El 5% del territorio gallego está en manos de explotaciones mineras

Galicia es una mina. La explotan Endesa, Norvento, Lignitos de Meirama, Grupo M, Caolines de Vimianzo, Río Narcea Gold Mines o Tolsa, por citar empresas que tienen concesiones con mayor superficie. Hay yacimientos de la escasa magnesita, muy cara y apreciada; o de anfibolita, las rocas más antiguas que existen. También hay oro, cuarcita, serpentina, estaño, hierro, wolframio. Pero la Comunidad Autónoma basa su potencial en la extracción de pizarra y granito. Cada año produce cerca de 25 millones de toneladas de estos materiales junto con rocas industriales y cerámica con un valor de mercado que, según la última estadística disponible, de 2010, asciende a 321 millones de euros.

En la clasificación española, la comunidad es la cuarta que mejor aprovecha estos recursos, incluso por encima de Asturias. Poco más de 300 empresas se reparten el negocio a través de concesiones de explotación sobre 558 kilómetros cuadrados, el 4,89% del territorio. Aunque si se le suman los permisos de investigación, que no generan ningún derecho más allá de la posibilidad de nuevos hallazgos, la extensión crece hasta superar la mitad de la superficie del país. Alentadas por el alza de precios en el mercado internacional, últimamente se han revitalizado proyectos, como los del grupo inversor Incremento para extraer wolframio de una mina de Lousame, u oro, como el que está intentando extraer la empresa canadiense EdgeWater Exploration en Bergantiños. “Estamos en una época de renacimiento de ciertos metales, como el cobre o el wolframio, pero en minería, además de los recursos, todo depende de los costes de transformación”, asegura Diego López, presidente de la Cámara Minera.

La Xunta sacó el año pasado a concurso lotes de decenas de espacios mineros cuya concesión había caducado en las provincias de Ourense y A Coruña. Este año, según fuentes del sector, baraja hacer lo mismo con los de Pontevedra y Lugo.

La crisis ha revitalizado algunos yacimientos, que vuelven a ser rentables

Los derechos también son un gran negocio en sí mismos. Ayer, el sindicato CIG denunciaba que la empresa Francisco Gómez, que gestiona la mina de Touro, ha utilizado esos terrenos como vertedero en vez de regenerar la zona afectada —como era su obligación— por la actividad extractiva. La firma ha anunciado 40 despidos al amparo de la reforma laboral, pese a haber suscrito un acuerdo con una multinacional a cambio de 60 millones de euros para reabrir la mina. “La han estado contaminando con lodos de depuradoras, cenizas de Sogama, restos de la industria conservera, pero lo único que hay es un manto de silencio sobre este tema”, denuncia Eduardo Sebio, de la sección de Construcción del sindicato.

En el polígono industrial de Salvaterra que el Consorcio de la Zona Franca de Vigo intenta urbanizar desde hace diez años, se han presentado 6.000 contenciosos, una buena parte con reclamaciones sobre supuestos derechos mineros que han sido reconocidos en los jugados. La delegada, Teresa Pedrosa, reclama un “criterio único”, para determinar el valor de estos derechos. “El mapa de derechos mineros en Galicia cubre la mayoría del territorio… y sin embargo en cada casa que se construye por ahí no se pagan”, se queja. Los dueños de las parcelas expropiadas en el macropolígono reclaman que sus derechos equivalen a cinco euros por metro cuadrado, y en la Plisan hay cuatro millones de metros.

La Cámara Minera de Galicia ha creado una potente aplicación web que, por primera vez, permite conocer con exactitud quién maneja este negocio, desde los materiales con escaso valor hasta yacimientos de aguas subterráneas, minerales energéticos o los usos en geotermia. La vigencia de cada derecho es variable según la Ley de Minería de Galicia, y algunos están concedidos hasta 2068. En el listado de concesionarios, comunidades de montes, autónomos, multinacionales dedicadas a la energía y hasta constructoras como Copasa tienen mucho que decir en el negocio de la minería.