Golpe de mano a la RTVV

En 1984, cuando se creó la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), todavía alentaba cierto espíritu democrático de la transición y los políticos que parieron este tinglado de la comunicación le atribuyeron los fines propios de un servicio público orientado a la promoción de la lengua del país y, sumariamente dicho, observante de los principios de veracidad, imparcialidad y respeto al pluralismo político, cultural y religioso. El PSPV entonces gobernante se ciñó, aunque con pálido entusiasmo, a estas directrices, si bien cometió un error que sentaría un precedente nefasto: convirtió ese nuevo medio en un negociado más de presidencia de la Generalitat, a cuyas orientaciones o manías se debía de ceñir el obsequioso director de turno, pues en ello le iba la cabeza.

La fórmula funcionó sin escándalos notables hasta que, en 1995, el PP ganó las elecciones autonómicas y enseguida delató su propósito de mantenerse en el pescante del poder durante muchos años y a cualquier precio, tal como ha venido siendo. Para ello, entre muchas otras fechorías harto conocidas, acentuó el control y manipulación del mentado ente que desde entonces no ha hecho más que aumentar hasta devenir en el esperpento que ahora está en proceso de liquidación. Sus constantes vitales así lo determinan: el déficit se cifra en 1.175 millones de euros, a la plantilla le sobran casi 1.300 trabajadores y la cuota de pantalla se ha descolgado hasta el 5,7 %.

Una ruina que, obviamente, no ha sido la consecuencia de una administración desgraciada, sino el desenlace de un plan metódico para provocarla y justificar así su privatización. La inflación de la plantilla, el desmadrado clientelismo, el derroche presupuestario y la bazofia informativa no se explican de otro modo. Todo ello, por otra parte, no está en contradicción con lo mucho que el PP valenciano necesita la dócil colaboración propagandística de este medio, si bien piensa que, transferida en su totalidad o por partes, RTVV siempre acabará en manos de deudos y amigos, tal como ha acontecido con los canales y emisoras que ha otorgado a su arbitrio. Con ello, además, cumple con su obstinado propósito demoledor del sector público. En este sentido, el partido que nos gobierna nunca ha disimulado sus intenciones.

Ahora, el problema más apremiante es el laboral, independientemente de cómo se haya provocado. Hay más de mil trabajadores en capilla que ignoran su suerte, y no pocos de entre ellos tienen motivos para temerse lo peor, el despido o la jubilación, no obstante su solvencia profesional. A juicio de algunos, la empresa que ha efectuado el diagnóstico, que mencionan irónicamente como Westinhouse —en vez de Pricewaterhouse—, carece de experiencia en este sector de la comunicación y no ha desplegado el debido rigor para elaborar sus conclusiones, a lo que se añade la más que posible parcialidad partidaria a la hora de repartir las bolas negras. En todo caso, con objetividad o sin ella, con este gobierno o con otro, en crisis o con prosperidad, en RTVV sobra toda esa cantidad de empleados, que en buena parte fueron en su día beneficiarios del amiguismo o recomendación de quienes en realidad son los responsables impunes de esta escabechina.

Aunque estamos asistiendo a los estertores de RTVV tal como lo conocemos, sería prematuro estampar el epitafio que merece y que en su día tendrá que aludir a la frustración a que fue abocada por tanto político necio y director tarambana.