El caso de José Rubén Zamora: así opera la “venganza del pacto de corruptos” en Guatemala

José Carlos Zamora, hijo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, dice sentirse “impactado” por la revelación hecha por el juez que lleva el caso de su padre, Erick García, quien ha denunciado amenazas en su contra y contra el personal del juzgado donde trabaja mientras ha desarrollado el proceso contra el director del extinto diario elPeriódico. El juez, presionado por la cúpula del Poder Judicial, ordenó el regreso a prisión del periodista, lo que para José Carlos Zamora es una “venganza” de lo que él llama el “pacto de corruptos” que tiene secuestrada a la justicia de Guatemala, en referencia a una poderosa red de fuerzas políticas y económicas que presionan para mantener la impunidad y corrupción en el país centroamericano. “Es un castigo contra mi papá por hacer periodismo. Las personas que están detrás de esta persecución forman una célula criminal que debe ser desarticulada”, afirma Zamora.

Esta semana, y tras anunciar que cumplía con la orden de una Sala judicial superior que ordenó retirar el arresto domiciliario a Zamora, el juez García denunció que él y su equipo habían recibido mensajes intimidatorios de “personas desconocidas”, sin dar más detalles sobre el tipo de amenazas. La denuncia, sin embargo, es una muestra del difícil entorno en el que trabaja el personal judicial de Guatemala, un país con altos índices de impunidad. “¿Cómo puede haber justicia en un contexto como ese?, francamente creo es heroico trabajar así”, dijo el periodista Zamora tras conocer la decisión del juez, al que reconoció su desempeño durante el proceso a pesar de las presiones que recibe.

Zamora fue detenido en julio de 2022 acusado de lavado de dinero y pasó más de 800 días en la cárcel militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, en donde denunció tortura y de donde salió con medida sustitutiva en octubre del año pasado. Para su hijo, se trata de una persecución política por el trabajo del periodista, que desde elPeriódico denunció graves casos de corrupción que involucraban al expresidente Alejandro Giammattei y varios integrantes de su Gobierno. Claudia Paz y Paz, exfiscal guatemalteca y directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asegura que con “connivencia” del Ejecutivo del expresidente Giammattei y un Congreso corrupto, los sectores que se vieron afectados por las investigaciones realizadas por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) “tomaron” el sistema judicial e iniciaron una cacería contra las voces que abogaban por el fin de la impunidad, así como contra los periodistas que revelaron casos de corrupción.

“Durante un breve periodo de tiempo, en Guatemala tuvimos un avance sin precedentes en el sistema de justicia, que la presencia de CICIG ayudó a forjar. Por ejemplo, se revelaron enormes casos de corrupción, porque la corrupción no era una excepción, sino que era la forma de hacer política en el país. Esto obviamente provocó una reacción de los sectores que se sintieron afectados. Por supuesto, élites políticas, pero también parte de las élites económicas, militares en casos de graves violaciones de derechos humanos, y arremetieron en contra de estos avances. Lo primero fue la expulsión de la CICIG y luego la toma del Ministerio Público, de la Corte de Constitucionalidad y de partes muy importantes del Poder Judicial en general. Ellos actuaban en la época del presidente Giammattei, en connivencia con el Ejecutivo y también con el Congreso”, explica Paz y Paz.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó en 2024 Giammattei y le prohibió su entrada al país por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”. Según indicó en un comunicado el portavoz de esa oficina, Matthew Miller, disponen de “información fidedigna” que indica que el exmandatario “aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato”. El anuncio se produjo solo tres días después de que Giammattei dejara el poder a favor del ganador de las elecciones de agosto de ese año, Bernardo Arévalo. “La llegada del presidente Arévalo significó un quiebre en esa estructura que en aquellos años funcionaba desde todos los poderes del Estado, pero sigue teniendo desafíos porque la fiscal general sí continúa en su puesto e igual que la actual Corte de Constitucionalidad”, dice Paz y Paz.

La fiscal Consuelo Porras, acusada de entorpecer la lucha anticorrupción, tuvo el respaldo absoluto del exmandatario y se mantiene en su cargo, convirtiéndose en la principal piedra en el zapato de Arévalo y su cruzada contra la impunidad. Porras es, según los analistas consultados, una figura fundamental de ese pacto de corruptos que mantiene secuestrada la justicia guatemalteca y quien ordena desde su posición privilegiada la persecución contra quienes denunciaron los abusos en los pasados gobiernos. “Estas autoridades continúan en sus puestos a pesar de haber sido señaladas. En el caso de la fiscal general, por ejemplo, ha sido señalada por más de 40 países. Siguen ejerciendo su mandato y siguen actuando desde ahí para criminalizar, es decir, que tienen dos frentes: por un lado, procurar la impunidad en los grandes casos de corrupción y, por el otro, criminalizar a quien se pone enfrente de ellos, periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales que están actuando con integridad”, señala Paz y Paz.

Arévalo denuncia la “criminalización de la justicia”

Tras conocer la nueva orden judicial contra Zamora, el presidente Arévalo denunció el caso como “absolutamente espurio” y dijo que “devela lo peor de la crisis” en el sistema judicial, además de evidenciar las estrategias de criminalización que se están siguiendo desde la fiscalía controlada por Porras. “No es solo José Rubén Zamora exclusivamente quien está afectado, no son únicamente los periodistas, quienes están siendo intimidados y amenazados. Es el pueblo de Guatemala el que sufre ante una continuación de manipulación y criminalización del aparato de justicia”, señaló Arévalo. A pesar de las denuncias del mandatario, su Gobierno ha fallado en cumplir una de sus principales promesas de campaña, la de combatir la corrupción que carcome a su país.

El analista Manfredo Marroquín asegura que la podredumbre del sistema es tal que hay políticos señalados por corrupción que controlan como parcelas de poder algunas salas del sistema judicial, cuyos jueces cumplen con obediencia sus órdenes. “Este sistema judicial está en modo venganza. A raíz de la experiencia de la CICIG, que se juzgó a tantos políticos, empresarios y militares, lo que hicieron luego fue coartar la justicia y utilizar a los jueces que se prestan a eso para llevar a cabo una venganza política contra todos aquellos que apoyaron el proyecto de la CICIG”, afirma.

Marroquín lamenta que Arévalo no haya aprovechado el apoyo popular que lo llevó al poder para emprender una limpieza del sistema judicial. “Ese poder de las calles nadie lo ha tenido nunca y él lo tenía que haber usado. Pero no lo quiso usar, yo creo que muy equivocadamente. A él le vendieron la idea de que si mantienen el poder en la presidencia, ya eso es un avance democrático, cosa que está probándose que es falso, porque el país requiere cambios profundos, reformas como la de la justicia”, analiza. “Parece que la lectura es: no vamos a alterar los poderes, pero tampoco nos pueden tocar a nosotros, pero esa equivalencia es errónea, porque él sí pudo haber hecho mucho más, pudo haber destituido a la fiscal, pudo haber convocado una reforma constitucional para reformar el sector de justicia. Tenía todo el combustible político para prácticamente hacer lo que quisiera, llegar a donde quisiera”.

Mientras el presidente se desgasta en su mandato, la maquinaria corrupta que mueve la justicia en Guatemala sigue su cacería contra quienes han denunciado los abusos, como el periodista Zamora. Su hijo, José Carlos, dice que la defensa del periodista se ha movilizado para exigir a la Corte Suprema de Justicia que conozca los amparos presentados a favor de Zamora y que respete el principio de inocencia. Además, solicitarán otra audiencia para que los jueces revisen nuevamente las medidas sustitutivas y otorguen otro arresto domiciliario. “Le hacemos un llamado al presidente Arévalo para que reconozca que estas no son instituciones, ni se trata de división de poderes, sino que las personas que están detrás de esta persecución son una célula criminal y necesita ser desarticulada”, dice Zamora. Asegura que su papá, el periodista detenido por denunciar la corrupción, aguanta esta nueva arremetida judicial con “fuerza y resiliencia”. “Está tranquilo, en paz, aunque no deja de ser frustrante. Sigue firme y ha dicho que va a mostrar su inocencia”, asegura.