El presidente de Costa Rica celebra un triunfo con sabor electoral aferrado a la inmunidad

El Poder de Judicial de Costa Rica no podrá llevar a juicio al presidente Rodrigo Chaves en los próximos ocho meses que le restan de mandato y tendrá que esperar el fin del Gobierno, en mayo, para poder procesarlo por un delito de corrupción que supuestamente cometió con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La votación en la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad de Chaves no alcanzó la mayoría calificada necesaria y permite que el mandatario celebre como una victoria propia un resultado de limitados efectos jurídicos, pero de alto contenido electoral frente a los comicios presidenciales y legislativos de febrero.

“Amanecí feliz”, dijo Chaves el martes tras la inédita sesión del Congreso en la que 34 de los 57 diputados votaron a favor de poder enjuiciar al mandatario antes de que entregue el poder en mayo. Faltaron cuatro votos para alcanzar la mayoría calificada, mientras que 21 legisladores, de los cuales solo ocho son oficialistas, se opusieron al desafuero con argumentos variados de tipo político. Además del repudio al Poder Judicial y a este proceso penal (calificado como “montaje” por el propio Chaves), mencionaron la necesidad de procurar la estabilidad en el cierre del cuatrienio y sobre todo no contaminar en algún sentido el proceso electoral que comienza oficialmente este 1 de octubre.

La realidad, sin embargo, apunta a un fuerte contenido electoral en la decisión que acabó festejando el oficialismo. A pesar de que Chaves está impedido por ley de postularse para la reelección inmediata, el mandatario se ufana de su alta popularidad (52%, según una encuesta de septiembre de la Universidad de Costa Rica) y con frecuencia llama a la población a acudir a las urnas para ampliar el poder del movimiento que él lidera sin disimulos. Grupos opositores admitían que el avance del proceso judicial en este caso (uno de decenas de expedientes penales contra él) podría alterar o ser influido por el incierto paisaje electoral. Otros lo reconocieron de manera tajante como una justificación para votar contra el desafuero, con el argumento de evitar convertirlo en “mártir”.

“Nadie está por encima de la ley, pero en el debido momento. No ahora para que tenga la excusa perfecta para intervenir directamente en nuestro sagrado proceso democrático”, dijo un diputado cuyo nombre resonó en 2018 al ganar la primera vuelta de la reelección presidencial. Se llama Fabricio Alvarado, representante de grupos neopentecostales, quien ahora es diputado y alista su tercera candidatura presidencial. Aunque en la teoría es opositor y con cierta frecuencia critica al Ejecutivo, en numerosas ocasiones su bancada ha coincidido con el movimiento Rodrigo Chaves. La última fue este lunes, cuando resultó clave para mantener la protección judicial del mandatario, aunque con un discurso contrario.

“El pueblo no merece que le demos tarima a Chaves para que siga en su cantaleta megafónica de conflicto en contra de nuestra de por sí abollada institucionalidad (...) [El desafuero] es permitirle meter a la democracia en una guerra política y judicial. En siete meses tendrá que enfrentar a la Justicia”, añadió en alusión a lo que puede pasar después del 8 de mayo. Será ese el momento en que acabe el Gobierno, cuyo líder asegura haber despertado al pueblo en contra de las castas políticas que, según él, por décadas convirtieron en “una tiranía” al país reconocido internacionalmente por la calidad de su democracia.

Pero es posible que Chaves tampoco pueda ser juzgado a partir del 9 de mayo. Dos días antes de la votación en el Congreso, la candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, anunció la intención de designar a Chaves como su ministro de la Presidencia, cargo que ella ejerció en el gobierno actual y que perpetuaría la inmunidad. El lema constante es lograr la continuidad y ampliar el poder en la Asamblea Legislativa para tareas mayores como reformar la Constitución Política o transformar al Poder Judicial señalado como adversario. La candidatura de Fernández está construida sobre su relación con Chaves y, aunque la encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) indica que la candidata parte en ventaja frente unos 18 aspirantes, sólo recibe un apoyo equivalente a una de cada tres personas que respaldan a su líder.

Es tal el liderazgo centralizado de Chaves, que el 7% de los encuestados decía en septiembre que votará por él, según el resultado de una pregunta abierta en el estudio de opinión de la UCR, elaborado en su Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). “Aunque parezca una paradoja, en un contexto de apoyo personalista, este resultado es muy lógico. A fin de cuentas, esta no pareciera ser una campaña usual”, dice el informe de la encuesta, que también muestra una alta incertidumbre en el electorado. “Cualquier resultado electoral es posible. Ganar un poco más de apoyo que los demás, por poquito que sea, puede volver competitiva una candidatura que no partía como favorita”, añade el estudio. Por eso, el desafuero de Chaves representaba también un factor electoral y, por lo mismo, él se sentía victorioso.

“¿Cuál es la prisa, opositores? ¿Para eso quieren fuera de juego a Rodrigo Chaves?”, arguyó una diputada oficialista, Paola Nájera, quien replicó los señalamientos de Chaves para calificar la discusión del desafuero como “una farsa con tufo a golpe de Estado”, en referencia a los partidos opositores y las autoridades judiciales supuestamente contrarios al pueblo. “Una vez más la patria respetó a la gran mayoría de costarricenses que clamaban por borrar el error histórico de algunos de tratar de amedrentar al presidente de la República y por ende a la enorme mayoría de este pueblo que por la gracia de Dios hoy me apoya. Ayer ganaron Costa Rica, nuestra democracia y nuestro pueblo”, añadía Chaves.

El caso judicial, sin embargo, sigue activo hasta el momento en que Chaves pierda la inmunidad que le otorga el cargo. La Fiscalía sostiene que el mandatario tuvo responsabilidad en otorgar un beneficio indebido de 32.000 a un exasesor suyo con dinero correspondiente a un contrato pagado por el BCIE. Ese financiamiento alcanzaba la suma de 405.000 y correspondía a servicios de comunicación que brindó a la Presidencia de la República un empresario llamado Christian Bulagarelli, quien ahora es testigo clave de la acusación por el delito concusión que se atribuye a Chaves. También está acusado su entonces jefe de despacho, Jorge Rodríguez, quien, a diferencia del mandatario, ofreció despojarse voluntariamente de la inmunidad para afrontar un juicio.