El Tribunal Supremo insiste en que el PGOU de Castellón está anulado

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón está anulado. Fue anulado en 2008, cuando así lo dictó el Tribunal Supremo en una sentencia que el equipo de gobierno municipal, presidido por el entonces alcalde Alberto Fabra, se negó a admitir. Fue anulado y tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Consejería de Urbanismo realizaron un “simulacro de cumplimiento” de aquella sentencia, tal como sostiene el propio tribunal. Pero ahora, el Supremo ha vuelto a pronunciarse y ha advertido a las Administraciones de que aquella ratificación del planeamiento, después de que fuera anulado, no sirve. “La información pública (...) no es una ficción, como insiste la Administración autonómica, sino un trámite imprescindible en la elaboración y aprobación de dicho planeamiento”, señala la última sentencia del Supremo.

El PGOU aprobado en 2000 fue recurrido, parcial y totalmente, por varios vecinos. Hasta el Supremo llegó la causa y el tribunal lo declaró nulo de pleno derecho.

Sin embargo, las Administraciones optaron por tramitar de nuevo el planeamiento, con una exposición pública que, a juicio del Supremo, fue un simulacro, y ratificando las mismas normas urbanísticas que recogía el plan anulado en 2000.

Ante la maniobra del Ayuntamiento y la Generalitat, varios vecinos optaron por solicitar la ejecución real de la sentencia, que anulaba el procedimiento y el plan, que dejaba de existir.

La sentencia dice que la Administración acató su fallo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quiso impedir la personación en el procedimiento de ejecución de aquella sentencia a algunos vecinos, que acudieron al Supremo. Este tribunal no solo les ha dado la razón en su legitimidad para personarse sino que ordena que se ejecute el fallo que ya dictó en 2008, que declaraba “nulo de pleno derecho” el PGOU.

El portavoz del Bloc en el Ayuntamiento de Castellón, Enric Nomdedéu, apuntó ayer, tras conocer la sentencia, que esta deja claro que el plan general no existe y culpó a Alberto Fabra y al actual presidente de la Diputación de Castellón y entonces responsable del Urbanismo castellonense, Javier Moliner, de dejar al urbanismo de la ciudad “sumido en el desconcierto legal”, lo que a su juicio no ayuda a reactivar la construcción.

Por su parte, la portavoz socialista en el Consistorio, Amparo Marco, ha pedido la comparecencia del concejal responsable, Miguel Ángel Mulet, para que explique el contenido de la sentencia. Marco calificó de “suicida e irresponsable” la política urbanística del PP y considera que la Justicia ha vuelto a poner en evidencia su actuación.

Y pese a que el abogado que ha llevado el caso, Miguel Carceller, confía en que los nuevos gestores “sepan rectificar los errores que han dado lugar a estas reclamaciones”, el equipo de gobierno municipal insiste en que esta sentencia del Supremo no anula el PGOU castellonense.