La política de recortes complica la prevención y extinción de los incendios

Los recortes presupuestarios de la Administración han complicado las tareas tanto de prevención como de extinción de incendios. La falta de un protocolo de actuación bien definido entre los distintos cuerpos, dependientes de varias Administraciones, ha dificultado, al mismo tiempo, la incorporación voluntaria de profesionales de la lucha contra el fuego. Los dos siniestros originados en Cortes de Pallás y Andilla han puesto de manifiesto los graves problemas que acarrea recortar en una materia tan sensible.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia no ha hecho ninguna oferta de empleo en los últimos dos años. Y tampoco se han cubierto las jubilaciones, de tal forma que se ha reducido “en torno a un 10% el número de profesionales”, señala el responsable de UGT encargado de este sector, Francisco Caballero.

Dentro del intrincado conjunto de organismos que tiene como misión la lucha contra el fuego, el recorte más sangrante ha sido el de Tragsa que, financiada por la Generalitat, tiene el objetivo de ocuparse de la “primera intervención” cuando se declara un incendio. Los cerca de 880 trabajadores se vieron recortados en 2011 a 530. El número de brigadas se redujo de 74 a 43. Las autobombas de las que disponen pasaron de 47 a 39. Y su presupuesto cayó de 27 a 22 millones de euros. Todo ello según el secretario general de CC OO-PV en la empresa pública, Juan Francisco Miralles.

La tijera también ha alcanzado a las brigadas forestales de Imelsa, de la Diputación de Valencia, oficialmente definidas como de “segunda intervención”, pero que en siniestros como los que asuelan estos días los bosques valencianos participan desde el principio. De los 12 meses que trabajaban los cerca de 500 brigadistas de la provincia de Valencia se pasó a nueve meses.

Vaersa, otra empresa pública de la Generalitat que tiene atribuidas funciones de prevención de incendios, ha sufrido un intenso recorte en el apartado de silvicultura o limpieza de los bosques. En los dos últimos años, la Consejería de Medio Ambiente apenas ha encargado la ejecución de proyectos a Vaersa (que los paga de forma independiente). La llamada limpieza de los bosques es discutida desde el punto de vista científico. Una importante corriente ecologista considera que es dañina en sí misma (al eliminar vegetación) sin que su teórico efecto en amortiguar los incendios lo compense. La impresión de las distintas fuentes consultadas es, en todo caso, que la reducción de estos proyectos no ha tenido una inspiración ecológica sino monetaria.

La aparente descoordinación en la gestión del incendio que ha llevado a desaprovechar a voluntarios profesionales tiene su ejemplo más llamativo en los bomberos de AENA destinados en el aeropuerto de Manises. El fin de semana se ofrecieron a colaborar en la extinción aportando un gran vehículo con capacidad para 10.000 litros de agua —que hubiese servido para reabastecer a los más pequeños que se adentran por las pistas forestales—.

A pesar de las gestiones realizadas por su director, y de que cerca de 20 bomberos se habían presentado voluntarios, su participación no había sido hasta ayer autorizada por el Gobierno valenciano. Estos mismos bomberos sí pudieron desplazarse, en cambio, a sofocar las llamas del grave incendio que afectó a la petroquímica de Puertollano (Ciudad Real) en 2003.

Bomberos del Consorcio de Valencia relataron este lunes situaciones similares. Hasta el sábado, señalaron fuentes de Intersindical Valenciana, no se movilizaron todos los efectivos. Quienes se ofrecieron voluntarios no pudieron ser reclutados, por la inexistencia de un protocolo adecuado. Lo mismo ocurrió, según otras fuentes, con brigadistas, a quienes la Generalitat no llamó en los dos primeros días de fuego.