Dos contra siete: la balanza política juega contra Petro en el corazón del Consejo Nacional Electoral

Todas las cábalas daban unos resultados diferentes. Esa es la frase que resume las cinco horas de Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que el pasado martes se definió abrir una investigación formal y formular cargos contra la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022 por, presuntamente, violar los topes de financiación. Una decisión en el corazón del CNE que movió todo el tablero político colombiano, y de la que se hablará durante meses. Ese organismo administrativo, al que el Gobierno ha señalado de orquestar un “golpe de Estado” y de ser “politiqueros pagos”, se ha atribuido la competencia para investigar al jefe de Estado y varios magistrados defienden que se trata de un proceso legítimo. Un proceso con una balanza política en contra de Petro, pero con las horas contadas.

Una votación que fue sorpresa

Aunque la discusión pública y jurídica se ha centrado en si el CNE tiene la competencia de investigar a Petro como presidente, o solo a su campaña, la decisión dentro del CNE tiene más matices políticos que técnicos. El Consejo Electoral, compuesto por nueve magistrados que elige el Congreso de la República cada cuatro años, está conformado por militantes de los principales partidos políticos de Colombia. La discusión sobre la investigación del presidente fue, de hecho, uno de los termómetros para el petrismo, que reafirmó que tiene minorías en ese órgano administrativo porque apenas dos de las togadas pertenecen a partidos políticos oficialistas. Se trata de Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, ambas del Pacto Histórico. Los otros partidos afines al petrismo, para sorpresa de varios analistas y otros magistrados, votaron en contra del presidente.

Una fuente cercana a los magistrados asegura que ninguno esperaba que la votación terminara con apenas dos votos en defensa de la posición del Gobierno. Según él, la sorpresa fueron los votos de Altus Baquero (del Partido Liberal) y Cristian Quiroz (Partido Verde), ambas colectividades que han dicho ser independientes, pero con las que el Gobierno esperaba contar para equilibrar la balanza. César Lourduy, presidente del CNE, le ha dicho a este diario que, de hecho, esa fue la sorpresa de todos los magistrados en la votación. “No esperábamos ese resultado, teníamos muchas dudas de la posición que fueran a adoptar algunos”, dijo.

En diálogo con EL PAÍS, Lourduy defiende la decisión y contraría al presidente. “El CNE se siente totalmente tranquilo porque está haciendo uso de sus competencias, que inicialmente fueron cuestionadas, pero ese cuestionamiento fue solucionado por el Consejo de Estado a través de una sentencia del 6 de agosto”, dice. Se refiere a que la alta corte falló que el CNE sí tiene la potestad de investigar la financiación de la campaña, pero no puede sancionar, suspender ni retirar al presidente en caso de encontrar alguna responsabilidad.

Los jueces políticos de Petro y su campaña

Por su forma de elección, el Consejo Nacional Electoral ha sido señalado de ser un organismo politizado, justamente porque es postulado y elegido por políticos (congresistas) para investigar a los mismos políticos en campañas electorales. Y a la luz de los partidos que representan, actualmente, el CNE lo integran cinco magistrados de oposición, como Maritza Martínez, del Partido de la U y quien recientemente ha denunciado que el presidente “ha iniciado una campaña de desprestigio“ en su contra. También están Alfonso Campo (Conservador), el director de la Unidad Nacional de Protección del expresidente Iván Duque, y un político cercano al exfiscal Francisco Barbosa, ambos opositores a Petro. También está Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), el ponente de la investigación y cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, la Corte Suprema de Justicia lo vinculó al proceso por presunta manipulación de testigos que afronta el exmandatario de extrema derecha.

También está Benjamín Ortiz (Liberal), quien se sumó a Prada para radicar la ponencia que formuló cargos a la campaña presidencial, aunque su partido no es de oposición al Gobierno, pero él sí ha tenido una posición crítica. Y César Lourduy (Cambio Radical), el actual presidente del CNE, un político barranquillero cercano al Clan Char, otros viejos enemigos del Gobierno. Aunque ninguno reconoce la incidencia política de sus partidos de origen, lo cierto es que sus posiciones han sido cercanas a las que representan sus colectividades.

Los magistrados Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Altus Baquero (Partido Liberal), representaban, para algunos, “los que podían estar de cualquier bando”, como le dijo otra fuente a este diario. El primero fue director jurídico de su partido y ha estado lejos de las discusiones de la oposición, por lo que siempre fue considerado una ficha clave para definir el pulso del presidente en el CNE. Baquero, por su parte, llegó a ser una pieza suelta en el proceso, luego de que le pidiera al resto de sus colegas que rotaran al ponente del expediente contra el presidente, justo antes de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento en el tribunal alegando que no tenía experiencia para ocupar ese cargo. En septiembre pasado, cuando la discusión entre la Casa de Nariño y el CNE volvía a azuzar, la Corte Constitucional contrarió al Consejo de Estado y lo volvió a nombrar.

Las dos magistradas del oficialismo son Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico). Ambas han sido cercanas al mandatario. Márquez, como asesora de la Alcaldía de Bogotá y la secretaría de Gobierno cuando Petro fue alcalde en 2011. Velásquez, por su parte, integró el equipo jurídico que se encargó del preconteo y el escrutinio de las elecciones legislativas del Pacto Histórico en 2022.

Estas dos últimas togadas fueron las que salvaron su voto en la discusión de este martes, que quedó finalmente siete a dos. Los otros togados votaron a favor de que el CNE diera apertura formal a una investigación contra el presidente Gustavo Petro por, aparentemente, haber sobrepasado los topes permitidos de su campaña en más de 5.000 millones.

Fuentes que estuvieron en la Sala Plena le confirmaron a este diario que Velásquez fue la magistrada que más tiempo tomó para exponer sus argumentos en el debate. Las reglas del juego eran claras: cada uno tenía diez minutos para mostrar las razones que tenían para mostrarse a favor o en contra de la ponencia. Sin embargo, casi todos pidieron una extensión del tiempo para mostrar sus argumentos. Alba Lucía Velásquez se tomó una hora y 50 minutos para defender la posición del Gobierno y buscar convencer, al menos a los independientes, de salvar el voto o mostrarse en contra. Es la misma que dos semanas atrás había pedido revisar el expediente, en un proceso conocido como rotación. De todas maneras, los cálculos no alcanzaban.

El poder de las dos representantes del oficialismo en el CNE no fue suficiente para impedir que se abriera la investigación, pero lo que sí buscaron fue intentar ganar uno o dos votos más para que la discusión “fuera más pareja”, dijo otra fuente del Consejo Electoral. “Nos sorprendió mucho a todos que, a excepción de ellas dos, de quienes era lógica su postura, no se sumara nadie más, porque pensamos que los votos se iban seis a tres, o cinco a cuatro”, menciona.

Un juicio demasiado corto

Pero el análisis de que la discusión es política no es únicamente por quienes la están dando administrativamente, sino porque el proceso tiene menos de un año para prosperar, antes de que se archive el expediente. “Se cumplirá el debido proceso hasta lo máximo que nos permite la ley, que es el 19 de junio de 2025″, dice Lourduy. “Si se sobrepasa un día, significa que todas esas conductas presuntas que se están señalando, caducan en términos administrativos”.

Es decir, a la discusión administrativa le quedan menos de nueve meses porque la ley determina que, en este tipo de casos, las investigaciones pueden concluirse hasta máximo tres años después de que se hayan cometido los supuestos hechos. Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del CNE, le ha dicho a este diario que son pocas las probabilidades de que la discusión termine con algún fallo. “El tiempo no da, y es lógico que ahora la defensa del presidente utilice todas las maniobras para dilatarlo hasta que se archive el caso”, menciona. Y, además, ha dicho que la sanción máxima que podría recibir la campaña de Petro sería de hasta 30 millones de pesos. “Acá el golpe es político y a la legitimidad del mandatario, porque significaría, de encontrarse responsable, que se hizo elegir con trampa”.

A eso se ha referido el presidente cuando ha dicho que los anuncios de la investigación son un “golpe de Estado”. Fuentes de la Casa de Nariño han confirmado que la defensa del mandatario y su círculo más cercano están convencidos de que el proceso no prosperará. El problema, entonces, no es tanto la improbable sanción económica. El daño, más político que jurídico, es a la legitimidad de la campaña presidencial que llevó al poder al primer presidente de izquierda.