El fiscal pide 194 años de cárcel para el celador de Olot por asesinar a 11 ancianos

El fiscal Enrique Barata pide 194 años de cárcel para Joan Vila, el celador que confesó haber cometido 11 asesinatos cuando trabajaba en la residencia La Caritat de Olot. El fiscal considera que Vila actuó con “ensañamiento” en tres de las muertes, al obligar a los ancianos a ingerir productos tóxicos como lejía, lo que aumentó su padecimiento. Por ello, reclama 22 años de cárcel por estos tres asesinatos y 16 por los ocho restantes. El celador, que espera juicio en la prisión de Figueres, fue detenido en octubre de 2010.

Joan Vila cometió el primero de los crímenes en la tarde del 29 de agosto de 2009, cuando “trituró y mezcló una serie de medicamentos, tipo psicofármacos”, y se los dio a una de las internas, explica el fiscal en el escrito de acusación. Sin embargo, no fue hasta el 17 de octubre del año siguiente cuando la muerte de una anciana hizo saltar las alarmas entre los médicos del hospital Sant Jaume de Olot. Paquita Gironès, de 85 años, presentaba quemaduras en la boca que ella no podía haberse causado por estar totalmente incapacitada.

Vila reconoció al día siguiente que la mató haciéndole beber lejía con una jeringuilla. La mujer sufrió “graves dolores y padecimientos” por la ingesta, que le produjo tos y vómito con sangre. El día anterior, Vila había acabado con la vida de Montserrat Guillamet con métodos similares. El celador “le suministró con un vaso un líquido tipo lejía que previamente había cogido del cuarto de limpieza”, explica el fiscal. El producto cáustico le provocó la muerte con graves lesiones y sufrimientos. La tercera muerte con productos tóxicos se produjo esa misma semana, el 12 de octubre. Fue la de una mujer de 87 años que falleció en el geriátrico.

En los ocho asesinatos restantes, el fiscal considera que el celador actuó con alevosía, puesto que se aprovechó de la relación de confianza que mantenía con las víctimas, de su edad avanzada y de que ellas no podían defenderse. El ministerio público reconoce que la confesión de Vila, que admitió tres muertes en un primer momento y luego confesó las ocho restantes al saber que había una investigación en marcha, fue importante para esclarecer el caso y acreditar su participación. El fiscal fija las indemnizaciones de los familiares en 530.000 euros, que deberán asumir Joan Vila, la fundación que gestiona la residencia y la aseguradora.

El celador de Olot actuó con total impunidad durante meses, amparado en la ausencia de personal médico los fines de semana y el respeto que sus compañeros le profesaban, según las declaraciones que el personal de La Caritat efectuó ante el juez. En al menos un caso la doctora del centro certificó la muerte de una anciana sin haber visto el cadáver, según consta en las declaraciones judiciales. El fiscal ha citado a declarar a 82 testigos, entre ellos incluso algún inspector de Sanidad.