¿Por qué no nos dicen la verdad sobre la UIAF?

Si algo habrá de reprochársele al presidente Gustavo Petro una vez sea expresidente es que la promesa de lucha frontal contra la corrupción, que arengó en campaña y que resultaba creíble por cuenta de tantos debates brillantes e inolvidables que adelantó en sus tiempos como congresista, terminó siendo una verdadera decepción para el país entero. Tal vez los corruptos llegaron a asustarse apenas Petro resultó electo. Tal vez muchos creyeron (o creímos) que al menos ese frente quedaría bien cubierto durante su cuatrienio y por fin llegaría alguien capaz de contener esa inmensa ola que se alza cada cuatro años y que se lleva los recursos del país. Pero tanto el susto como la esperanza fueron en vano, como ya lo he dicho en varias ocasiones, Gustavo Petro se volvió funcional a la corrupción.

Pasó de agache hace una semana un maxi-trino de esos que ya se volvieron moda en el presidente en el cual respondía a Daniel Coronell una de sus incontables denuncias sobre los desafueros en Ecopetrol. Escribió el mandatario que el funcionario denunciado por El Reporte Coronell debía salir de la empresa de petróleos, pero lo más delicado fue lo que puso en el siguiente párrafo que copio literalmente:

“Los datos que tengo después que algún miembro de este tipo de organismos dio entrevistas la prensa es que funcionarios de la UIAF y exfuncionarios de la procuraduría se coaligaron en una asociación para delinquir con el fin de extorsionar a personas cuyos datos son sospechosos, en vez de enviar las informaciones a la fiscalía. Les cobraban gruesas sumas de dinero por su silencio (sic)”.

Efectivamente, ese mismo día un exfuncionario de la entidad encargada de encender las alertas ante posibles casos de lavado de activos respondió una entrevista a La W con inteligentes evasivas —pero evasivas a fin de cuentas— a las preguntas sobre una presunta red de extorsión que tenía como integrantes a por lo menos dos altos funcionarios del organismo, quienes se dedicaban a ubicar casos de lavado de activos y llamar a sus beneficiarios para exigirles dinero, en vez de hacer el envío de dicha información a la Fiscalía para que adelantara lo correspondiente.

No hay que ser adivinos para suponer que uno de los involucrados en tan delicado hecho es el exdirector de la UIAF (y para colmo de males también de la DIAN), Luis Eduardo Llinás. De hecho, según pude confirmar con funcionarios del ministerio de hacienda en esa época, en diciembre de 2024 le advirtieron al presidente sobre el desastroso trabajo que Llinás y su equipo estaban haciendo en la Unidad pues en palabras de uno de los funcionarios “no estaba ayudando para generar mayores recaudos, sino que al contrario estaba adelantando una gestión de cero resultados y cero información”. Tendrían que pasar más de 10 meses para que Petro sacara a Llinás. ¿Por qué tanta demora?

Lo que sigue es lamentable: los extorsionados no quieren denunciar a sus extorsionistas porque temen que eso conduzca a que de acusadores pasen a acusados, pues efectivamente estaban lavando activos. Por su lado, los extorsionistas tuvieron tiempo de sobra para deshacerse de toda la información de sus víctimas y así borrar sus huellas. Llinás y compañía por ahora siguen felices de la vida, disfrutando sus millones, mientras el país llora ante una inevitable crisis fiscal. ¡Que viva la lucha contra la corrupción!