Investigaciones judiciales en Costa Rica activan el embate del gobierno de Rodrigo Chaves contra el Ministerio Público

El Gobierno de Rodrigo Chaves lanzó esta semana una reacción sin precedentes en Costa Rica contra el Ministerio Público después de allanamientos y detenciones por posibles casos de corrupción que comprometen al Gobierno. “Amenazas”, “abuso de poder”, “hostigamiento” y hasta complicidad con grupos empresariales atribuyó el Ejecutivo al órgano judicial a cargo del fiscal general, Carlo Díaz, quien entra en la mira de los discursos confrontativos del mandatario. Cháves asegura que está “rescatando” al país de instiuciones que escapan al control presidencial.

La pugna en este país desacostumbrado a la hostilidad abierta entre poderes se activó esta semana después de una serie de operativos policiales por dos expedientes judiciales. Uno obedece a un presunto prevaricato y abuso de poder contra la empresa propietaria del principal periódico del país, La Nación, considerado por Chaves como enemigo político: el otro involucra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la poderosa entidad estatal que maneja la red de clínicas y hospitales públicos del país, así como el principal sistema de pensiones.

Por el caso del CCSS estuvo detenida durante 36 horas la presidenta ejecutiva de la institución y persona de confianza del gobernante, la exmagistrada Marta Esquivel, investigada por presuntamente liderar un contrato para administración de centros sanitarios de atención primaria con empresas privadas en condiciones sospechosas y con un sobreprecio millonario.

Ambos casos se suman medio centenar de causas judiciales en las que Rodrigo Chaves figura como sospechoso de diversos delitos. El presidente los atribuye a denuncias de opositores, dice, incómodos por sus políticas en contra de las élites y en favor del pueblo. Cháves tiene una popularidad del 54%, según una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR). Sin embargo, los operativos policiales a cargo del Ministerio Público desataron esta semana los reproches presidenciales. Además de un llamado a la población para “estar listos” ante las acciones del Poder Judicial por si hay que “actuar como sociedad”; un diputado opositor pidió al Ministerio Público abrir una nueva causa, esta vez por sedición.

Es una reacción no vista en los registros a pesar de otros procesos por corrupción que han afrontado gobiernos anteriores. Ocurre en una semana en que circularon en redes sociales contenidos anónimos que las autoridades judiciales catalogaron como “amenaza de muerte” contra el fiscal Carlo Díaz.

“No se ha visto algo así antes, pero tampoco podemos sorprendernos porque hace dos años hay un Poder Ejecutivo que no ha entendido que hay una división de poderes, que el Presidente de la República no es omnímodo y que tiene que rendir cuentas en mecanismos institucionales y constitucionales”, dice a EL PAÍS Francisco Dall’Anese, jefe del Ministerio Público entre 2003 y 2010 en Costa Rica y hasta 2013 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el órgano externo de apoyo al sistema judicial guatemalteco en la lucha contra la corrupción. Dall’Anese recuerda que ni siquiera en 2004 hubo tales descalificaciones al Ministerio Público, a pesar de los históricos procesos penales por corrupción en ese año contra los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, ambos del mismo partido que gobernaba en ese momento bajo el mando de Abel Pacheco.

En 2020, el Ministerio Público hizo un despliegue de allanamiento de la Casa Presidencial, por un caso que involucraba al mandatario Carlos Alvarado, pero “siempre ha habido un respeto por el trabajo judicial y por la institucionalidad”, añadió el exfiscal, quien atribuye a Chaves conductas propias de gobiernos populistas totalitarios. Y pone como ejemplos a Venezuela o El Salvador, o sistemas absorbidos por una red de corrupción como Guatemala. “No hemos llegado a eso, claro que no, pero la posición del Gobierno es un indicador negativo”, añadió Dall’Anese.

Una encuesta de la UCR decía en enero que 70% de la población consideraba que la corrupción había empeorado en 2023, aunque el liderazgo de tipo “personalista” de Chaves le permitía esquivar el costo político, según los investigadores del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), perteneciente a esa universidad estatal que también ha recibido los dardos del Ejecutivo.

Son varias las instituciones estatales que el mandatario critica en cada discurso, a las que ahora se suma el Ministerio Público con un tono más fuerte. Entre ellas está la Contraloría General de la República (CGR), a la que considera un estorbo para los proyectos del Gobierno. También despotrica contra las bancadas opositoras que dominan la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) Rodrigo Arias, sobre quien también circularon audios el martes con tono de amenaza de muerte. Esto ocurre cuatro meses después de que se abrió otra causa contra una mujer de apellido Rueda, quien en sus redes sociales escribió contra Chaves al decir que “amerita un francotirador”, en ocasión de una frase del mandatario sobre asuntos ambientales por los que también se le investiga en el ámbito penal.

Contra la “institucionalidad”

Los detractores de Chaves lo responsabilizan por haber atizado el ambiente con críticas a la “institucionalidad”, un concepto al que el mandatario suele referirse con rechazo o sarcasmo. “Es una muestra más de la institucionalidad, en este caso de la Fiscalía, y de la Sala Penal y su presidenta, la magistrada Patricia Solano, siendo personas que capturaron esas instituciones para tratar de dañar al gobierno, tratar de hostigarme y tratar de callarme.”, dijo antes de insinuar que el fiscal Díaz responde a los intereses económicos como los de Grupo Nación, la compañía editora del diario La Nación, que en campaña electoral Chaves prometió destruir.

Grupo Nación es propietaria de Parque Viva, un centro de eventos masivos que fue cerrado en 2022 por una orden sanitaria ante el trastorno vial que provocaban los conciertos. La Sala Constitucional condenn más tarde al Ejecutivo por un ataque indirecto a la libertad de prensa. Eso dio pie a un expediente judicial por supuesto “abuso de poder” de Chaves. Las investigaciones judiciales continúan y por ello los allanamientos en el Ministerio de Salud el miércoles 18 de septiembre, con presencia de Díaz, lo que desató el enojo del mandatario.

Cinco días después hubo 28 allanamientos simultáneos, incluida la casa de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, quien estuvo detenida hasta la noche del martes, al igual que cuatro directivos de la institución cuyo presupuesto es cercano a 12.535 millones de dólares. Con base en una auditoría institucional, la Fiscalía sospecha que los imputados influyeron en un proceso para contratar por 10 años la administración de 138 clínicas de atención primaria en condiciones “excesivas” y con un costo adicional de casi 24 millones de dólares anuales, aunque el contrato no ha entrado en ejecución. En la conferencia de prensa de este miércoles, Chaves pidió a su gabinete un aplauso para Esquival y el resto de los imputados.

En esta causa la sospecha del Ministerio Público apunta a supuestas reuniones previas entre las autoridades y representantes de las empresas contratadas, organizaciones que forman parte del movimiento cooperativo cuyos dirigentes manifestaron en julio el apoyo al plan de Chaves de convocar un referendo nacional, una propuesta que ha sido objetada por el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa.

Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, rechazó las acusaciones del Ejecutivo y pidió evitar los enfrentamientos, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lamentó lo que considera es una afrenta gubernamental contra principios del funcionamiento institucional por los que se reconoce la democracia costarricense internacionalmente. “Esto es grave en circunstancias normales, y más aún en estos momentos en que estamos asediados por la creciente inseguridad. Nuestras calles se han convertido en un escenario de crímenes y venganzas, protagonizadas por las mafias y el narcotráfico”, recordó el legislador.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.