La fiscal ve indicios de delito en la marcha ‘antimezquita’ de Torrejón

El último domingo de junio, en la plaza del Museo de Torrejón de Ardoz, unas 40 personas se concentraron contra la construcción de una mezquita en el centro del municipio. Fueron convocados por una formación xenófoba —la Plataforma per Catalunya (PxC) que dirige e intenta expandir al resto de España Josep Anglada—. El líder del PxC manifestó en ese encuentro que “un moro que nace en España sigue siendo moro”. Durante las semanas previas, aparecieron por el pueblo dípticos con una mezquita bajo una señal de prohibido y la firma de Anglada en los que se reclamaba: Primero, los de casa. Convocar esa marcha y distribuir los folletos puede constituir un delito, según señala la fiscal jefe de Alcalá de Henares.

 El díptico comenzó a ser distribuido por Torrejón (122.589 habitantes) después de que se conociera que la comunidad islámica había comprado dos casonas en la céntrica calle del Almendro para construir un nuevo centro de culto y mudarse de su ubicación actual. Lo hicieron tras un primer informe favorable del equipo de Gobierno municipal, del PP, que acabó echándose atrás y ofreciendo unos terrenos alternativos en un polígono industrial a 3,5 kilómetros de distancia.

El folleto firmado por Anglada —que también solicitó el permiso oficial para la concentración, según indicaron entonces desde la Delegación del Gobierno— rechazaba la construcción del templo “en el casco urbano” y lo asociaba a “una insoportable inmigración legal”, la aparición de “mujeres con burka” y “permiso para golpearlas” o “escuelas radicales islámicas”.

La Comunidad Islámica de Torrejón —donde viven unos 7.000 musulmanes, según sus estimaciones— denunció el contenido del folleto y la concentración el pasado julio. La fiscal de Alcalá de Henares, María José Parrado, considera en un decreto del 7 de septiembre, que son “expresiones injuriosas sobre las creencias del colectivo musulmán que pueden ser constitutivas de un delito de provocación a la discriminación y al odio” (artículo 510 del Código Penal), castigado con hasta tres años de prisión. La fiscalía ha remitido el expediente al juzgado decano de Torrejón.

“Yo no hice los panfletos, pero no dicen nada del otro mundo”, señaló ayer Josep Anglada, que apela “a la libertad de expresión” y asegura estar “acostumbrado” a este tipo de procesos. El líder de PxC ha sorteado denuncias similares en Cataluña. A principios de septiembre, la Audiencia de Barcelona anuló la condena de cárcel impuesta por un juzgado a un edil de la formación de Anglada por la difusión de unos panfletos xenófobos en Vic en los que se señalaba, por ejemplo, que el permiso de circulación de los marroquíes solo sirve para “levar camellos por el Sáhara”.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona consideró que los panfletos eran “de contenido irónico”. El líder del partido ultraderechista quedó exonerado un año antes de la condena tras argumentar que él no sabía nada y ante la falta de pruebas de que ordenara difundir las octavillas.

El abogado que formalizó la denuncia de Torrejón, Iván Jiménez Aybar, confía en que en esta ocasión sí prospere. “Esperamos que se abra un procedimiento de instrucción penal con todas las garantías, para que se depuren responsabilidades y se castigue a los posibles infractores”, señala el letrado, profesor en la Autónoma de Barcelona y conocido por defender a menores musulmanas perseguidas por llevar velo islámico (hiyab). “La libertad de expresión no es una patente de corso para alentar el odio religioso”, añade.

La comunidad islámica busca otra ubicación

“Ojalá el juzgado entienda la marginación que hemos sentido con esos mensajes”, indicó ayer Farid Bahoudi, portavoz de la comunidad islámica del municipio madrileño. Los musulmanes intentan llegar a un nuevo acuerdo con el Ayuntamiento que, unos días antes del desembarco de Josep Anglada en la plaza del Museo, aprobó una enmienda para intentar cambiar la ubicación de la futura mezquita An Nur (la luz).

La propuesta salió adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno del PP y la abstención de PSOE e IU y lo justificó por la entrada en el Consistorio de “unas 2.000 firmas” de residentes de la localidad que se negaban a la apertura del templo en una calle “bastante estrecha y fondo de saco”, explicó entonces el vicealcalde y edil de Urbanismo José Luis Navarro.

El permiso municipal previo era vinculante, según subrayó la oposición, y por eso el equipo de Gobierno tiene que llegar a un acuerdo con los musulmanes para cambiar la ubicación prevista en el casco antiguo. Tras aquel pleno, les ofrecieron una parcela en el polígono del sector 8, al oeste del municipio, situado fuera del casco urbano.

La Comunidad Islámica baraja ahora solicitar una tercera alternativa “porque los socios no quieren ir a una zona industrial”, explica Bahoudi. Asegura que volvieron a reunirse con el Consistorio hace dos semanas para buscar alternativas y propusieron trasladarse en los alrededores de la plaza de España “en una zona a la que la gente pueda llegar con facilidad para ir a la mezquita”, según Bahoudi. Un portavoz municipal declinó ayer pronunciarse al respecto.