El Consell remite a la investigación y elude explicar las muertes en el incendio

La Consejería de Gobernación evitó ayer pronunciarse sobre las críticas que brigadistas y bomberos que participaron en la extinción del incendio de La Torre de les Maçanes en el que perdieron la vida dos personas y otras dos han resultado heridas han lanzado estos días sobre la actuación del mando avanzado para combatir el fuego. Los profesionales consideran que el punto en el que se produjo el fatal accidente el domingo no era la zona adecuada para efectuar el contrafuego. También aseguran que fue una temeridad enviar a brigadas y bomberos a un punto del monte en el que, debido a la sequedad de la vegetación y a las altas temperaturas, había condiciones “extremas y adversas”, según han denunciado los profesionales a este periódico. Preguntado por estas denuncias, sin embargo, el departamento que dirige Serafín Castellano se limitó ayer a comentar que hay una investigación en curso sobre el accidente y que hasta que esta no termine no habrá pronunciamientos al respecto.

Bomberos y brigadistas sostienen que se ordenó un contrafuego en un camino muy estrecho y con condiciones adversas. También han criticado la estrategia de evacuación. Los profesionales de la extinción de incendios esperan que una investigación esclarezca los hechos “hasta sus últimas consecuencias”.

El incendio de La Torre de les Maçanes ha sido el más trágico, en cuanto a coste de vidas humanas, de este verano en la Comunidad Valenciana. También el que más superficie ha quemado hasta el momento en la provincia de Alicante, con alrededor de 600 hectáreas a falta del balance oficial de un incendio que todavía no se ha dado por controlado. El fuego se inició el pasado domingo poco después de mediodía a raíz de que un vehículo privado que circulaba por el monte de este municipio alicantino sufriera una avería. El incendio ha terminado afectando también a los términos municipales vecinos de Penàguila y Benifallim.

Y mientras el incendio sigue sin darse por controlado, aunque está estabilizado y sin llamas, ayer agentes medioambientales, bomberos, vecinos de Ibi y una nutrida representación de políticos despidieron a la segunda víctima, el agente medioambiental Ernesto Aparicio, de 50 años y 15 de experiencia en la extinción de incendios.

Aparicio era natural de Enguera (Valencia), pero residía junto a su mujer y sus dos hijos en el municipio alicantino de Ibi.

Al sepelio asistió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien depositó sobre el féretro la medalla de oro con distintivo rojo al Mérito de la Protección Civil, condecoración que ha concedido a título póstumo el Ministerio del Interior.

Junto al García-Margallo también acudieron al sepelio el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, la presidenta de la Diputación provincial, Luisa Pastor, o la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, entre otras autoridades autonómicas que participaron en el sepelio. Hasta Ibi también se desplazó, por otra parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que estuvo acompañado de la presidenta del grupo parlamentario socialista en Las Cortes Valencianas, Ana Barceló.

El líder de los socialistas valencianos exigió ayer “políticas de desarrollo integral en el mundo rural”. Puig defendió que el mundo natural se protege con políticas reales, “y no recortando el 70% del presupuesto en las tareas de prevención”.

Política nefasta

La Generalitat, apostilló Ximo Puig, “vive de espaldas a nuestros bosques” y el resultado de esta política “se ha demostrado nefasto”.

Las exigencias de Puig llegan a raíz de que vecinos y veraneantes de La Torre de les Maçanes denunciaran tras el incendio que el monte estaba muy sucio y que llevaba años sin limpiarse. Las críticas consideraban que la maleza que crecía en el monte sin control, en un año tan seco como el actual, ayudaron a propagar las llamas con virulencia.

A ello se une el recorte en los medios humanos de lucha contra los incendios. La empresa pública Tragsa, por ejemplo, ha contratado este verano alrededor de 350 brigadistas menos que en 2010, lo que implica un descenso de más del 74%. CC OO agregó a estas críticas que la supresión del programa Pamer (dirigido a la contratación por parte de las entidades locales de parados para el mantenimiento y la recuperación del entorno natural) por primera vez este año ha supuesto que se dejen de contratar los más de 2.100 desempleados que en los años anteriores se encargaban de labores de limpieza de montes y caminos.