Tras los pasos del colombiano que sobrevivió al bombardeo de Trump a un narcosubmarino

El futuro judicial de Jeison Obando Pérez, el colombiano de 34 años que fue repatriado por Estados Unidos tras haber sobrevivido al ataque de Washington a un supuesto narcosubmarino el pasado 16 de octubre en el mar Caribe, está en entredicho. Pérez fue deportado a Colombia con “traumas en el cerebro, sedado, dopado y respirando con ventilador”, según ha indicado el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también aseguró que Pérez será “procesado según la justicia, porque presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga”. Sin embargo, la capacidad de maniobra de la justicia colombiana en su caso es limitada: no hay pruebas de que haya cometido un delito en el país.

“Hay una indagación abierta, pero no tendrá un final judicial, a menos que él mismo se autoincrimine”, señala un alto funcionario de la dirección antinarcóticos de la Fiscalía General. El organismo, en suma, solo puede judicializarlo si este decide, voluntariamente, hablar ante la justicia sobre su caso. Una imputación es aún menos probable, pues la indagación que abrió el Ministerio Público apunta a que el ataque ocurrió en aguas internacionales, es decir, que es un incidente fuera de su alcance.

Obando Pérez fue detenido por las autoridades de Washington tras el bombardeo de una nave en el mar Caribe el 16 de octubre, según confirmaron el presidente de EE UU, Donald Trump, y su secretario de Guerra, Pete Hegseth. De acuerdo con la Casa Blanca, la embarcación atacada era un semisumergible que cargaba “fentanilo y otros narcóticos ilegales”. En ella se transportaban cuatro personas. Dos murieron y Obando Pérez y un ciudadano ecuatoriano sobrevivieron. Pese a que los ataques a nueve embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico son extrajudiciales, según organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, Trump indicó, al momento de repatriar a los sobrevivientes, que ambos serían conducidos a su “detención y procesamiento” en sus respectivos países.

El alto funcionario de la Fiscalía, que habló en condición de anonimato al revelar información confidencial, confirma que Obando Pérez no tiene antecedentes penales en Colombia y que la entidad no participó en la operación de regreso al país. Los encargados fueron la agencia Migración Colombia y el Ministerio del Interior. También asegura que, aunque el ente investigador abrió una indagación de oficio, el repatriado no ha sido mencionado en ningún proceso judicial en Colombia ni ha estado formalmente vinculado a investigaciones por narcotráfico en el pasado.

Obando Pérez está internado en el Hospital de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Un informe médico al que tuvo acceso este diario detalla que fue ingresado con “una fractura en la base del cráneo y órbita, así como lesiones intracerebrales”, pero “sin evidencias de gravedad”. A inicios de semana, según el documento, ya presentaba “mejoras” y le fue retirada la asistencia respiratoria. “Permanece bajo observación y cuidado médico multidisciplinario”, señala el parte clínico. Fuentes del Ministerio del Interior sostienen que no ha habido contactos con sus familiares.

El escenario de que Obando salga de la hospitalización como un hombre libre gana fuerza con el antecedente de Andrés Fernando Tufiño. Es el otro sobreviviente del narcosubmarino, que fue enviado a Ecuador, su país de origen. Allí, recién llegado, también fue atendido en un hospital. Y, aunque estaba prevista su detención al momento de su alta médica, los fiscales se negaron proceder con su captura y lo dejaron este lunes en libertad. Un documento gubernamental al que tuvo acceso la agencia Associated Press indicaba que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza” de que Tufiño cometió un delito en territorio ecuatoriano. En resumen, el organismo ecuatoriano no tenía pruebas contra Tufiño, una situación similar a la de Obando Pérez en Colombia.

Washington estrecha el cerco sobre Colombia

Los ataques estadounidenses cada vez tienen el radar más cerca de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. En un principio, la campaña militar de Trump parecía tener a Venezuela en la mira. Era, según expertos, un preludio a una posible incursión terrestre para derrocar a Nicolás Maduro, o por lo menos una forma de impulsar un cambio de Gobierno desde dentro. La Armada Nacional sostiene, sin embargo, que la mayor cantidad de submarinos o lanchas con cargamentos de drogas no tienen nexos con Venezuela, pues los narcos usan más la ruta del Pacífico que la del Caribe.

De los nueve bombardeos que ha registrado Washington en los últimos dos meses, al menos cuatro tienen algún vínculo con Colombia. Además del supuesto narcosubmarino en el que navegaba Obando Pérez, el presidente Gustavo Petro defiende que en otro ataque, del 15 de septiembre, un colombiano murió. El mandatario se hizo eco de una información de RTVC, la cadena de medios públicos, que identificó al fallecido como Alejandro Carranza Medina, natural de Santa Marta, una ciudad del Caribe. Sus familiares, que lo reportaron como desaparecido, argumentan que no tenía ningún vínculo con el narcotráfico. Petro sospecha que ese bombardeo pudo ocurrir en aguas colombianas. Estados Unidos no ha confirmado las coordenadas de ninguna de sus operaciones.

Otra lancha supuestamente vinculada a Colombia fue la que Washington atacó el 17 de octubre en el Caribe. El secretario Hegseth dijo que estaba “afiliada” al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla con la que Petro ha intentado en varias ocasiones pactar la paz. En el bombardeo murieron tres personas. El grupo armado negó que la nave fuera suya. Finalmente, uno de los dos ataques de este miércoles, los primeros en el Pacífico en esta campaña militar, tuvo lugar “frente a las costas colombianas”, indicó Hegseth. La Casa Blanca no ha confirmado si la embarcación partió de Colombia o si había colombianos en ella.