Daniel Ortega hace de Nicaragua un refugio para condenados por corrupción y criminales

La Embajada de Nicaragua en Panamá se ubica en la urbanización La Alameda, un barrio de clase media en Ciudad de Panamá. La usual tranquilidad del vecindario se vio interrumpida desde el miércoles 7 de febrero cuando se conoció que el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y blanqueo de capitales a gran escala, se refugió en la legación del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los empleados de Martinelli empezaron a llegar ese día con camiones y camionetas a descargar una serie de mercancías a la vieja casa de techo con tejas rotas y paredes y rejas de pintura desconchada. De acuerdo con el diario La Prensa de Panamá, al expresidente le llevaron dos aparatos de aire acondicionado marca Nisato, un televisor de 32 pulgadas y otro de 65 pulgadas marca RGA; un gran tanque de agua, un asador a gas tamaño familiar y hasta su mascota: un perro llamado Bruno.

La presencia de Martinelli ha causado un rifirrafe diplomático entre el Gobierno de Panamá y el de Ortega-Murillo. Ese mismo miércoles, Managua le otorgó al expresidente y aspirante a la reelección asilo político. “De conformidad con la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por nuestro país, y reconociendo que el asilo es una institución de carácter humanitario y que todas las personas pueden estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad, Nicaragua decidió otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá”, indicó la Cancillería sandinista.

Sin embargo, Panamá ha rechazado de plano la concesión de asilo ya que alegan que Martinelli no es un perseguido político, sino un delincuente condenado a más de diez años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.

Managua solicitó al Ejecutivo panameño un “salvoconducto” para que Martinelli pueda viajar a Nicaragua a refugiarse. La solicitud fue denegada por Panamá y la Cancillería convocó a la embajadora de Nicaragua, la periodista Consuelo Sandoval Meza, para entregarle el rechazo a la solicitud del salvoconducto. “Toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas”, advirtió la cancillería panameña.

130 pasaportes para corruptos y aliados

Mientras Martinelli continúa instalado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, su caso ha revivido un patrón del Gobierno de Ortega-Murillo: disponer a Nicaragua como refugio de corruptos y criminales que evaden la justicia en sus países de origen.

Los casos más emblemáticos son el de los dos expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quienes son requeridos por temas de desvío de fondos públicos y corrupción. Ambos exmandatarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron asilados junto con sus respectivas familias y más tarde recibieron todos por parte de la pareja presidencial la nacionalidad nicaragüense para que no puedan ser extraditados.

Otros que recientemente fueron asilados y declarados nicaragüenses por el Gobierno sandinista fueron Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, dos funcionarios muy cercanos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. En 2018, el guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo fue asilado en Nicaragua, ya que huía del señalamiento de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) de estafar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Ortega también brindó asilo político en 2008 a Doris Torres, Martha Pérez y Lucía Morett, tres guerrilleras de las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El exguerrillero Mario Eduardo Firmenich es también otro refugiado de los Ortega-Murillo. Él lideraba la organización Montoneros en Argentina en la década de los setenta y fue indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem.

De acuerdo con un recuento del diario Confidencial, Ortega “ha regalado 130 nacionalidades a aliados políticos y prófugos de la justicia” en los últimos dos años. “Varios de esos procesos de naturalización se hicieron incumpliendo las leyes migratorias nicaragüenses, de la misma manera en que fueron violadas al despojar a 317 nicaragüenses de su nacionalidad y convertirlos en apátridas”, reseña el medio de comunicación que fue confiscado por el régimen sandinista.

“Ortega no está dando asilo a personas que corren riesgos políticos, a personas a las que se les han violentado sus derechos, sino más bien está albergando a delincuentes que ya fueron condenados y no quieren pagar ante la justicia el daño que hicieron en sus países”, criticó Luciano García, opositor exiliado en Costa Rica y director de la organización Hagamos Democracia.

Hasta Pablo Escobar

La decisión de ofrecer refugio a condenados o criminales es un patrón de vieja data del Frente Sandinista y Ortega. Hace 36 años llegó a Nicaragua el italiano Alessio Casimirri, prófugo por secuestrar y asesinar en 1978 al primer ministro Aldo Moro. Casimirri opera con placidez en Managua, propiamente en Carretera Sur, donde es propietario de un fino restaurante que se especializa en mariscos: La Cueva del Buzo.

En los ochenta, durante el primer Gobierno sandinista y cuando el Cartel de Medellín estaba en ascenso, los narcotraficantes Pablo Escobar y su socio, Carlos Lehder, encontraron refugio en Nicaragua. “Me asignaron como vivienda una amplia casa de protocolo diplomático, a la cual lo único que llevé fue mi fusil G3 y demás armamento personal, un morral cargado de dólares, mi potente radio de comunicaciones HF Global y mi radio Zenith, que usaba en el día para escuchar música, y por la noche para monitorear las emisoras de Colombia y La Voz de Alemania (Deutsche Welle)”, relata Lehder en su libro titulado Vida y Muerte del Cartel de Medellín, que ha sido recién publicado por Penguin Random House.

Ahora, con el caso de asilo político de Ricardo Martinelli en desarrollo, el opositor y desterrado político Félix Maradiaga cree que esa práctica distorsiona el propósito del asilo político, “que debería proteger a quienes realmente son perseguidos por sus ideales y no servir como refugio para aquellos evadidos de la justicia por actos de corrupción comprobados”.

“El hecho de que Nicaragua se haya convertido en santuario para individuos como Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y Ricardo Martinelli, todos bajo acusaciones serias de corrupción e investigados bajo el debido proceso, contradice los principios del derecho internacional y mancha la integridad de cualquier sistema de asilo legítimo. Esta ironía, donde se acoge a criminales mientras se despoja de la nacionalidad a patriotas, erosiona la justicia y la igualdad ante la ley, perpetuando la impunidad y deshonrando la dignidad nacional”, dice a EL PAÍS Maradiaga, quien hace un año fue desterrado junto a otros 221 presos políticos. “Al brindar refugio a criminales, Ortega traiciona a su pueblo y mancilla la dignidad nacional, consolidando un legado de complicidad con la criminalidad y la impunidad”, insistió.

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