Vuelven a las andadas

Desde que el PP llegó por primera vez al poder, sobre todo desde que consiguió mayoría absoluta en el año 2000, no hubo un solo momento en que no pusiera en cuestión la continuidad del consenso y del bloque político que dio vida a nuestra Constitución. En una primera etapa intentó patrimonializar la Carta Magna. Para ello desempolvó y tergiversó el concepto de patriotismo constitucional que Habermas había desarrollado con el fin de dotar a Alemania de una nueva identidad democrática, aquella que, antitética del “patriotismo nazi”, no pudo consolidarse durante la República de Weimar.

Pero el PP pronto comprendió que el verdadero núcleo constitucional no se podía utilizar como arma arrojadiza contra sus adversarios (la izquierda y los nacionalistas), pues éstos tenían mucho más crédito y antigüedad en la defensa de los valores constitucionales que los dirigentes conservadores, tardíos defensores de la Constitución unos, demócratas sobrevenidos otros. Por eso el Partido Popular decidió centrar su atención exclusivamente en el artículo 2 de la Constitución (“la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”), presentándose como su único garante, relanzando la confrontación con los nacionalistas, tan rentable electoralmente, e intentando establecer un inaceptable principio, según el cual cualquier discrepancia con su particular concepción de España era presentado como una debilidad o una claudicación. Todo ello con el único fin de subordinar al resto de las fuerzas democráticas a la estrategia política y electoral del Gobierno que entonces presidía José María Aznar.

Esta es la razón por la que el PP se negó siempre a abordar la necesaria redefinición que necesita el Estado de las autonomías. Esta es la razón por la que el PP bloqueó la imprescindible reforma para convertir al Senado en una Cámara de representación territorial, tal como contempla el artículo 69 de la Constitución y tal como reclamaron en numerosas ocasiones constituyentes tan destacados y diferentes como Solé Tura, Fraga Iribarne, Peces-Barba, Herrero de Miñón o Roca Junyent. Este es el motivo por el que los sucesivos dirigentes del PP se opusieron a la participación de las comunidades autónomas en la planificación de la economía, como indica el artículo 131.2. Y también esta es la razón por la que el PP impidió que las comunidades autónomas participaran en el proceso de construcción europea, tanto en la formación de la voluntad del Estado ad extra como en la ejecución de la normativa comunitaria ad intra.

Ahora, al calor de la crisis económica que atraviesa el país, el PP vuelve a las andadas. En efecto, el Gobierno ha desatado una dura y persistente campaña para desacreditar el Estado autonómico, estigmatizar a las comunidades autónomas atribuyéndoles, contra toda evidencia, la responsabilidad del déficit público y presentando como alternativa las viejas recetas centralistas, precisamente aquellas que se habían superado con la vigente Constitución. Pero esta estrategia involucionista solo puede prosperar a través de una acción concertada, uniformizadora y jerarquizada de los dos grandes partidos de ámbito estatal. Esperemos que el PSOE no cometa semejante error y que los gobiernos autónomos comprendan que no son simples terminales políticas de sus partidos sino poderes democráticos emanados del mandato constitucional y de la voluntad de sus pueblos. Las reacciones de los Ejecutivos de Euskadi, Cataluña y Andalucía a los recortes que quiere imponer el Gobierno en sanidad y educación, invadiendo sus competencias, así parecen indicarlo.

En uno de los debates producidos en el Parlamento de Galicia, Feijóo acusó a Pachi Vázquez de actuar como simple delegado de Ferraz en vez de hacerlo como secretario general del PSdeG. Con mucha mayor razón es preciso que el presidente de la Xunta aclare si está dispuesto a comparecer en el actual proceso como representante de Galicia, tomando en consideración las opiniones del Parlamento, o, por el contrario, como viene haciendo hasta ahora, volverá a asumir el papel de portavoz y ariete del PP, subordinando los intereses de Galicia a la estrategia de su partido y a sus intereses personales. Feijóo debe aclararse cuanto antes, porque si no despeja esta incógnita, cualquiera podría pensar, ateniéndose a sus propias palabras, que el debate en Galicia se reduce a una confrontación entre el delegado del Gobierno y el representante de Ferraz. Es decir, entre mandadiños.