La Justicia ratifica la condena por terrorismo a cuatro miembros de la primera línea

El Tribunal Superior de Bogotá ha ratificado una condena a cuatro miembros de la primera línea por haber cometido varios delitos, incluido el de terrorismo, durante el estallido social de 2019. En una sentencia fechada el pasado 20 de mayo y leída en audiencia este lunes, la sala penal del Tribunal falló que Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga Trujillo, Érika Lorena Flórez Durpan y Greissy Alexandra Perilla Vargas infiltraron las protestas sociales en Bogotá con la intención de “generar caos, destrucción y pánico colectivo”. Encontró que lo hicieron en coordinación con las disidencias de las extintas FARC, de las que Moreno y Villarraga hacían parte. Con esto le da la razón al juzgado penal que los había condenado en julio de 2023 por eso mismo, y ratifica las condenas a 19 años de prisión por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación en servicio de transporte público, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno agravado para Moreno, VIllarraga y Flórez. En el caso de Greissy Perilla, sin embargo, encontró que no cometió todos los delitos y le redujo la condena a 10 años.

La decisión proviene de la apelación de los cuatro condenados, que rechazaron la condena inicial. Las dos decisiones tienen como sustento más de dos años de investigación y proceso judicial, en los que la Fiscalía recogió y presentó decenas de audios y mensajes de WhatsApp. Además de la pérdida de la libertad, los condenados deberán pagar multas de 1.378 salarios mínimos, lo que equivale a 1.791 millones de pesos (unos 500.000 dólares).

Según la sentencia de segunda instancia, los procesados trabajaron entre septiembre 2019 y septiembre 2020 con miembros del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez, vinculado al llamado Estado Mayor Central. A través de grupos de WhatsApp, coordinaron actividades delictivas con el fin de “bloquear vías, tirar piedras y atacar a los miembros de la fuerza pública, incitar a realizar hechos violentos”. Lo hicieron durante el Paro Nacional, cuando el país vivía movilizaciones sociales masivas en oposición a las políticas del entonces presidente Iván Duque. En muchas ciudades, incluyendo la capital, estas protestas derivaron en choques violentos entre la Policía y los manifestantes. El caso más emblemático de la violencia policial fue la muerte de un joven manifestante llamado Dilan Cruz, quien falleció el 25 de noviembre de 2019, dos días después de recibir el disparo de un arma menos letal en su cabeza.

La primera línea, de la que hacían parte los cuatro condenados, fue el grupo que más sufrió esa violencia. Se trataba de los manifestantes organizados para estar más cerca a la Policía, y muchas veces chocaban con ella. Servían, precisamente, como una primera línea de defensa frente a los uniformados. Fueron acusados por muchos sectores políticos y sociales de ser instigadores y terroristas, una versión que siempre rechazaron sus miembros y líderes de izquierda, como el presidente Gustavo Petro.

El pasado 15 de mayo, en una Sesión Conjunta del Subsistema de Participación Juvenil, el jefe de Estado se refirió de nuevo a la primera línea. “¿Quiénes eran los de la primera línea? Pregúntenle a cualquier medio de comunicación, no a todos, obviamente. ¿Quiénes eran los de la primera línea? Terroristas, dicen. Si ustedes estuvieron ahí en sus barrios, o vivieron en algún momento el tema, o participaron, porque no fue hace mucho, todos sabían que ahí había problemas iguales. Obviamente, problemas de la juventud en un barrio popular, pero no eran terroristas, estaban protestando”, dijo.

Comandos Urbanos

La sentencia explica que, durante el Paro Nacional, los condenados reclutaron a universitarios para que formaran parte de “comandos urbanos”. Organizados por Moreno ―un miembro de las disidencias―, estos colectivos se dedicaban a ocasionar actos vandálicos en la capital y atacar a policías, en una suerte de infiltración del movimiento social. El documento legal sostiene que tenían una “escuela clandestina denominada Resistencia Civil, ubicada a las afueras de Bogotá”, donde entrenaban a los reclutados y planeaban sus actividades.

Un ejemplo de esas actividades que ofrece el expediente es un ataque que hicieron contra el sistema de transporte masivo de Bogotá. Los comandos urbanos, liderados por los procesados, vandalizaron el 21 de noviembre de 2019 y de nuevo el 6 de diciembre del mismo año la estación de Transmilenio Portal Américas, ubicada en las avenidas Ciudad de Cali y Ciudad de Villavicencio. Según el documento, generaron daños por un valor de más de 580 millones de pesos (unos 150.000 dólares). Meses después, en abril de 2020, realizaron un operativo similar en Ciudad Bolívar, una zona empobrecida al sur de la capital.

Para la sala y el ponente de la sentencia, el magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, los comandos urbanos se aprovecharon del Paro Nacional. “Los perpetradores, determinados por los acusados, no pretendían simplemente ejercer su legítimo derecho a la manifestación, puesto que los actos de violencia que realizaron en contra del sistema de transporte público no pueden justificarse en ese derecho”, se lee en la sentencia.

Además del vandalismo, el tribunal determinó que los colectivos formados por los condenados fueron clave en uno de los días más violentos del Paro Nacional, el 21 de noviembre de 2019. Ese día, gran parte de Colombia fue paralizada por las marchas multitudinarias de las que participaron decenas de miles de personas. En muchas ciudades, al igual que en Bogotá, se produjeron choques armados fuertes entre la policía y los manifestantes. Corrió sangre, la policía lanzó gases lacrimógenos, el humo se apoderó de los centros históricos colombianos. En todo el país hubo 122 civiles con heridas leves y 151 miembros de la fuerza pública lesionados, según el balance oficial. Al día siguiente, el presidente Duque decretó el toque de queda en toda Bogotá.

La sentencia alega que los choques, el vandalismo y la zozobra que se vivió ese día en la capital ocurrieron, en parte, debido a las acciones de los comandos urbanos entrenados por los condenados. “Fue el resultado de lo planificado por los procesados días atrás”, declara el fallo. Por esos hechos en concreto fueron condenados por terrorismo.

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