“Somos personas desechables”
Colectivos de inmigrantes anuncian movilizaciones contra su exclusión del sistema sanitario Estiman que sus compatriotas acabarán trasladándose donde no se aplique la norma
“¿Qué piensan los inmigrantes? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo logro la capacidad de lograr un trabajo, de no enfermarme?”. De forma pausada, frente a las cámaras congregadas en una rueda de prensa en un local del norte de Madrid, Víctor Sáez ha explicado este viernes las inquietudes que pasan por la cabeza de sus compatriotas chilenos y de otros miles de inmigrantes que, en apenas 24 horas, perderán su derecho a la sanidad universal y gratuita con el Real Decreto 16/2012 que entra en vigor en septiembre.
“Hemos pasado de ser personas a personas desechables”, prosigue Sáez, chileno y portavoz de la asociación Violeta Parra. “Se logró lo que quería económicamente de nosotros y al que no sirve, se le expulsa, se le quitan derechos”. Cinco colectivos de inmigrantes han anunciado este viernes movilizaciones y protestas en las próximas semanas para pedir la derogación del decreto que les excluye del sistema sanitario. “Hay una situación de temor muy grande”.
“Hoy somos nosotros, puede que en algún momento vuelvan a ser los gitanos, puede que después los andaluces”, ha añadido el portavoz de Violeta Parra. Planean concentraciones, acampadas y acciones legales con las que pretenden llegar hasta organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Se movilizan contra una medida que consideran “inmoral, injusta y lesiva a la vida”. “Veremos morir a gente en las puertas de los hospitales”, ha dicho Sáez. Según sus estimaciones, más de 700.000 personas se quedarán sin tarjeta sanitaria en España y otros 150.0000 son susceptibles de perder el empleo y la cobertura sanitaria en el corto plazo. Este periódico estima en 150.000 el número de afectados al cruzar datos entre el padrón y el Registro Central de Extranjeros.
Los portavoces de los colectivos inmigrantes han agradecido “la actitud valiente de los médicos” que han manifestado su intención de objetar y la postura de comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Andalucía o Asturias, que han anunciado que no aplicarán la ley. Estiman que sus compatriotas acabarán trasladándose a esas regiones. “Si un inmigrante ve trabajo en Andalucía o Cataluña se lo va a pensar seriamente porque tendrá cubierta la salud”.
Alla Didkovska, de la asociación Cumbre Eslava, está preocupada por un caso concreto. Olga Boka, rusa, de 55 años, está ingresada en el hospital madrileño de la Paz con un cáncer de útero. “Lleva tres años en España y no tiene documentación”, ha explicado. Ha sufrido dos operaciones. “No sabemos qué va a pasar con ella a partir del 1 de septiembre, no tiene medios económicos para pagar la cantidad que exige el Gobierno”. Allí, en La Paz, el 13 de septiembre, distintos colectivos de inmigrantes, ong y personal sanitario se concentrarán de 10.00 a 22.00 como protesta.
“A las personas se nos condena porque no tenemos trabajo”. Andrés Robles, peruano y miembro de la asociación Integrando, ha recordado que muchos inmigrantes van a revivir en España lo que ya sufrieron en sus países cuando se perdió “de a poco” el derecho a la sanidad. “Allí si no tenemos dinero, no nos curamos, así de simple”. “Nos sentimos vulnerados al volver a vivir esta situación”, ha añadido Gilberto Torres, colombiano y miembro de Ferine (Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España). “Esto no estaba previsto por ningún español y por ningún inmigrante conociendo la historia y la política social de este país”.
Movilizaciones
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