Varapalo del Superior a Sanxenxo por autorizar una discoteca ilegal

Lenta pero incesantemente, los órganos judiciales van emitiendo sentencias contra las prácticas urbanísticas del PP en el Ayuntamiento de Sanxenxo. La última llegó el pasado diciembre desde el Tribunal Superior de Xustiza, que a raíz de los cambios del criterio municipal respecto a la legalidad de las obras en una discoteca en Portonovo —primero desfavorable, después proclive— pone de vuelta y media a la Gerencia Municipal de Urbanismo. “Resulta patente la omisiva, errática y aun contradictoria, amén de ilegítima actuación administrativo-urbanística”, concluye el fallo, que tumba el que emitió el año pasado el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra y declara la ilegalidad de las licencias.

El caso se remonta a 2007, ya con Catalina González en la alcaldía después de la marcha de Telmo Martín. Tras la aprobación del Plan General de 2003, una parte de los edificios en la franja costera de Portonovo quedaron fuera del planeamiento, lo que en la práctica supuso que sus propietarios solo podían llevar a cabo en ellos obras de mantenimiento y conservación. La empresa local Libelula decidió no obstante realizar una reforma extensa en un establecimiento afectado, que incluyó la demolición de los tabiques. En abril de 2007 el Ayuntamiento entra en acción, en principio de modo impecable. Amparándose en la Lei de Ordenación do Territorio, la Gerencia de Urbanismo, que preside la alcaldesa, inició un expediente de reposición de la legalidad urbanística y mandó parar las obras. Los propietarios no hicieron caso y un mes después, tras un nuevo requerimiento, la Gerencia precintó el local. “El inmueble ya había quedado diáfano”, recuerda la sentencia.

El expediente nunca se concluyó, y la cuestión dormitó durante un año. En mayo de 2008, sin embargo, el mismo organismo municipal dictó en dos días dos resoluciones contrarias. La primera, el día 12, rechaza una nueva licencia de obra y otra de actividad, que en cambio concede al día siguiente. Más tarde, en enero de 2009 se levanta el precinto, en marzo se permite el acondicionamiento como discoteca y en abril se otorga la licencia de apertura. Estas dos últimas resoluciones fueron las que originaron el recurso.

Según el magistrado ponente, José Luis Ramírez, la “patente omisión” a la hora de concluir el expediente por unas obras de demolición que se empezaron sin licencia “no es en modo alguno subsanable por la concesión de licencia de ulteriores obras”. En el razonamiento se recuerda también que la ley de ordenación obliga a echar abajo las obras que no sean legalizables “e impedir los usos a que dieran lugar”.

La sentencia ha provisto de nueva munición a la oposición. “En vez de ejercer su labor de vigilancia, el Ayuntamiento opta por subterfugios jurídicos para garantizar lo que no es posible”, critica el portavoz local del BNG, David Otero, que acusa a la alcaldesa de no revelar el documento. “Este ocultismo es una de sus características, junto a la más que evidente pérdida de control sobre la situación urbanística con gravísimas consecuencias económicas”, añade, y reitera su petición de que una comisión de investigación en el Parlamento investigue la gestión municipal del urbanismo.

El fallo salió a la luz menos de 24 horas después de que el PP bloquease en un pleno extraordinario una comisión de investigación sobre los avatares urbanísticos del municipio porque la petición era “genérica” y estaba “mal redactada”. La solicitud la habían firmado los tres grupos de la oposición después de que a principios de mes se confirmase que el Ayuntamiento deberá devolver 3,8 millones de euros que había recibido de un grupo de constructoras a las que a cambio eximió de levantar vivienda pública en una parcela de Monte Faro. Este acuerdo, legal en su génesis, no se pudo completar por las modificaciones legales que introdujo el bipartito en la Xunta. Todavía se espera con temor en el Ayuntamiento, en ese sentido, la llegada de otra resolución por un caso paralelo en un terreno colindante, en el que el montante del litigio asciende a 4,8 millones.