Colombia es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra

Todos pensaron que debieron irse del Cesar. Que llevaban años recibiendo amenazas y que tarde o temprano pasaría; que matarían a Teófilo Acuña y a Jorge Tafur. El activismo contra el paramilitarismo y los grandes terratenientes de la región les iba a pasar factura. Ellos también lo presentían, pero decidieron quedarse y seguir en el proceso de recuperación de territorio campesino que empezaron a finales de los noventa. El 22 de febrero de 2022, dos sicarios llegaron caminando al municipio de San Martín y los asesinaron a balazos frente a familiares y amigos, tras años en disputas y amenazas con miembros de la Alcaldía. “¿Debieron haber migrado?”, se pregunta una y otra vez Nadia Umaña, compañera de luchas y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Colombia. “Creo que las preguntas que nos tenemos que hacer son otras: ¿Dónde estaba el Estado cuando nos amenazaron por defender la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a valer más muertos que vivos?”.

Ni los esquemas de seguridad, ni las denuncias, ni el historial de violencia contra los líderes ambientales de Colombia son suficientes para evitar la sangría de homicidios de defensores del territorio. Al menos 60 fueron asesinados en el país andino en 2022, según el último conteo de Global Witness. El país, que duplicó esta cifra de un año para otro, ha enterrado casi dos tercios de los 177 ecologistas muertos en el mundo. “Lo peor de esta escalofriante cifra es que sabemos que representa solo una pequeña gota en un océano de violencia”, lamenta Gabriella Bianchini, investigadora de la Global Witness. “Ellos protegen el territorio de todos, pero nadie los protege a ellos”.

La tendencia asusta. América Latina mantiene el deshonroso título de ser la región más mortífera para los activistas y acumula nueve de cada diez de estas muertes violentas que, desde 2012, suman 1.910 personas. Un activista cada dos días. Protectores de las ciénagas, líderes de comunidades indígenas invadidas, cuidadores de la Amazonía, defensores de los campesinos, voceros afrodescendientes. Elegir proteger el territorio, sea el que sea, es una sentencia de muerte. Umaña y otros cuatro compañeros del Cesar migraron hace más de un año a Bogotá, tras enterrar a cinco miembros de la organización en la última década. “Es injusto tener que decidir entre el desarraigo o la muerte. Los voceros no tenemos que ser mártires. Yo doy mi vida por la lucha campesina, sí, pero quiero morir con 90 años, de vieja. Aporto mucho más a mi comunidad viva”.

Para Lourdes Castro, activista de derechos humanos y coordinadora de Somos defensores, lo que está detrás de estos asesinatos es el interés económico. “Legal o ilegal. A los líderes se les estigmatiza diciéndoles que son enemigos del desarrollo económico. Pero hay que cuestionarse cuál es el desarrollo que estamos apoyando”, dice. Si bien es complejo conocer a ciencia cierta los autores intelectuales -pues son muy pocos los casos que acaban judicializados y menos aún los que cuentan con sentencia-, de acuerdo con las estimaciones de la organización más del 60% de estos crímenes están vinculados con el agronegocio, la minería y la extracción de madera.

“Los activistas molestamos a los poderosos”, defiende Castro. La forma de apagar sus voces es la misma de Sonora, en México, a Tierra del Fuego, en Argentina. Acoso, intimidación, violencia sexual, criminalización y amenazas que se amontonan hasta cumplirse. Muchos no lo denuncian. “¿Para qué?”, se pregunta Sofía Rivas, hermana de Hipólito Rivas, asesinado en Honduras en enero de 2023. “A él lo mataron igualmente, hasta con medidas de protección. Lo que consiguen es que muchos nos veamos forzados a huir. Los que nos quedamos, ya sabemos a qué nos enfrentamos”. Y quienes sí denuncian, lamentan los oídos sordos de las instituciones. “Parece que a los Gobiernos también les interesa mantenernos callados”, explica a América Futura Víctor Vásquez, líder indígena de Simpinula, al sur del país centroamericano, meses después de haber sido denunciado por su propio escolta.

Honduras es el país con mayor tasa de homicidios a activistas per cápita. Con apenas 10 millones de habitantes, perdió 14 líderes en 2022. Más de uno al mes. Aunque Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se comprometió a proteger a los defensores, en los cuatro primeros meses del año ya reportaron al menos ocho asesinatos. Para Víctor Fernández, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, las medidas de protección no están ni cerca de ser suficientes: “A estas alturas, la agroindustria ya ha logrado un nivel de relación con la institucionalidad que, además de permitirles la violencia, les garantiza impunidad”.

Comunidades indígenas: un tercio de los asesinados

Brasil perdió 34 líderes, frente a los 26 de 2021. Un aumento que los investigadores achacan a las políticas del entonces presidente Jair Bolsonaro, que favorecieron la explotación de la Amazonia y las invasiones ilegales en territorio indígena. En México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída notable, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Sin embargo, los ataques no mortales siguen siendo una constante en el día a día de los defensores y dificultan su trabajo. El miedo no se va.

La investigación, publicada este martes, concluyó que las comunidades indígenas del mundo se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ya que fueron víctimas de más de un tercio (34%) de los asesinatos a líderes, a pesar de que sólo constituyen el 5% de la población mundial. “Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática”, dijo Laura Furones, asesora principal de la campaña de Global Witness, durante la presentación del informe. “Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediando precisamente por llevar a cabo esa labor [...] Las medidas contra la creciente emergencia climática y la defensa de los derechos humanos deben ir a la par”.

La tendencia violenta es una consecuencia de políticas débiles, sin apenas presupuesto y con poca capacidad de reacción. Si bien salvaguardar a los líderes es el corazón del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, solo 16 países lo han ratificado. Las naciones que no lo han hecho son Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana. Colombia fue el último en adherirse tras dos años de atrasos en el Congreso. Este entrará en vigor en unos meses. “El Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado voluntad política”, narra Lourdes Castro. “Que reconozca que sí existen violencias contra nosotros es algo histórico. Pero no hay tiempo que perder para implementar políticas nacionales que lo materialicen”. Este pacto incluye una para mayor transparencia para acceder a la información, justicia ambiental y mejor protección de líderes.

Hasta ahora, los mecanismos varían en función de cada país. Estas medidas suelen incluir patrullas semanales o quincenales, llamadas de monitoreo o esquemas de seguridad individuales o colectivos permanentes. Sin embargo, la demanda supera los recursos. O los requisitos para recibir los esquemas de seguridad dejan por fuera a cientos. En Colombia, según datos oficiales, hay 5.038 líderes y defensores de derechos humanos con medidas de protección concedidas. En Brasil son 506. En Honduras estos datos no son públicos. “Las medidas de protección no suelen ser suficientes y muchos de los liderazgos no califican para beneficiarse de ellas”, lamenta Bianchini.

La Amazonía, en jaque

Si hay un lugar del globo amenazado por grupos armados es la Amazonía. Este es uno de los puntos calientes de la violencia contra los defensores. En estas 6,9 millones de hectáreas, uno de los rincones más biodiversos del mundo, murieron 39 ambientalistas en 2022. El desenlace de estos crímenes suelen ser idénticos: un puñado de organismos internacionales que condenan lo sucedido, Gobiernos locales y nacionales que se comprometen a tomar medidas, una comunidad en luto y condenas que casi nunca llegan. Según los expertos, la impunidad de los crímenes fomenta nuevas agresiones.

En junio de 2022, hubo un caso que dio la vuelta al mundo. El asesinato del periodista británico de The Guardian Dom Phillips, de 57 años, y Bruno Pereira, de 41, experto en pueblos indígenas. Fueron asesinados brutalmente mientras recorrían territorio indígena en la región amazónica de Brasil. “Tuvo la repercusión que tuvo porque uno de ellos era europeo. No está mal que fuera mundialmente conocido, pero los asesinatos de otros activistas que también están en primera línea no llegan a ese alcance”, dice Bianchini. Desde 2014 se ha asesinado a, por lo menos, 296 personas defensoras en la Amazonía. “El papel de la prensa y de la sociedad civil es fundamental para que los asesinatos no se conviertan en números”, agrega.

“Mataron a dos ambientalistas y a mis dos maestros”

En la sabana del Cesar crece la flor del cañaguate. La mayoría del tiempo pasa desapercibida como un palo seco y sin gracia. Y solo cuando transcurre un tiempo sin llover es que florece como una enorme campanilla amarilla. En época de lluvias, usa todos los nutrientes del agua para echar raíces y expandirse.

La organización de campesinos a la que pertenece Umaña es, dice, el cañaguate. “Teo [Acuña] y [Jorge] Tafur fueron el agua que permitía que las raíces se ramificaran y llegaran a más rincones”. Para la joven activista de 35 años, la muerte de ambos defensores traspasa lo político. “Lo que soy, lo que pienso y cómo veo la vida. Todo es gracias a ellos y a los demás compañeros. Mataron a dos voceros y a mis dos maestros. Pero las raíces del cañaguate están echadas”.