El bloqueo de las vías hacia Buenaventura se levanta luego de tres días de crisis logística, económica y social

El bloqueo que tenía atrapada a la ciudad portuaria de Buenaventura ha llegado a su fin. Han sido tres días de intensas negociaciones, enfrentamientos y pérdidas millonarias. La vía, que conecta al principal puerto del Pacífico colombiano con el resto del país, estuvo cerrada por comunidades indígenas y campesinas que exigían que el Gobierno nacional cumpliera acuerdos firmados en el pasado. El saldo: tres policías heridos, más de 8.000 vehículos represados, toneladas de carga frenada y una ciudad sin gas y con pocos alimentos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirma a EL PAÍS que la firma del acta de desbloqueo se ha realizado en la noche de este viernes y que el tránsito está en proceso de reactivación.

En solo 72 horas se represaron más de 150.000 toneladas de mercancía, incluyendo café, alimentos e insumos industriales. El puerto de Buenaventura, que moviliza entre el 40% y el 45% del comercio exterior colombiano, redujo su operación en un 40%, lo que provocó una saturación de contenedores y perjuicios millonarios para los exportadores. “Las pérdidas acumuladas superan los 30.000 millones de pesos [unos 8 millones de dólares], con afectaciones diarias cercanas a los 10.000 millones”, agrega Toro.

Sellar un acuerdo “ha sido muy difícil”, cuenta Oscar Alberto Lenis Ibarguen, secretario de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca, uno de los negociadores para desbloquear la vía al mar. “Conciliar lo nacional con lo departamental ha sido lo más complejo”, afirma. Si bien se ha logrado levantar el bloqueo, los compromisos penden de un hilo frágil: se enmarcan dentro del acuerdo nacional firmado el mismo viernes Bogotá, pero con la lupa puesta sobre puntos locales. “La Gobernación cumplirá con lo que le corresponde dentro de su misionalidad y el plan de desarrollo”, aclara, y advierte de que aún “no hay concreción con otras gobernaciones [para lograr lo pactado en la capital]”.

Tampoco ha sido claro con quién se ha negociado exactamente, algo que ya había mencionado la gobernadora: “No se han identificado claramente todos los actores. Hay una mezcla [entre gente de fuera y de la región], y eso dificulta la interlocución”, explica Lenis a EL PAÍS. Durante las negociaciones, el funcionario facilitó el acercamiento entre el Gobierno departamental, el viceministerio del Interior y los voceros de la protesta. El acuerdo alcanzado incluye compromisos puntuales para Buenaventura: la instalación de una mesa de seguridad para revisar amenazas y casos de criminalización de la protesta; la mejora de la infraestructura deportiva en el resguardo Nasa Kiwe; y la priorización de la compra de tierras para comunidades étnicas del Valle.

Uno de los puntos centrales abordados en la mesa de diálogo, según Luis Alfredo Campo, vocero de las comunidades movilizadas en La Delfina, ha sido la Ley 2 de 1959, conocida como Ley Segunda, que establece zonas de reserva forestal en Colombia. Esta norma ha “impedido el desarrollo de proyectos de inversión social” en la costa pacífica, argumenta Campo, quien había aclarado días antes, en La FM, que estaban ahí “por atender un llamado nacional [a las protestas]”. El voceros ahonda en lo acordado: “Se discutieron temas de tierras para comunidades campesinas e indígenas”, y se revisaron compromisos locales en materia de educación, salud, recreación, soberanía alimentaria y seguridad: “Lo importante es que hubo acuerdos y que ya atendieron a las ocho comunidades que estaban en la movilización”, afirma Campo a EL PAÍS.

Las comunidades participantes, cuenta Campo, incluyen organizaciones comunales, campesinas e indígenas de los ríos, además de representantes de Jamundí, Tuluá y juntas de acción comunal de la zona. La Procuraduría Provincial del Valle, la del distrito de Buenaventura y la Defensoría del Pueblo actuaron como garantes para levantar el bloqueo. Campo señala que se instalará una mesa de seguimiento liderada por el Ministerio del Interior, con sesiones programadas para este lunes y martes, y pidió “agilizar los compromisos antes del 8 de noviembre”, fecha en la que entra en vigor la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación pública para evitar el uso político de los recursos del Estado.

Pero antes de que las tractomulas retomaran sus rumbos en ambos sentidos de la vía, la situación provocó una crisis social en Buenaventura, ciudad que depende en un 90% del abastecimiento por carretera. Gases de Occidente tuvo que suspender temporalmente el servicio de gas natural en la ciudad, y así, el puerto estuvo sin abastecimiento del servicio por un día. La gobernadora también denunció que el bloqueo afectó algunos servicios sociales: “Ocho camiones con alimentos para 60 comedores de adultos mayores quedaron atrapados en la vía”, relata.

Además, tres policías del contingente que buscaba destaponar la vía el pasado miércoles, al inicio del bloqueo, terminaron heridos, uno de ellos por un explosivo artesanal. La gobernadora denunció el uso de “papas bomba” y ácido contra los uniformados, y el gremio de transportadores alertó por su parte de vandalismo contra los vehículos, como llantas pinchadas. Según Toro, la mayoría de los manifestantes llegaron al lugar como parte de una estrategia nacional del Congreso de los Pueblos para bloquear varios departamentos. “No son del Valle del Cauca, no son de la comunidad ni afrodescendientes del lugar, ni viven sobre la carretera”, afirmó. Según la mandataria, el bloqueo fue “muy organizado” y responde a una presión para que el Gobierno Nacional cumpla compromisos pendientes con las comunidades.

El desbloqueo se logró en la noche del viernes en simultáneo con un acuerdo con los manifestantes que se tomaron las sedes de cinco entidades en Bogotá, tras la mediación de la Gobernación y el diálogo con voceros como Campo, quienes pidieron garantías de no judicialización. El viceministro del Interior participó en las negociaciones, junto con representantes de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Ambiente. Ahora, el desafío inmediato es logístico: la Sociedad Portuaria de Buenaventura calcula que la evacuación de los camiones represados tomará medio día, y que el flujo completo de carga hacia el interior del país podría tardar hasta 24 horas. Según Colfecar, los bloqueos en Colombia han generado pérdidas superiores a 1,9 billones de pesos en lo que va del año, y la vía a Buenaventura era uno de los siete bloqueos activos que afectaban al país.