El ‘annus horribilis’ de la Diputación de Barcelona

Veintiuno: estos son los días que lleva Josep Tous (CDC) en el cargo de coordinador general de la Diputación de Barcelona. Tous era el hombre al que el presidente de la institución provincial, el también convergente Salvador Esteve, había encomendado la tarea de calmar las aguas tras la destitución del anterior coordinador, Josep Maria Matas, por sus presuntos negocios irregulares cuando era secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La fórmula de Esteve, amparada por Oriol Pujol, falló y Tous fue detenido ayer por su supuesta participación en una presunta trama de adjudicación de estaciones para la inspección técnica de vehículos, una pieza separada del caso Campeón.

La detención de Tous ocurrió un día después de que el vicepresidente primero de la Diputación, Alberto Fernández Díaz (PP), anunciara en una entrevista a BTV que en otoño dejará el cargo para dedicarse por completo a su tarea de presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Fernández Díaz aseguró ayer que su renuncia a la Diputación es una cuestión personal y no de partido. Sin embargo, suma incertidumbre a una entidad ya golpeada por los escándalos.

Estos dos espisodios son el colofón del annus horribilis de la institución. En febrero, este diario reveló los negocios que había realizado Josep Maria Matas, entonces mano derecha de Esteve, cuando era secretario general de la ACM. La fiscalía estudia una posible malversación de fondos en la facturación irregular de 900.000 eros de la asociación por parte de una empresa de Matas. El presidente de la Diputación mantuvo a Matas en el cargo 10 días, hasta que finalmente le dejó caer. “Lo de Matas es amoral aunque no sea delito”, dijo en su día Esteve.

Pero Matas no es el único investigado. Ferran Civil (UDC), vicepresidente segundo de la Diputación y alcalde de Cercs (Berguedà), está imputados en dos causas judiciales e investigado por la fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña. Entre otras, el fiscal pide para él una pena de tres años y medio de prisión por autorizar la construcción de tres naves industriales en suelo protegido.

Esteve también ha tenido que gestionar el escándalo de las mochilas, los sobresueldos que desde el año 2000 —cuando los socialistas estaban en el poder— se pagaban a algunos funcionarios que habían sido promovidos temporalmente a un cargo superior y volvían a su plaza. En ellas se han gastado casi un millón de euros. Unos 50 trabajadores de la Diputación siguen cobrándolas.