"Me arrepiento de lo que hice"

La funcionaria de la Brigada Provincial de Documentación que está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos de cohecho y falsedad documental, Ana María López Vallejo, ha reconocido los hechos que se le imputan en la primera sesión de la vista oral, a preguntas de la fiscal del caso. El ministerio público le pide 12 años de prisión por un delito continuado en el que al menos favoreció a unos 30 inmigrantes para que consiguieran sus tarjetas de residencia y por lo que cobraba entre 2.000 y 5.000 euros.

"Me arrepiento de todo lo que hice y siento haber llegado hasta aquí" ha comentado la funcionaria, que se sienta en el banquillo de los acusados junto a otros cuatro acusados con los que participó, supuestamente, en la legalización de la situación de los extranjeros. La empleada pública ha asegurado que lo hizo porque tenía que pagar una hipoteca y unos créditos personales con ese dinero. Además, sufría de depresión y de obesidad morbida, de la que tuvo que ser intervenida en varias ocasiones.

El enlace a través del que contactaba con los interesados en regularse era un bar, en el que conoció a Lester Donnie M. L. Según el escrito de acusación del fiscal, fue este hombre el que comenzó a presentarle a extranjeros. A los primeros que conoció les cobraba 2.000 euros, pero luego fue subiendo sus tarifas hasta los 5.000.

La funcionaria, que tenía el puesto de auxiliar administrativa, se encargaba de modificar y grabar en los ordenadores de la Brigada de Extranjería todos los trámites que impedían que los afectados consiguieran sus tarjetas de residencia. Entre ellos, solía dar el visto bueno a peticiones en las que se carecía de antecedentes penales en el país de origen o del plazo mínimo de estancia en España para poder optar a la residencia. Según ha constatado en su declaración, era Lester Donnie el que le facilitaba el dinero una vez que había efectuado los trámites y los interesados conseguían la tarjeta.

El caso, que está siendo enjuiciado por un jurado popular, durará varias sesiones, ya que tienen que testificar numerosos afectados. El sumario consta de más de 3.000 folios.