Hernández atribuye a técnicos la condonación de una multa a Martín

El Gobierno gallego empezando por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, intenta hacer ver que cuando perdonó una multa de tres millones de euros —el pasado 24 de septiembre en el Consello de la Xunta y sin informar a la prensa— a la promotora que fundó su diputado y exalcalde Telmo Martín solo sigue instrucciones del Tribunal Supremo. Ayer, en el Parlamento, fue el conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, quien se apuntó a esa tesis.

En realidad lo que dictaminó el Tribunal Supremo en sentencia firme fue que el exconselleiro y desde ayer senador por designación autonómica, Enrique López Veiga, no era competente para dictar una resolución en 2005 que condonó una sanción de tres millones de euros a la firma Construcuatro, participada por Telmo Martín y cuyas acciones maneja ahora su esposa, por la construcción de un edificio que invade el dominio público en primera línea de la playa de Silgar, en el municipio pontevedrés.

El fallo del alto tribunal no prejuzga sobre si la Xunta debía o no sancionar a la firma de Martín, sino que establece que, en caso de adoptar esa decisión política, el órgano competente para hacerlo debía ser el Consello de la Xunta. Y eso fue lo que le recordó ayer a Hernández el diputado socialista Isamel Regó, quien le reprochó que el Gobierno lleve semanas negándole a la Cámara el expediente de la resolución.

Rego recordó que la propuesta del funcionario instructor del expediente en 2005 proponía seguir adelante con la multa y preguntó algo más: ¿Sobreseyó la Xunta solo la multa o también la reposición de la legalidad urbanística? ¿Va a seguir disfrutando la promotora de esos metros de más que se vendían a 6.000 euros el metro a los pies de la playa de Sanxenxo? En su doble intervención ante el Pleno, Hernández dejó esas dos incógnitas en el aire. Subrayó, como repite el presidente Feijóo, que el perdón a la inmobiliaria de Martín fue “a propuesta de la dirección de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística [cuya directora fue nombrada por él mismo] y previo informe de la asesoría jurídica para dar cumplimiento a la sentencia y habló de una “persecución inadmisible a Martín”. El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego y el PP asegura que todo es una cortina de humo.