Haití: cuando la inversión privada es una tableta de salvación

Haití, hogar de casi 11,8 millones de habitantes, vive una realidad alarmante. En los últimos años, la inseguridad, la inestabilidad política y la pobreza han sumido al país caribeño en una crisis prolongada que parece no dar tregua. A ello se suman eventos meteorológicos extremos como el huracán Melissa, cuyo reciente paso provocó decenas de muertes. Según el Banco Mundial, la economía se contrajo un 4,2% en 2024 y se prevé otra caída del 2% en 2025 si no mejoran la seguridad, la inflación y la inversión. Ante este panorama, la ayuda humanitaria continúa siendo esencial, pero resulta insuficiente: Haití corre el riesgo de permanecer atrapado en un estado de emergencia perpetua si no hay una recuperación del sector empresarial.

El Grupo Banco Mundial presentó en marzo de 2025 una nueva estrategia para Haití que busca equilibrar el auxilio inmediato con la construcción de bases económicas más sólidas. La hoja de ruta incluye alrededor de 320 millones de dólares en financiamiento para fortalecer la gobernanza, crear empleos y preservar capacidades institucionales esenciales. El énfasis está en acompañar a las empresas locales, dotarlas de herramientas y financiamiento para que no solo sobrevivan, sino que puedan ser motores de estabilidad.

Algunos ejemplos concretos ilustran este enfoque. Este año, IFC —un miembro del Grupo Banco Mundial— y BID Invest anunciaron una inversión conjunta de 13,5 millones de dólares en Solengy Haiti, una empresa local de energía solar. El proyecto contempla la instalación de diez megavatios de paneles fotovoltaicos y un sistema de almacenamiento de 20 megavatios-hora para abastecer a hogares, escuelas, hospitales y pequeñas industrias. Estructurada por IFC, la operación, más allá de los números, significa que miles de familias que dependen de generadores diésel caros y contaminantes podrán contar con electricidad más estable y limpia.

Otro caso es Caribbean Bottling Company (CBC), proveedora de agua potable en Puerto Príncipe. En 2019, IFC invirtió en la compañía para ampliar su planta, y en 2025 volvió a respaldarla en un proyecto de transición energética que incluye la instalación de paneles solares y un sistema de baterías de hasta cinco megavatios-hora. El objetivo de esta nueva inversión es reducir costos, mejorar la eficiencia y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. En medio de la crisis política, una empresa de agua potable se convierte también en ejemplo de sostenibilidad ambiental.

La agricultura, un pilar de la economía haitiana, tampoco ha quedado fuera. En 2024, IFC desarrolló un programa de asesoría para fortalecer la horticultura y mejorar los ingresos de pequeños productores. Según el Diagnóstico del Sector Privado de Haití, elaborado por IFC y el Banco Mundial en 2021, el sector agropecuario tiene un enorme potencial de crecimiento si logra superar los problemas de financiamiento, infraestructura y acceso a mercados. El informe identificaba, además, oportunidades en energías renovables, digitalización y la industria textil, uno de los mayores empleadores formales del país gracias a las ventajas comerciales con Estados Unidos.

En un contexto de severas limitaciones fiscales, las asociaciones público-privadas (APP) se presentan como otro mecanismo eficaz para impulsar la inversión. En este espacio, IFC está trabajando con la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DINEPA) en la estructuración de una licitación competitiva para identificar a un operador privado calificado que provea agua potable a Las Caobas, en la zona rural de Haití. Semanas atrás, IFC firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Economía para promover, a través de una APP, la generación de energía renovable en Los Cayos, la tercera ciudad más poblada del país, donde la electricidad solo está disponible unas pocas horas al día.

El reto es monumental. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo en Haití alcanzó el 15% en 2024. A eso se suma que más del 60% de la población (6,3 millones de personas) vive en condiciones de pobreza y el 24% (2,5 millones), en situación de pobreza extrema. La fragilidad institucional, la violencia de las bandas armadas y la falta de infraestructura básica encarecen el costo de hacer negocios y desalientan la inversión. Pero allí donde el mercado por sí solo no entra, IFC y sus socios intentan abrir espacios mediante mecanismos de riesgo compartido, préstamos y asesoría técnica para demostrar que invertir en Haití no es una apuesta a pérdida.

Queda claro que no se trata de sustituir la ayuda humanitaria, que sigue siendo esencial para millones de haitianos, sino de complementarla con proyectos que ofrezcan un horizonte. La nueva estrategia del Grupo Banco Mundial insiste en esa doble dimensión: aliviar la emergencia y, al mismo tiempo, sembrar las bases para un crecimiento más inclusivo y sostenible. En el centro de esa apuesta está IFC, que se ha convertido en el brazo encargado de acompañar a las empresas haitianas a dar un salto en medio del caos.

La pregunta, inevitable, es si la inversión privada puede prosperar en un país sin estabilidad política mínima. A pesar de los riesgos, el costo de no invertir en Haití es aún mayor. Cada megavatio de energía solar, cada litro de agua embotellada, cada productor agrícola que logra mejorar sus ingresos son pequeñas victorias que, acumuladas, pueden marcar diferencia. Para un joven haitiano que sueña con un empleo estable o para una madre que quiere encender la luz sin depender de un generador, esas inversiones no son cifras abstractas, sino destellos de dignidad.

En Haití, donde la esperanza suele medirse en días y no en décadas, apostar por el sector privado local es una forma de marcar el futuro. IFC, en colaboración con las demás instituciones del Grupo Banco Mundial, ha decidido que la reconstrucción no puede esperar a que se disipen todas las tormentas. Si la palabra “inversión” logra traducirse en empleo, energía y servicios básicos, quizá Haití pueda empezar a salir del círculo de la emergencia perpetua.