La policía desaloja a 45 okupas de un edificio abandonado en Benidorm

Un operativo de 40 policías, 20 de ellos del cuerpo nacional y el resto locales, que han actuado con la autorización de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Benidorm, han desalojado a 45 personas, siete de ellas menores de edad, de un edificio de apartamentos en la conocida como zona güiri de la ciudad, que había sido ocupado ilegalmente desde hace tres años por ciudadanos mayoritariamente de nacionalidad rumana.

A primera hora de la mañana, los policías han entrado en los Apartamentos Lepanto, un bloque de dos plantas cuyos bajos están habilitados como locales comerciales con 28 viviendas en su primer piso, para echar de la propiedad a sus ocupantes. La operación se ha desarrollado sin incidentes, aunque las fuerzas de seguridad han estado asistidas por la Cruz Roja, los servicios sociales y técnicos municipales y operarios de la empresa encargada de la recogida de la basura en la ciudad. Finalmente, los siete menores allí instalados se encontraban con sus padres y las 45 persones, la mayoría rumanos, se han quedado en la calle.

El comisario jefe de Benidorm, Alfonso Cid, ha explicado que en esas viviendas “se ha llegado a ejercer la prostitución y los ocupantes incluso a alquilaban algunos apartamentos a terceras personas”. Cid ha destacado que llevaban tres años “de redadas y detenciones”, pero “los ocupantes eran familias de ciudadanos europeos que conocen la legislación y la mayoría de las veces los arrestos se han saldado con juicios rápidos y multas”. Y citó el caso de una mujer que “ha sido detenido más de 100 veces y nunca ha pisado la prisión”.

Detenciones toda la semana

La zona estaba vigilada permanentemente por un operativo de la Policía Nacional, que practicaba detenciones todas las semanas. El comisario puso ejemplos de la actividad habitual de los okupas. “Seguían a mujeres mayores hasta su casa, se les ofrecían para ayudarles a subir la compra y cuando les pedían un vaso de agua, aprovechaban para robarles”. “Llegaron a atar a una anciana con correas en una silla para robarle las joyas, que luego vendían en locales de compra y venta de oro”, concretó.

El concejal de Urbanismo y Turismo, Juan Ángel Ferrer, aludió a la resolución de lo que era “un problema para el turismo por la ubicación de los apartamentos”, incrustados en el centro de la zona de ocio que habitualmente frecuentan los turistas británicos. Y reconoció que “algunos turoperadores habían presentado quejas porque los turistas ingleses eran abordados para robarles en plena calle”.

Según Alfonso Cid, la Policía Nacional había intentado en otras ocasiones el desalojo del bloque de apartamentos, pero los jueces pedían con carácter previo la identificación de sus moradores. Cuando los policías recababan sus datos para llevarlos al juzgado, los ocupantes cambiaban súbitamente y abortaban la orden judicial, que ya no correspondía a las personas que allí estaban.