Los sindicatos de petróleo, gas y carbón que empujan una transición justa en Colombia

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Hace más de ocho años un grupo de trabajadores de la empresa Drummond, de origen estadounidense y una de las más grandes de carbón en Colombia, fue hasta las oficinas de las directivas para preguntar sobre sus planes de transición energética. “Veníamos escuchando en las noticias sobre el Acuerdo de París y sobre la necesidad de dejar atrás el carbón, el gas y petróleo”, recuerda Jorge Luis González, representante legal del sindicato Sintradrummond. “Entonces queríamos iniciar ese diálogo”. La respuesta que recibieron fue más bien esquiva. “Nos miraron como si estuviéramos locos. Que por qué hablar de eso si tenían contratos como hasta 2060″. Pero, como dice el líder, el “tiempo es el mejor juez”, y en 2021 el país encaró el primer gran cierre de operaciones mineras sin estar preparado para hacerlo.

En febrero de ese año, después de una suerte de tira y afloja con el Gobierno, el Grupo Prodeco, filial de la transnacional Suiza Glencore, devolvió tres títulos mineros: dos en el proyecto Calenturitas y uno en La Jagua, ambas en Cesar. La empresa no encontraba rentable el negocio frente la caída de los precios internacionales del carbón, y la devolución de los títulos se convirtió en una ventana para ver lo que sucederá en el país si no se diseña un proceso de transición energético justo. La decisión, según el Colectivo de Abogados, afectó a más de 5.000 familias en la región y puso en el limbo a más de 1.000 trabajadores directos.

Hubo otros coletazos: pocas semanas después, Carbones del Cerrejón inició un proceso de reducción de 450 puestos de trabajo, afectando la economía de cientos de hogares. Mientras se calcula que Prodeco movía alrededor del 40% del PIB del Cesar, Cerrejón representa un 43% de la economía del departamento de La Guajira.

El escenario, pese a preocupante, fue perfecto para terminar de cocinar una idea que rondaba a los trabajadores desde hace un tiempo: crear el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, que actualmente reúne a los gremios de Sintradrummond, Sintracarbón, Sintracerrejón, Sintradem (el Sindicato Nacional de Trabajadores, Enfermos y Discapacitados del Sector Minero) y Sintramienergetica, y que ha sido acompañado por la organización CNV Internacional.

Gustavo Benjumea, secretario de Salud y Derechos Humanos de Sintramienergetica, explica que tienen cuatro pilares: el diálogo social, la reconversión laboral, la diversificación económica y la protección social. “Ninguna transición justa se puede hacer sin los actores principales, que somos los trabajadores, o sin los defensores del medioambiente”, aclara. Jorge Peralta, de Sintracarbón, agrega que ellos ya tienen algo entendido: con un plan de transición energética o sin uno, el cierre de minas es una certeza, ya sea “por el agotamiento de una beta, por entregas de título, por el mismo cambio climático, o porque el negocio no es rentable”. Así que el único escenario para no repetir lo que sucedió con Prodeco —compañía que, dicen, aún tiene varias deudas ambientales— es hacerlo progresivamente y con pasos definidos.

A través de un diálogo con el Gobierno y las empresas, el colectivo ya ha logrado incidir en dos cosas. Una fue que el Plan Nacional de Desarrollo incluyera la figura de los distritos Mineros Especiales para la Diversificación: lugares que se convertirán en un laboratorio con varios instrumentos de política para explorar alternativas productivas, nuevos empleos y solucionar conflictos ocasionados por la minería. De hecho, el Gobierno ya indicó que dos de los 16 distritos mineros que se van a implementar están precisamente en Cesar y en La Guajira.

Lo segundo ha sido impulsar un artículo sobre la protección a los trabajadores ante procesos de descarbonización en la Reforma Laboral que aún atraviesa discusiones en Congreso. Según el artículo 33 de la propuesta, toda empresa que realice explotación de combustibles fósiles debe tener un plan de cierre laboral concertado con los trabajadores, incluyendo identificar cuántos trabajadores directos e indirectos se pueden ver afectados, una ruta de reconversión laboral, posibilidades de reubicarlos en otros sectores y la financiación de un fondo destinado a cubrir los baches o desafíos que deje la transición energética.

“Ha sido una lucha difícil, porque es complicado darla incluso dentro de nuestras mismas organizaciones”, dice González. Y sí. Suena a contracorriente pensar en sindicatos del gas, el petróleo y el carbón metidos de lleno en impulsar la transición energética. Pero estos trabajadores están ahí, precisamente, porque si no se habla y no se planea, saben que la transición no va a ser justa con ellos.

A finales del año pasado, los tres líderes sindicalistas viajaron a diversas partes de Europa para ver cómo les había ido con experiencias similares. Vieron cómo había sido el proceso de cierre de minas en Edimburgo y en Holanda, y llegaron con varias preocupaciones y una convicción: “Los que tenemos que empujar esto somos nosotros”, asegura Peralta. Sienten que, si no queda en sus manos, el riesgo es muy alto. “Yo regresé preocupado de Europa porque, a pesar de que hicieron estos procesos hace 50 años, aún hay cosas por resolver”, cuenta González, dando pistas sobre la urgencia de poner unas bases sólidas sobre la transición. Una que quizá ya va tarde, pero sobre la que estos sindicatos no temen hablar.