La Fiscalía Superior detecta indicios de delito en la gestión de Invercaria

El escándalo en Invercaria toma cuerpo. La Fiscalía Superior aprecia indicios de responsabilidad penal y contable en la gestión de la empresa pública de la Junta que concedió préstamos millonarios a empresas durante los últimos seis años. El fiscal detalla en un decreto una decena de irregularidades en préstamos sin publicidad y con escasa documentación que contravienen la Ley de Contratos del Sector Público, y recomienda al juez instructor del caso que analice los 278 préstamos por 62 millones concedidos por Invercaria, dedicada al capital riesgo, desde su creación en 2005.

La petición del ministerio público da impulso a una investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, pero que nació tras un revelador informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía el pasado febrero. Desde entonces, la policía ha elaborado una extensa investigación que constata las irregularidades destapadas por el ente fiscalizador y sobre el que ahora se ha apoyado el fiscal superior. En su decreto, este no concreta los posibles delitos derivados de la gestión irregular de la empresa pública.

La policía subraya cómo en 2009 se concedieron ayudas a 39 empresas y 30 de ellas sufrieron pérdidas ese año. Los préstamos se concedieron a veces sin previos informes que avalaran un aumento de la producción, con la simple presentación del proyecto. Invercaria concedió esos créditos sin análisis del riesgo que suponía la inversión y por importe superior al capital social de la entidad. Además, las empresas tenían empleados que cobraron de las compañías pese a que no figuraban en su relación de puestos de trabajo, denuncia la policía en su informe.

Los agentes subrayan el escaso o nulo seguimiento que tuvieron ciertas empresas por parte de la Junta. Hay casos concretos de préstamos que superaron el millón de euros, seguidos de otra ayuda menor de 100.000 euros. Al poco tiempo la empresa contaba con un agujero contable por 1,1 millones y no denotaba signos de actividad.

La Fiscalía Superior ha remitido el decreto y el informe policial al juez instructor Juan Gutiérrez, pero también al Tribunal de Cuentas por los indicios de responsabilidades contables. De este modo, la compleja investigación que define el fiscal tiene visos de continuar de forma paralela entre el Tribunal de Cuentas para la investigación contable y el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla para la investigación penal.

Tanto la policía como el fiscal superior han investigado basándose en el informe de la Cámara de Cuentas, de ahí que recomienden al juez ordenar una serie de diligencias que incluyen el examen de todas las ayudas concedidas. La Cámara de Cuentas subrayó anomalías como el incumplimiento de las normativas sobre contrataciones y subvenciones, la concesión discrecional de préstamos, pagos irregulares a su personal directivo, y el uso injustificado de una tarjeta de crédito por su presidente, entre otras.

El juez analiza tanto la supuesta petición por parte de la expresidenta Laura Gómiz de realizar informes falsos que denunció un exdirectivo, como las grabaciones aportadas por él. “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización”, llegó a decir Gómiz en las cintas. Pero ahora la Fiscalía Superior le pide al magistrado que dé un paso de gigante porque ve indicios de delito en la gestión de los seis años de vida de la empresa pública.