Ni desalinizadoras, ni trasvase
El pacto de Rajoy con CiU aplaza sin fecha las obras para traer agua del Ebro
El próximo 18 de junio se cumplirán ocho años de la derogación del trasvase del Ebro. No habrá manifestaciones multitudinarias. Ni dirigentes del PP valenciano que apelen a la II República, que ya planeó la infraestructura. Previsiblemente, la fecha pasará desapercibida en la agenda del jefe del Consell, Alberto Fabra. El vuelco electoral autonómico popular, la victoria de Mariano Rajoy, y la alianza de facto con CiU han modulado el lenguaje de la Generalitat, que ha sustituido el término trasvase por “conexión entre cuencas”, como recoge una respuesta a EL PAÍS de la Consejería de Agricultura. Ocho años después, la guerra del agua ha perdido intensidad, el trasvase resulta incómodo y la alternativa hídrica del Ejecutivo socialista, las desalinizadoras, descansa en dique seco.
En la Comunidad Valenciana, la autonomía con más consumo por hogar de España, hay dos plantas de desalar operativas mientras que las cinco planeadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a través de Acuamed, la empresa pública de Medio Ambiente, a partir de 2005 están en fase de construcción o pruebas. Ninguna funciona y se desconoce la fecha exacta en la que producirán agua más allá de un impreciso “a lo largo de este año”. La razón principal, los retrasos de los permisos del Consell. La Generalitat tiene autorizaciones pendientes en tres de las cinco plantas que contemplaba el Programa Agua del Ejecutivo socialista. “Las desalinizadoras están acabadas pero no pueden funcionar a causa de las trabas que la Generalitat”, explica el expresidente de la Sociedad Española de Infraestructuras Agrarias del Sur (Seiasa), el socialista Francisco Rodríguez Mulero. El antiguo responsable del Ministerio de Agricultura sostiene que el Consell siguió una hoja de ruta para boicotear las obras. “Los exconsejeros de Medio Ambiente José Ramón García Antón y Juan Cotino sabían que debían poner pegas para que las desalinizadoras no funcionaran”, relata.
La inversión de las factorías paralizadas —sin incluir los gastos de mantenimiento— supera los 450 millones y su capacidad de producción rebasará los 132 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a 132 estadios como el Santiago Bernabeu. La Unión Europea, que subvencionó con hasta 55 millones la factoría de Torrevieja, exige al titular de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ponga en marcha las obras. El ministro reveló ante el Congreso que las 17 desalinizadoras de España trabajaban al 16,45%.
Los hogares de la Comunidad
En las inmediaciones del Saladar y los Arenales de Agua Amarga (Alicante), operan las dos únicas desalinizadoras de la Comunidad. La primera se concibió para abastecer a una población de medio millón de habitantes de Elche, Santa Pola, Alicante y San Vicente del Raspeig, que se dispara en verano, y funciona desde 2003. Fue inaugurada por la exministra de Medio Ambiente popular Elvira Rodríguez, y Francisco Camps, durante el mandato de José María Aznar. Las dos plantas de Alicante, donde el 80% del agua consumida es desalada, forman parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Ministerio de Agricultura), que también acoge dos instalaciones en San Pedro del Pinatar (Murcia), ideadas para cubrir 17 municipios alicantinos como Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio o Guardamar.
Las fábricas de agua proyectadas por Acuamed en Mutxamel, Sagunto, Torrevieja, Cabanes y Moncofa permanecen paradas, pese a que su construcción comenzó a partir de 2006, el Gobierno desembolsó las inversiones correspondientes y Bruselas repartió con generosidad subvenciones que superaron de media el 20%. Salvo Torrevieja, de carácter mixto, todas se pensaron con vistas al abastecimiento humano y preveían la posibilidad de su ampliación. Pertenecen a un modelo que buscaba la producción estable y generar agua in situ y desterrar el fantasma de las tensiones territoriales, que fue justo lo que no se consiguió. El Ejecutivo socialista prometió como alternativa al trasvase una inyección para Cataluña, Comunidad Valenciana, Almería y Murcia de unos 1.000 hectómetros cúbicos anuales, de los que más de la mitad (600) llegaban del mar. Se aspiraba a inculcar una nueva cultura el agua, que contemplaba el ahorro (la Comunidad Valenciana es líder en fugas de agua), la modernización de regadíos, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento sostenible de los acuíferos.
La inversión en
Los planes de la ministra Narbona no contaban la llegada de un invitado inesperado, la crisis. Las desalinizadoras de Cabanes y Moncofa encaran desde 2008 el obstáculo del desplome inmobiliario. Los municipios se comprometieron a abonar a Acuamed los costes de explotación y amortización de las plantas, que habían sido concebidas para una avalancha de población que no llegó. La fábrica de agua de Cabanes prometía hasta 42,9 hectómetros cúbicos al año y Moncofa, 19,8.
La caída de los ingresos y el principio de rigidez presupuestaria impuesto por el Gobierno, despertó del sueño y modificó las prioridades de pago. Y ahora los Ayuntamientos afectados se quejan de que no pueden asumir la factura inicial de esa agua que requerían para levantar sus quimeras de crecimiento. “El PAI no se ha desarrollado y de momento no existe necesidad alguna de agua desalada”, admite el Ayuntamiento de Cabanes, que preside el popular Vicente Artola, en referencia a la evaporación del parque temático Mundo Ilusión, que afectaba a 18 millones de metros cuadrados y por los que el municipio se comprometió a pagar a Acuamed 800.000 euros anuales.
Sagunto, Mutxamel, Cabanes,
En el mismo aprieto se encuentran Oropesa, Benicàssim y Xilxes, que pactaron en marzo un frente común para negociar sus convenios con Acuamed. Moncofa, gobernado por el PSPV, defiende la desalación mientras que Xilxes, que planeaba un campo de golf y 6.500 viviendas, dice que ya no necesita el agua. La asfixia económica y la caída de las previsiones de crecimiento dejan en el aire también las desalinizadoras que no han comenzado a construirse, como la prevista en Dénia. La localidad de La Marina, gobernada por el PP, prefiere comprar agua de la vecina Xàbia, donde ya existe una planta, a levantar una nueva obra cuyo coste rebasaría los 22 millones de euros.
Los próximos meses se revelarán cruciales. Acuamed confía en que el Ministerio revise las actuaciones “caso por caso” pero recuerda que los municipios se comprometieron en los años de bonanza a sufragar a escote las desalinizadoras. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha declinado responder a EL PAÍS al respecto.
Los ayuntamientos no pueden
Los socialistas valencianos, que pagaron con una sangría de votos la impopular defensa de las desalinizadoras, mantienen la vigencia del plan Agua. “Le hemos planteado al Gobierno que ponga en marcha las obras”, explica el senador por Castellón Enric Navarro. Pero admiten que el cargo de las actuaciones llega en época de vacas flacas y con la tijera sobrevolando sobre las arcas locales. “La situación económica actual no permite asumir unos costes tan altos”, explica José María Ángel, alcalde de L’Eliana y responsable de política municipal del PSPV, que apunta que los pagos a Acuamed no atenazan solo a los municipios con desalinizadoras. L’Eliana, con un presupuesto de 15 millones, negocia una rebaja de las cuotas de amortización y explotación de una desnitrificadora instalada para mejorar la calidad de los recursos hídricos y que podría suponer cuando funcione un gasto de 800.000 euros anuales. “No nos negamos a pagar, pero necesitamos una cifra asumible y adaptada a las circunstancias”, dice el regidor.
La evolución del sueño hídrico de José Luis Rodríguez Zapatero —en España sólo se han construido 17 de las 51 desalinizadoras previstas— , las reticencias de los Ayuntamientos en crisis a asumir la factura de Acuamed, y la dependencia de un urbanismo en dique seco suscita una pregunta. ¿Hacía falta tanta agua? “Un empresario me dijo que una cosa son las necesidades reales y otra las del papel, que sirven para renegociar proyectos”, explica el profesor José Luis Sánchez, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. Sánchez está especializado en el estudio y control de los vertidos de salmuera al mar (agua con una gran proporción de sal) y ha seguido de cerca la evolución de las plantas de Alicante o Murcia. Sostiene que las desalinizadoras generan un impacto que la tecnología puede evitar. Como el resto de técnicos consultados por EL PAÍS, estima que el agua se transmutó en un ariete político, que las administraciones actuaron movidas por la euforia de la construcción, y que los partidos se embarcaron en planes que concebían la política hídrica como ejes de su estrategia para azuzar al adversario. De todo eso ya no queda nada. Salvo las facturas.
Con la guerra amainada, Mariano Rajoy en La Moncloa y el proyecto del trasvase del Ebro en el cajón, el Consell se despoja del lenguaje de la crispación y promete lealtad al Ejecutivo del PP, que no incluyó el trasvase en su programa electoral. “Contamos con un nuevo Gobierno en España, que ya ha demostrado su predisposición para alcanzar un pacto nacional para la gestión del agua y el diseño de un nuevo PHN”, indica la Consejería de Agricultura. Arias Cañete admitió a inicios de marzo que no habrá planificación hídrica hasta dentro de dos años.
Problemas en la mayor fábrica de agua
Transformada en un símbolo de la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la desalinizadora de Torrevieja, será “en breve” una de las mayores fábricas de agua de Europa, según Acuamed, que no precisa cuándo empezará a funcionar. La capacidad de la fábrica de agua, 80 hectómetros cúbicos al año, permitirá abastecer a más de 400.000 personas de Murcia y Alicante.
Desde el primer ladrillo, la planta de Torrevieja, que figuraba entre las primeras infraestructuras para sustituir el derogado trasvase del Ebro, fue objeto del vía crucis de zancadillas administrativas del Con-sell. Durante la construcción, una empresa contratada por la Consejería de Infraestructuras bloqueó el acceso al recinto de los camiones de la obra. La penúltima traba, un permiso de toma de agua que se retuvo porque atravesaba un puerto competencia de la Generalitat, se desbloqueó en noviembre, en vísperas de la victoria de Mariano Rajoy.
La instalación se encuentra acabada, el grueso de la obra concluido, a falta de una actuación menor, la toma y vertido de mar. La puesta en marcha de la mega factoría de agua depende ahora de una autorización ambiental, que Acuamed solicitó a la Generalitat en 2009. “No sabemos la fecha exacta en la que entrará en funcionamiento, pero será a lo largo de este año”, dicen desde el organismo que depende del Ministerio de Agricultura. La planta ha costado 300 millones, 55 de ellos en subvenciones de la UE.
El Consell sigue mirando con recelos a Torrevieja. Asegura que su puesta en funcionamiento dispararía un 35% la factura hídrica de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que nutre a una parte de los municipios del sur de Alicante. “El elevado coste hace que el agricultor no pueda asumir su explotación”, sostienen desde la Consejería de Agricultura. El impacto ecológico del vertido de la salmuera es otro de punto de fricción, que critica la Generalitat. “Es cierto que las desalinizadoras tienen un impacto ambiental, pero se puede evitar y existen fórmulas para hacerlo de un modo eficiente. Además, en la zona de vertido de Torrevieja no había praderas de posidonia, que es donde se puede dar el problema”, explica el profesor José Luis Sánchez Lizaso, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. “Lo del impacto medioambiental es otro rollo más que se han inventado los del PP para retrasar la obra, ya que la depuradora de Pinedo es bastante más agresiva que una desalinizadora”, añade un consultor ambiental que trabaja para Acuamed y pide el anonimato.
El PP entierra la guerra del agua
Abrazado al patriotismo hidrológico, el Consell se fijó como prioridad la reclamación del trasvase del Ebro derogado en 2004. El Gobierno de Francisco Camps alentó —cuando no sufragó directamente— manifestaciones, paellas, fundaciones y campañas de publicidad en Canal 9 para reclamar una infraestructura hídrica que encendía a los ecologistas. El Consell selló una alianza de facto con su homólogo murciano Ramón Luis Valcárcel para cargar contra la ministra Cristina Narbona, que encajaba insultos y salía escoltada como un árbitro tras sus encuentros con agricultores. El Rajoy jefe de la oposición defendía los trasvases en Murcia y Valencia y ejercitaba el malabarismo dialéctico en Aragón y Castilla-La Mancha, en manos de los socialistas. En Cataluña gobernaba un tripartito de izquierdas con presencia independentista. La ecuación resultaba perfecta para el PP, que presumía de un discurso autonómico monocorde.
Ocho años después, el escenario se ha transformado. El azul tiñe el mapa regional. Los conservadores, que borraron el trasvase de su programa electoral nacional, gobiernan en 12 de las 17 autonomías. El PP pilota Aragón y Castilla-La Mancha, donde Dolores de Cospedal, que además es la número dos del partido, plantó cara en diciembre a Valencia y Murcia al recurrir contra el último trasvase del Tajo al Segura del Gobierno. La alianza entre PP y CiU entierra la reivindicación del trasvase. Y para completar el círculo, el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que depende del Ministerio de Agricultura, es Xavier de Pedro, del Partido Aragonesista (PAR), socio de la popular Luisa Fernanda Rudi. “El trasvase del Ebro no está en estos momentos sobre la mesa”, advirtió recientemente De Pedro.
Ante el nuevo escenario, el Consell modula el tono. Critica las desalinizadoras pero pasa de puntillas sobre el trasvase. “El programa Agua no fue más que una marca acompañada de un listado de obras de las que no se analizó su viabilidad”, dice en un correo la portavoz de la consejería de Agricultura, que sustituye la reivindicación del trasvase —término que no aparece en la respuesta— por la necesidad de considerar la “conexión entre cuencas”. El departamento de Maritina Hernández culpa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “ocho años de crispación” en materia hídrica. Los antiguos responsables socialistas, difieren. “Todo respondió a una operación de marketing político, que los trasvases fueron una falacia y que el PP consiguió engañar a los valencianos”, explica el expresidente del Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero.
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