Producir biogás de la basura cuesta el triple de los beneficios que dará

El ambicioso proyecto que puso en marcha Alberto Ruiz-Gallardón en 2005, y que supone transformar la basura que genera la capital en combustible, es ya una realidad. El mes que viene las plantas de biometanización del vertedero de Valdemingómez empezarán a inyectar gas a la red general. El sistema es pionero en España. Parte de los desechos de la capital, convertidos en biogás, generarán 4,4 millones de euros según su valor en el mercado. Sin embargo, producirlo cuesta más del triple: 14,8 millones.

La explotación de las dos plantas de biometanización y de la planta de tratamiento de biogás le costará a las arcas municipales 207,3 millones de euros, según el expediente de contratación que ha consultado EL PAÍS. El contrato de gestión tiene un plazo de ejecución de 14 años, por lo que el coste anual para el Ayuntamiento será de 14,8 millones. Las plantas tienen capacidad para asumir hasta el 60% de los residuos orgánicos que llegan hasta Valdemingómez. El 40% restante seguirá tratándose en la planta de compostaje como hasta ahora.

El Ayuntamiento resta importancia al elevado coste del tratamiento de biometanización, que se suma al de la construcción de las plantas —disparado desde los 51 millones iniciales hasta los 112 que finalmente se contabilizaron—. Una portavoz explica que no se debe tener en cuenta únicamente el beneficio económico que se obtenga de la comercialización del biogás, sino también el medioambiental. “Se produce una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera equivalente a 300.000 toneladas al año”, señala. “Además, disminuye la cantidad de residuos que se depositan en el vertedero”. “Gestionar un servicio público cuesta dinero, se haga como se haga, y dentro de las opciones que tenía, el Ayuntamiento se ha decidido por la biometanización y no por el compostaje, que también cuesta dinero pero se le saca un rendimiento mucho menor”, argumenta la portavoz municipal. El compost que se produce mediante este método también se comercializa, pero los beneficios son mucho menores, según el Consistorio.

Los ecologistas: es buena idea, pero falla la recogida selectiva

Desde la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción aseguran que la biometanización es “una buena idea” pese a que el compostaje es mucho más barato. Sin embargo, añade un portavoz, “eso no puede hacer olvidar que la gestión de los residuos orgánicos del Ayuntamiento de Madrid no es la adecuada”. Madrid no tiene recogida selectiva de materia orgánica, como es obligatorio ya, por ejemplo, en toda Cataluña, por lo que los residuos que llegan al contenedor de resto incluyen todo tipo de materiales, entre ellos tóxicos domésticos. “En los ecoparques catalanes está prohibido hacer biometanización con materia que no haya sido recogida de forma selectiva”, señala el portavoz, que explica que ha habido problemas en los digestores (donde se produce la fermentación) de las plantas que no lo hacen así.

Madrid es pionera en inyectar biogás a la red general; empieza en marzo

El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón inauguró las plantas de Valdemingómez en febrero de 2009. Dos años después, acumulaban un sobrecoste del 120% y no producían nada, lo que motivó las críticas de los socialistas. El Ayuntamiento, argumentaron, no debió permitir a las empresas modificar los proyectos y disparar los costes. "Gallardón no ha querido reconocer que el proyecto no era viable, que la tecnología que le vendieron estaba mal hecha, y ha seguido pagando al margen del procedimiento administrativo habitual", aseguraron. UPyD se sumó a esa crítica ayer en la comisión de Medio Ambiente.

El contrato inicial, que incluía la redacción del proyecto, la construcción y “la puesta en marcha” de las plantas —con capacidad para generar biogás para propulsar 405 autobuses de la EMT— se adjudicó en 2005. La planta de La Paloma, por 25,4 millones, a una UTE (Urbaser, Sufisa y Geocisa) La de Las Dehesas, por 25,6 millones, a FCC. En el primer caso, el plazo de ejecución era de 17 meses; en el segundo, de 15. Sin embargo, no estuvieron listas hasta seis años después. El Ayuntamiento atribuye parte del retraso en la puesta en marcha a la falta de autorización del Ministerio de Industria, que tardó en trasponer una norma de la UE para poder comercializar el gas.