Acá están pasando cosas

La noche del martes de esta semana nos encontramos con la sorprendente noticia de que, si la flotilla Sumud que llevaba activistas de más de 50 países hacia la Franja de Gaza era interceptada o atacada, un grupo de activistas colombianos afines a esa causa se movilizarían hacia las instalaciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Esto aparentemente con el objeto de bloquearla, manifestarse, adelantar un ataque digital, atacar a sus funcionarios y afiliados y proyectar imágenes sobre la fachada del edificio para generar la idea de que allí se estaba siendo cómplice con el ataque en Palestina.

Nuestra primera reacción fue de incredulidad, no podíamos entender que una situación que estaba sucediendo a 10.800 kilómetros de distancia entre dos pueblos lejanos pudiera ser atribuida a los empresarios de Colombia. Sin embargo, al día siguiente cuando sucedió lo que todo el mundo esperaba, incluyendo los activistas que iban en la flotilla, y es que las fuerzas del Gobierno de Israel detuvieron a las embarcaciones y a sus tripulaciones, sucedió lo que nos parecía impensable. Iniciaron los asedios y hostigamientos contra la ANDI. Las convocatorias habían sido hechas por organizaciones que se declaraban de apoyo al pueblo palestino, pero muy rápidamente una destacada exministra del Gobierno Petro, luego precandidata a la Presidencia y hoy candidata al Congreso, posteó en sus redes sociales que apoyaba el movimiento que había decidido movilizarse contra la ANDI.

Se trató de una organizada labor de hostigamiento y acoso contra la entidad, cuando los medios les preguntaron por qué habían escogido a la asociación como objeto de sus ataques, respondieron que después del cierre de la embajada en Colombia, la ANDI seguía teniendo contactos con la oficina comercial de Israel. Hay que recordar que esta oficina operaba en Colombia bajo la autorización del Gobierno de Gustavo Petro. Fue justamente el Gobierno colombiano el que dio la instrucción de entenderse con esa oficina ante la ausencia de embajada. Habría que reclamarle.

Es cierto que en el mundo se han registrado muy importantes manifestaciones contra el Gobierno de Netanyahu, lo que si resultó sorpresivo es que solo en Colombia los ataques fueran contra los empresarios locales. A nivel mundial vale la pregunta: ¿Es incorrecto tener relación con ciudadanos y empresas de Israel? ¿Los vamos a volver a discriminar? ¿Estamos protestando contra el pueblo judío o contra el Gobierno de Israel? No es un tema menor. La humanidad debe reflexionar sobre eso.

A medida que fue pasando el tiempo se empezaron a conocer vínculos entre personas relacionadas con el Gobierno; un contratista de la Presidencia de la República resultó ser el líder de todo el movimiento, convocaron miembros de UTLs de congresistas del partido del Gobierno, los medios del Gobierno le dieron gran despliegue. La primera noche de las movilizaciones, que se fueron tornando cada vez más violentas, el mismo presidente de la República dijo que apoyaba a esos movimientos de jóvenes que estaban en este momento pronunciándose frente a la situación. Ninguna palabra de solidaridad con la ANDI, las empresas o los funcionarios.

El movimiento que era supuestamente pacifista comenzó a verse nutrido por comportamientos muy similares a los de la primera línea que aparecieron en los disturbios del año 2021. Al día siguiente se repitió el movimiento que terminó en enfrentamientos con la policía, actos vandálicos de destrucción de locales y la destrucción de un CAI (pequeñas estaciones de policía de barrios). El Gobierno nacional en silencio, mientras recibíamos masivo apoyo de la ciudadanía, los gobiernos y alcaldías locales. Se estaba presentando una situación similar en ciudades como Medellín Cali y Pereira. La tendencia nacional fue #EstoyConLaAndi.

En muchas entrevistas estos días expresé mi sorpresa ya que la ANDI ha sido muy vocal en rechazar cualquier ataque contra poblaciones civiles, incluyendo los relacionados con este conflicto, el de Rusia contra la población de Ucrania, y muy especialmente los ataques contra la población colombiana que sido muchas veces objeto de ataque por parte de bandas criminales o grupos terroristas.

La falta de apoyo del Gobierno nacional es más que evidente, se le olvida que tiene responsabilidades con todos. Pero se tornó verdaderamente grave cuando el viernes en alocución televisada el presidente no sólo ignora completamente el derecho que tienen todos los ciudadanos a la libre expresión, así como el hecho de que las asociaciones empresariales son sujetos especiales de protección —lo dicen la Constitución, los convenios y normas internacionales—, sino que decidió él mismo atacar nuevamente a la asociación con gran agresividad, pero quizá lo peor es que lo hizo con un discurso lleno de falsedades, tendencioso y seguramente buscando aumentar o alimentar el odio contra los empresarios de Colombia.

No ha sido una semana buena para quienes se dedican a producir, generar empleo y pagar impuestos. Pero sobre todo no ha sido una semana buena para la democracia.

Nos preguntamos si haría lo mismo contra un sindicato, contra una asociación de maestros, o contra una organización de defensores de derechos humanos. Lo ha hecho, hay grupos sindicales que han sido tomados por el Gobierno y excluidos de la conversación laboral.

Si, hemos sido críticos del Gobierno, especialmente en los temas en que no hemos estado de acuerdo. Lo hemos hecho con énfasis y decisión. En una democracia como la colombiana se supone que existe ese derecho. Incluso a decirlo muchas veces. Lo seguiremos haciendo. Con responsabilidad, con datos y con estudios, con respeto siempre alejado de las referencias personales, la estigmatización, y la violencia. No nos silenciarán.

Es momento de pedirle a organismos internacionales como la CIDH, la OIT, la Relatoría de Naciones Unidas para la Libre Opinión y Expresión, los organismos que defienden la democracia y los derechos humanos, que le den una mirada a Colombia. Aquí están pasando cosas.