Bernardo Arévalo: “Vamos a cerrar el capítulo de la corrupción brutal”

Entre el Bernardo Arévalo (Montevideo, 65 años) que no aparecía en una sola quiniela para ganar las elecciones en junio y el presidente de Guatemala, hay una decena de personas de diferencia: las que este sábado lo rodean allá donde va en un hotel de la zona 10 de la capital. Asesores y personal de seguridad se afanan alrededor de este sociólogo y exdiputado mientras atiende a los medios, saluda al teléfono de una tiktoker que le pide emocionada un saludo para sus seguidores o se reúne con las delegaciones que lo visitan por su investidura: desde el Rey de España, a los embajadores de la Organización de Estados Americanos o el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Sus ojos delatan cansancio después de seis meses dando forma a un plan de Gobierno para cumplir la promesa de luchar contra la corrupción mientras se enfrentaba a un auténtico viacrucis de procesos judiciales, pero él dice que se siente “energizado”. El hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951) ha denunciado en los últimos meses un intento de golpe de Estado perpetrado por el Ministerio Público que encabeza la fiscal Consuelo Porras para evitar su investidura y quitarse del medio a su partido, el Movimiento Semilla.

Antes de aterrizar de manera sorpresiva en la primera línea de la política latinoamericana, Arévalo ya era reconocido por su carácter dialogante y su trayectoria en resolución de conflictos, dos características que le serán muy útiles ante la difícil tarea que se ha propuesto de “recuperar las instituciones y combatir la corrupción” para poder después llevar el desarrollo al país. Lo hará con parte del poder judicial en contra y con minoría en el Congreso.

Consciente de las expectativas que ha generado su propuesta de cambio en un sector de la población, el presidente electo espera que los guatemaltecos comprendan el reto que enfrenta el Gobierno para cumplir con sus ofertas electorales. “Las necesidades del país son enormes en cada uno de los ámbitos. No lo vamos a resolver en cuatro años, pero sí podemos sentar las bases de una forma diferente de hacer gobierno, y creo que eso es lo que la gente va a juzgar”, dice el presidente electo en una entrevista con EL PAÍS el día anterior de su investidura.

Pregunta. ¿Se esperaba que la transición fuera tan difícil?

Respuesta. No. Hemos tenido un periodo de transición de seis meses que ha sido una carrera de obstáculos, en el que cada mañana uno se levantaba a ver qué nueva barbaridad se les había ocurrido a los corruptos, y no hemos terminado. Estamos esperando a ver qué hacen entre hoy [sábado] y mañana [domingo] a las cuatro de la tarde [11 de la noche en la España peninsular], pero ha sido también un periodo donde lo que ha sido muy energizante es constatar que precisamente estas dificultades han catalizado la voluntad del pueblo guatemalteco y ha habido un fortalecimiento de esa convicción de que no podemos volver atrás, de que ya hubo un resultado electoral, que ese resultado electoral implica darle una vuelta a la página de la historia, cerrar el capítulo de esa corrupción brutal y comenzar a construir los cimientos de una sociedad democrática en donde las instituciones efectivamente estén al servicio del pueblo.

P. Pone de plazo hasta las cuatro de la tarde del domingo. ¿Qué esperan que pase?

R. Bueno, mañana tenemos que ver qué sucede en el Congreso, cuál es el resultado de las discusiones que hay alrededor de la junta directiva, si vamos a tener una junta directiva constructiva, con la que se va a poder trabajar, o si va a quedar en manos del actual partido de Gobierno que, ya lo hemos visto, su único propósito va a ser tratar de torpedear toda acción política. No sabemos si legalmente se les puede llegar a ocurrir algún despropósito, aunque la Corte de Constitucionalidad cada vez ha sido más categórica y ha ido salvando los espacios a eso, así que estaremos esperando, pero con la confianza de que al final eso no va a cambiar el resultado ni el hecho de que vamos a tomar posesión.

P. Su principal oferta electoral fue la lucha anticorrupción. ¿Cómo se va a concretar exactamente? Ha hablado de crear una Comisión Nacional Contra la Corrupción.

R. No va a ser una comisión gubernamental que esté supeditada al presidente de la República ni a nadie, sino que va a ser autónoma. Va a haber funcionarios de Gobierno, pero también funcionarios de la sociedad civil que van a estar participando en mayoría para evitar que haya sospechas. Esta Comisión Nacional Anticorrupción va a tener una tarea que va a ser avanzar en la construcción de un sistema nacional anticorrupción mediante, por un lado, el diseño de mecanismos y estrategias que sirvan para ir poniéndole freno a las prácticas de corrupción que existen en los distintos ámbitos de la institucionalidad pública y, por el otro lado, para monitorear la acción de las instituciones de todos los poderes, el poder ejecutivo muy particularmente para asegurarse que efectivamente los objetivos de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción se están cumpliendo.

P. En el caso de Consuelo Porras, usted ha sido muy claro: va a pedir su renuncia, pero es muy probable que ella se resista. ¿Qué mecanismos tienen previsto implementar si eso sucede?

R. Nosotros estamos examinando desde el punto de vista legal cuáles son las vías que tenemos para que, en el caso de que ella no quiera renunciar, nosotros podamos avanzar para lograr quitarla de esa función.

P. En la presentación de su Gabinete, usted reconoció que tiene una deuda con las comunidades indígenas. Solo hay una ministra de 14 que representa a los pueblos originarios, pese a que ellos han permitido con su resistencia que usted sea investido. ¿Por qué le ha resultado tan difícil y de qué manera su Gobierno va a tratar de saldar esa deuda?

R. Primero: lo reconocimos; segundo: nosotros llevamos varios viceministros y secretarios indígenas. Lo que sucede es que existen razones estructurales que limitan la oferta: la discriminación histórica, la negación del acceso a la educación que existe y que afecta a los pueblos indígenas ha hecho que la disponibilidad de cuadros profesionales indígenas sea menor que en el resto de la población. Por otra parte, tampoco hay conocimiento de la disponibilidad, de manera que lo que hemos empezado a hacer es a construir un banco de profesionales indígenas, pero lo hemos hecho en diálogo con el liderazgo indígena para a partir de ahí empezar a identificar a aquellas personas que pueden llegar a ocupar esas posiciones.

P. Otra de las críticas que ha recibido respecto al Gabinete viene de sectores más progresistas por algunos ministros que se les asocia como cercanos al Cacif [la principal cámara empresarial]. ¿Ha habido algún cambio en su visión de la relación con la empresa privada desde que ganó las elecciones, algún tipo de negociación?

R. No ha habido ninguna negociación.

P. ¿Diálogos?

R. Diálogos hemos tenido con el Cacif, con las organizaciones empresariales que no son parte del Cacif, con las organizaciones campesinas, con los organismos indígenas, con las organizaciones de mujeres… Nosotros hemos abierto un proceso de diálogo con los sectores, de manera que las decisiones que estamos tomando no resultan de negociaciones que se hacen en ese sentido tradicional y que, entonces, el Cacif nos dice: “Tómame dos”. Lo que hemos hecho es seleccionar los que vienen de los distintos ámbitos a partir de la experiencia que tienen y, en los ámbitos en donde hemos identificado a personas que vienen de experiencia del sector privado, es porque tienen la experiencia necesaria y la capacidad necesaria para hacerla en ese momento.

P. En este contexto de judicialización de su partido, ¿le ha costado conformar un Gabinete? ¿Le ha dicho mucha gente que no, quizás por temor a una persecución?

R. Hemos tenido muchísima gente y de todo tipo. Hemos tenido candidaturas de viceministros, candidaturas de viceministros indígenas que nos han dicho que no. Es algo generalizado. No es fácil decirle que sí a alguna oferta de gabinete en un Gobierno que llega con retos importantes.

P. El papel de la comunidad internacional también ha sido muy importante para condenar las interferencias judiciales en el traspaso de poder. ¿Qué esperan ahora esos países de usted, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos?

R. Lo que esperan de nosotros es una conducta consecuente con nuestro compromiso con el sistema democrático. Nosotros lo que necesitamos es crear instituciones que cumplan efectivamente con su función y que, entonces, empiecen a asumir los retos que les corresponde de desarrollo. EE UU, por ejemplo, está muy interesado en tener un compromiso real en la lucha contra el narcotráfico, que es casi imposible en un Gobierno que está minado por la corrupción. Los países fronterizos quieren hablar de temas como la migración y están interesados en ver que hay efectivamente un Gobierno que no está dispuesto a rendirse a las redes de tráfico de personas que están funcionando. Yo creo que hemos tenido un apoyo internacional tan amplio y tan variado desde el punto de vista ideológico, que lo único que demuestra es que se ha identificado claramente que lo que hay en Guatemala es una lucha por la institucionalidad democrática.