Brasil, o la justicia a la defensa de la democracia

El Tribunal Supremo de Brasil ha adoptado una decisión histórica condenando a más de veinte años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro y otras altas autoridades civiles y políticas por intentar destruir la democracia a través de un golpe de estado. Un fallo contundente de 4 votos contra 1 que ratifica una condena de primera instancia. Una decisión inédita a nivel internacional donde intentos de golpe de Estado terminan habitualmente sin sanciones formales para sus perpetradores. Por el contrario, la justicia en Brasil ha decido dar un paso al frente enviando un claro mensaje de defensa irrestricta de las reglas, instituciones y del régimen democrático, con implicancias no sólo para las disputas políticas internas en el país, sino para la toda la región y el mundo en un contexto geopolítico extremadamente adverso.

El asalto del Parlamento y la coordinación entre actores institucionales y políticos para intentar bloquear el traspaso pacifico de poder en 2022, desconociendo los resultados electorales, fue gravísimo, pero coherente con el proceso de erosión democrática que Brasil vivió desde la investidura de Bolsonaro. Durante su Gobierno, el país retrocedió en varios aspectos constitutivos de la democracia, proliferando el despliegue de tácticas sistemáticas de desinformación en redes sociales, ataques a la prensa y un discurso basado en desacreditar a opositores, autoridades judiciales y al propio Tribunal Electoral.

Pese a esta presión, las instituciones brasileñas demostraron su resiliencia y las elecciones funcionaron como un mecanismo efectivo de cambio en manos de la ciudadanía. Ahora bien, esta misma virtud de las elecciones también las ha vuelto blanco frecuente de ataques y, al analizar un panorama más amplio, podemos ver que Brasil no es un caso aislado.

De acuerdo con los datos de IDEA Internacional, entre el 2020 y el 2024, casi el 20% de las elecciones en el mundo experimentaron algún tipo de boicot, los perdedores no quisieron reconocer los resultados, o estuvieron cruzadas por procesos de judicialización para impugnarlos. En América Latina durante ese periodo, una de cada tres elecciones sufrió la misma suerte. Los intentos por socavar la institucionalidad electoral son parte del manual de estrategias de movimientos y líderes iliberales, que desconfían de los contrapesos y utilizan la desinformación como herramientas políticas. Lo que ha impactado severamente la credibilidad y confianza en las elecciones en la región.

De acuerdo con Latinobarómetro, en 2024 el 61% de los latinoamericanos afirmó que sus elecciones eran fraudulentas en términos generales. Una tendencia que se repite en Brasil, dónde sólo un 32% manifestó confianza en su libertad, dando cuenta de lo difícil que es reparar el daño causado en las percepciones públicas.

Que las instituciones autónomas del Estado como el Tribunal Supremo de Brasil asuman un rol proactivo en defensa de las reglas democráticas es un ejemplo y un precedente muy relevante. Muestra que incluso en condiciones adversas los órganos de contrapeso autónomos del poder político, y que cumplen con altos estándares de profesionalismo y competencias técnicas, son vitales para proteger la democracia de la polarización extrema, o intentos radicales de subvertir las reglas del juego. Algo que es más la excepción que la regla en América Latina, donde la debilidad de los estados de derecho continúa siendo una característica estructural de las democracias.

El fallo es y será ciertamente controversial. Los seguidores de Bolsonaro han intentado desacreditar a jueces y al propio Tribunal, y están desde ya impulsando una estrategia legislativa para amnistiar los delitos incluso antes que se comiencen a cumplir las penas. Está por verse además si la condena puede agudizar la polarización e incluso gatillar violencia política y/o dirigida a las instituciones de justicia. Mientras que, desde fuera del país, Estados Unidos ha amenazado con aplicar sanciones comerciales, y potencialmente perseguir individualmente a los jueces que han adoptado esta decisión.

De ahí que la osadía y convicción del Tribunal sea aún relevante, incluyendo el sólido liderazgo de la única mujer integrante y presidenta del Supremo, la magistrada Carmen Lucía, quién justificó su voto argumentando que estaba acreditado que el ex presidente: “Desarrolló e implementó un plan sistemático contra las instituciones democráticas con el fin de perjudicar la alternancia legitima en el poder tras las elecciones del 2022 y minar el libre ejercicio de los otros poderes constitucionales, especialmente el judicial”.

Si este fallo hubiera sido adoptado en un país con debilidad en su Estado de derecho, o donde el poder ejecutivo hubiese logrado cooptar a todos los poderes del Estado, la señal sería diametralmente distinta. Pero, así como lo constata el informe 2025 sobre el Estado Global de la Democracia recientemente publicado por IDEA Internacional, Brasil es uno de los países del mundo que ha tenido una trayectoria de fortalecimiento democrático en los últimos años, mejorando en 10 indicadores incluyendo capacidad estatal para hacer cumplir las leyes, igualdad política, democracia local, ausencia de corrupción, libertades civiles, gobierno electo, integridad personal y seguridad, con las alzas más significativas en parlamento efectivo, fortaleza de la sociedad civil, y muy especialmente, independencia judicial.

El proceso judicial, y sobre todo político, en Brasil continuará. Pero el precedente marcado ya existe, y la advertencia es clara para quienes no quieren respetar las reglas del juego o buscan socavar la voluntad popular a través de la violencia y la desinformación: no habrá impunidad para quienes quieren destruir la democracia.