Cifuentes prohíbe la procesión atea por su "evidente voluntad de provocación"

Esta Semana Santa tampoco habrá procesión atea en Madrid. Por segundo año consecutivo, la Delegación del Gobierno ha prohibido la protesta, convocada por colectivos ateos y anarquistas para el Jueves Santo, por su "evidente voluntad de provocación" a los católicos, informa en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes. El nose basa en los "informes específicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura Superior de Policía, y la Abogacía del Estado", que coinciden en que dicha manifestación no debe llevarse a cabo. Los convocantes estudian recurrir la prohibición e, incluso, celebrar la marcha sin permiso.

El acuerdo se adopta "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en esta resolución". "La fecha, lugar y hora elegidos por los convocantes, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación", añade la nota. En su resolución, la Delegación ha tomado como punto de partida una resolución similar adoptada el año pasado por estas fechas y que recibió el visto bueno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tampoco autorizaron la celebración de esta marcha atea en 2011. La procesión, a la que se oponían Ayuntamiento y Comunidad, se celebró finalmente, pero un mes más tarde de lo previsto.

Día de especial significación católica

El organismo expone seis motivos -el año pasado fueron 11- para no autorizar la marcha. Entre ellos destaca que la solicitud de manifestación es para el Jueves Santo, un día de especial significación para los católicos. También se había elegido el barrio de Lavapiés, en el distrito centro, donde concurren muchas procesiones ese día. La hora elegida (las ocho de la tarde) coincide con el momento de celebración de las mismas, con el consiguiente problema de orden público.

Las otras tres razones incluyen que en esas fechas Madrid recibe a muchos turistas y se produce gran aglomeración de personas en torno a los pasos, que el itinerario elegido por la manifestación coincide con el de las procesiones y, por último, que podría dar lugar a una contramanifestación por parte de los defensores de la religión católica.

En declaraciones posteriores, Cifuentes ha destacado la protección de "la libertad religiosa de los católicos de poder realizar sus procesiones" como principal razón para prohibir la marcha. También ha citado los tres informes desfavorables y ha señalado que "el recorrido, el día y la hora" de la manifestación coincidían con las procesiones de Jueves Santo. Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Los afectados pueden acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por una posible vulneración del derecho de manifestación recogido en la Constitución. Se trata de un procedimiento sumario y en el que los magistrados deben resolver en un plazo de 24 horas.

Recurso ante la Justicia

Es el paso que plantean dar en la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (Amal), una de las solicitantes de la protesta, según manifiesta su presidente, Luis Vega. "No puedo entender que en un país democrático se prohíba una manifestación solicitada por asociaciones legalizadas", critica antes de considerar que esta decisión "demuestra el enorme poder de la Iglesia y la implicación de los políticos".

Además de por Amal, la manifestación está organizada por la Asociación de Vecinos La Playa de Lavapiés, los grupos anarquistas Voila y Albatros y la asociación La tetera de Russell bajo el lema Ningún privilegio a las iglesias. De mis impuestos, a las iglesias cero. "No estamos en contra de las creencias, sino de los prebendas de la Iglesia católica, en este caso y coincidiendo con la crisis, sobre todo los económicos", recalca Vega. Según sus cálculos, recibió del Estado al menos 11.000 millones de euros en 2011, mientras el Gobierno recortó 12.000 millones en servicios sociales.

El presidente de Amal no entiende a qué "evidente provocación" se refiere la Delegación. "¿Es una provocación la huelga del 29? ¿Las protestas contra los embargos? Son una forma de protestar en un Estado democrático de una manera pacífica y consecuente", defiende. Con esa convicción y a falta de recabar la opinión del resto de convocantes, es partidario de insistir en la celebración de la manifestación, recurriendo la decisión de la Delegación ante el TSJM. También recuerda que, en última instancia: "Todas las manifestaciones son legales, solo hay que avisar, pero bajo suposiciones no se puede prohibir nada".