Los socialistas valencianos plantean una “segunda modernización”

Los socialistas valencianos recurren a la memoria de sus años de gobierno en la Generalitat, hasta 1995, para plantear su alternativa de cara al 2015. “Nuestra economía necesita acometer de inmediato una segunda modernización”, se lee en la ponencia marco del 12º congreso del PSPV-PSOE, “que nos servirá para superar la coyuntura actual y crear los empleos que necesitamos, y que también nos ayudará a afrontar con éxito los cambios estructurales que se están produciendo en el mundo”.

La alusión al tema de la “modernización”, que caracterizó la etapa de hegemonía socialista, no es casual en el documento. Así, la ponencia señala: “Resulta necesario que la economía valenciana experimente un nuevo proceso de modernización comparable al que se acometió hace más de 30 años. Desde finales de los años setenta, nuestro tejido productivo se transformó notablemente, y gracias a ello nuestra economía fue capaz de desprenderse de los vicios generados por una larga tradición de proteccionismo”.

Esa “nueva modernización” pasa, según la ponencia, que recoge en buena medida propuestas de documentos manejados en campaña y en las Cortes Valencianas por el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, por un saneamiento de la Generalitat que “exige refundar la Administración valenciana, revisando todas las estructuras administrativas, todos los organismos y todas las prioridades”. La situación de ruina a la que ha llevado el PP las cuentas autonómicas reclama, dicen los socialistas, “un gobierno que no se vea rodeado de líneas rojas que le impiden poner fin al derroche y a las políticas equivocadas que nos han conducido a una crisis más grave que la que padece el resto de España y de la Unión Europea”.

Los únicos límites al saneamiento deben ponerse, según la ponencia marco que debatirá el PSPV-PSOE en Alicante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en la preservación de “los pilares básicos del Estado del Bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales”. De ahí que el documento proponga fijar un “suelo de gasto social” que “ha de ir parejo a la aprobación del techo de gasto público total”.

El documento propugna la dación en pago para liquidar hipotecas

Más allá de una tasa que grave las transacciones financieras internacionales o de “un impuesto que recaiga sobre los beneficios de las entidades financieras que se han saneado gracias a las medidas de apoyo que aprobó la Administración”, la ponencia marco propone utilizar las herramientas tributarias de la Generalitat para recaudar el impuesto del patrimonio a los propietarios de grandes fortunas, recuperar “la capacidad recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones, con el objetivo de gravar a quienes reciben grandes herencias o donaciones” y modificar el impuesto de transmisiones patrimoniales mediante una escala progresiva que afecte a las transmisiones de inmuebles de más valor.

En relación a la lucha contra el fraude fiscal, la ponencia marco del congreso del PSPV-PSOE dice que hay que cumplir lo que establece el Estatut d'Autonomia “creando la Agencia Tributaria Valenciana y dotándola de recursos materiales y humanos suficientes”. Añade el documento que “el coste derivado de su constitución quedaría sobradamente cubierto con la recaudación que generaría”.

“Clausurar la política de escaparate” que ha practicado el PP y apostar de nuevo por el tejido industrial son las líneas centrales de la propuesta, que propone reactivar el sector de la construcción reorientándolo hacia la rehabilitación y la renovación tecnológica con criterios sostenibles. Un parque público estable de vivienda protegida, la potenciación del régimen de alquiler y una ley de insolvencia personal que regule el acuerdo entre deudor y acreedor hipotecario forman parte de la ponencia. Un documento que, de todas maneras, se pronuncia unas páginas más adelante por “la dación en pago como sistema para liquidar las nuevas hipotecas, permitiendo a las familias adoptar dicha opción si así lo desean”. La ponencia añade que los socialistas exigirán, en todo caso, “la mayor transparencia en los procesos de embargo de viviendas y posteriores subastas”.