Feijóo tiene que dar la cara

El Gobierno acaba de anunciar por sorpresa y mediante una escueta nota el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, pocos días después de haber presentado los Presupuestos que ya contemplaban un drástico recorte de 27.000 millones de euros. La primera cuestión que conviene aclarar ante este anuncio es que Mariano Rajoy no es nadie, constitucionalmente hablando, para tomar una decisión que solo corresponde a los gobiernos de las comunidades autónomas en función de los intereses de los ciudadanos que institucionalmente representan. El anuncio del Gobierno solo sirve para confirmar la concepción uniformizadora que el PP tiene del Estado y, como consecuencia de ella, concibe a las instituciones autonómicas como simples delegaciones de la Administración Central, cuando no como simples terminales políticas de la dirección del partido. Por eso en Galicia el que tiene que dar la cara es Núñez Feijóo, para explicar, prescindiendo de su insoportable retórica electoralista, si va a recortar el gasto sanitario y educativo y en qué medida piensa hacerlo. Porque al presidente de la Xunta, y solo a él, corresponde asumir tal decisión y semejante responsabilidad.

Desde que el PP llegó al poder hace cien días está poniendo en marcha una serie de medidas, no contempladas en su programa electoral, que, carentes de horizonte, nos están conduciendo a una grave depresión económica y social de la que será muy difícil que salgamos indemnes. Para justificar tales medidas el Gobierno y sus adláteres, además de la recurrente referencia a la herencia recibida, insisten cada vez más en la insostenibilidad del Estado del bienestar. Para avalar esta tesis, el inefable ministro de Economía comparaba el gasto social actual con el de hace unos años y, desde luego, la diferencia era importante. Pero lo que omitió Luis de Guindos es cuánto había crecido la riqueza del país en ese mismo período. Y esta es precisamente la relación relevante a la que conscientemente no hizo referencia nuestro locuaz ministro. Tomemos el caso de las pensiones como ejemplo que desmontará claramente, creo, la visión del Gobierno. En 1993 —año depresivo— el gasto en pensiones alcanzó el 10,3% del PIB; en 2011 (año bajo del ciclo económico) el gasto fue del 10,6%, un aumento del 0,3% en 18 años. Sin embargo, en 2003 —año alto del ciclo— el gasto fue de solo el 8,8% del PIB. Estos datos demuestran que para mantener nuestras pensiones no se puede tener solo en cuenta la edad de la población, como pretenden aquellos que quieren recortar nuestras pensiones, sino otros factores como la productividad, la tasa de actividad, el ciclo económico, el nivel de salarios o la tasa de natalidad. Lo mismo podría decirse de la sanidad, la educación o los servicios sociales. ¡Claro que hay alternativas a los recortes que se proponen desde el Ejecutivo¡. El Estado del bienestar —conquista irrenunciable— puede y debe sostenerse con una profunda reforma de nuestra fiscalidad. Un sistema impositivo suficiente y justo es la base de cualquier política alternativa y progresista. No hay posibilidad de una verdadera redistribución de la riqueza sin aumentar los impuestos de los más ricos, a las grandes fortunas y capitales, sin gravar las transacciones financieras internacionales, combatir la evasión fiscal, los paraísos fiscales y la economía sumergida. La disyuntiva, como recordaba recientemente Nicolás Sartorius, es o mayor capacidad fiscal o recorte de los gastos sociales y la inversión para reducir el déficit y la deuda, que es lo que está haciendo este Gobierno. Pero tal política solo puede producir recesión, pobreza y desigualdades insoportables. Es precisamente este proyecto, en el que se empeña ciegamente Rajoy, el que nos conduce a la helenización de España y no la huelga general y las movilizaciones democráticas de los ciudadanos.

Finalmente, la insistencia por parte de los poderes económicos y del Gobierno en que no exista alternativa a las políticas actuales está produciendo un fuerte deterioro de la política y de la democracia. Porque, en efecto, si afirmamos que no existen alternativas, ¿no nos estamos cargando el concepto mismo de democracia, que consiste precisamente en poder elegir entre diferentes opciones en el marco de unas normas previamente pactadas? Para revertir esta peligrosa situación, además de todo lo dicho anteriormente, es imprescindible afrontar desde la política la cuestión del poder financiero. Porque el destino de los bancos no afecta solo a sus accionistas sino al conjunto de la sociedad y, por tanto, el sistema financiero no puede ser, como hasta ahora, exclusivamente privado. Así pues, es mucho lo que está en juego para que podamos asistir pasivamente a semejante ofensiva política, económica e ideológica contra las conquistas históricas y el estilo de vida europeo, que, en palabras de Lula da Silva, constituye un patrimonio social y democrático de la humanidad que es preciso preservar.