Seis congresistas investigados por corrupción en la UNGRD aspiran a reelegirse en las próximas elecciones

El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) ha sido el más grave hecho de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro. Hoy están en la cárcel muchos de sus implicados, pero otros aspiran a reelegirle en el Congreso en las próximas elecciones del 8 de marzo, pese a las investigaciones activas que tienen en su contra. El entramado criminal consistió, a grandes rasgos, en comprar senadores y representantes a la cámara con dineros públicos destinados a la atención de desastres para aprobar las reformas y los proyectos de ley del Gobierno.

Entre los capturados están los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco; la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el director de la UNGRD, Olmedo López; el subdirector, Sneyder Pinilla. Entre los legisladores, solo han sido capturados los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El antiguo director del Departamento Administrativo de Presidencia, artífice del plan delictivo según la Fiscalía, Carlos Ramón González, está prófugo de la justicia en Nicaragua.

Quienes aspiran a volver a ocupar una curul sin que se haya resuelto su situación judicial son seis congresistas de distintas ideologías, que tienen casos abiertos en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado. Este último tribunal, la semana pasada, admitió una demanda de pérdida de investidura contra los implicados. Al Senado quieren reelegirse Julio Elías Chagüi, del Partido de la U; Martha Peralta, del MAIS; Berenice Bedoya, de ASI. Wadith Manzur, del Partido Conservador, busca dar el salto de la Cámara al Senado. A la Cámara de Representantes aspiran otra vez Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de paz.

Hay otros tres parlamentarios investigados que desistieron de volver a presentarse a las urnas. El senador liberal Juan Pablo Gallo, la conservadora Liliana Vitar y el representante liberal Julián Peinado, quien aseguró que no volverá al Congreso para concentrarse en su defensa jurídica en el caso de la UNGRD.

La demanda de la pérdida de investidura en el Consejo de Estado considera que estos congresistas “habrían incurrido en tráfico de influencias y violación de régimen de incompatibilidades”, al presuntamente “gestionar coimas, contratos y cargos para destrabar iniciativas clave del gobierno Petro”, de acuerdo con el portal La Silla Vacía. Uno de los acusados es Julio Elías Chagüi, senador de Córdoba del partido de la U, y uno de los principales beneficiarios de los contratos de la UNGRD, según el proceso. Chagüí es investigado por recibir proyectos de infraestructura multimillonarios a cambio de apoyar las iniciativas legislativas del Gobierno. Los expedientes indican que obtuvo asignaciones irregulares por 35.000 millones de pesos para obras de infraestructura en el municipio de Sahagún, Córdoba. Otro de los investigados, el representante Loreto Gómez, es acusado de exigir cuotas en el Instituto Nacional de Vías (Invías) para apoyar los proyectos del Gobierno. Gómez es un poderoso político de La Guajira que llegó al congreso como fórmula del senador Carlos Trujillo, muy cercano al exdirector de la UNGRD, Olmedo López.

La senadora wayuú Marta Peralta, del movimiento MAIS, también es investigada porque, según la Fiscalía, se habría reunido con Olmedo López y Sneyder Pinilla con el fin de tramitar un contrato de $2.000 millones para el mantenimiento de pozos profundos en La Guajira, a través de la UNGRD. Peralta, muy cercana al Gobierno de Gustavo Petro, también podría perder su investidura si el Consejo de Estado la encuentra culpable. Berenice Bedoya, de la ASI, también está vinculada con el escándalo de corrupción. Según la Fiscalía, Bedoya aparece en chats y documentos que mostrarían su intención de direccionar contratos de la UNGRD para su región. El ente acusatorio ha mostrado en audiencias públicas una tabla con un proyecto de la entidad en Puerto Concordia, Meta, solicitado por Bedoya al director Olmedo López.

Los otros dos investigados, Manzur y Manrique, formaron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso, encargada de aprobar o negar el endeudamiento del país. La justicia los acusa de dar el visto bueno a los créditos de la nación a cambio de recibir proyectos financiados por la UNGRD.

De acuerdo con declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, Manrique se reunió varias veces con él en 2023, y con funcionarios de su entidad, para revisar los avances de tres contratos que sumaban en total 92.000 millones de pesos. Estos contratos debían ser entregados a dedo para asegurar los votos positivos de seis congresistas en la comisión de crédito. Los contratos multimillonarios serían destinados al municipio de Cotorra (Córdoba), al corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar) y a Saravena (Arauca).

En los últimos días se ha hecho viral una foto de la publicidad del parlamentario Manzur en medio de las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba, de donde es oriundo. La imagen ha sido interpretada como una paradoja de la política colombiana: un representante a la cámara acusado de enriquecerse de manera ilícita con recursos destinados a prevenir las tragedias ambientales. Pese a las críticas en redes sociales y a los procesos disciplinarios y penales, Mazur sigue adelante con su campaña. Los seis congresistas han negado las acusaciones y han dicho que son inocentes.