, quizá, hubiese reportado un mayor beneficio económico a la Administración local.

El grupo municipal socialista que, en 2006 no apoyó la subasta, exige que se depuren responsabilidades. “Alguien tiene que tener la responsabilidad política de no haber cumplido con la ley”, sostiene el portavoz del grupo, Luis Pérez Montoya.